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- El indulto de Trump a quienes causaron los disturbios del 6 de enero dividiría al país, no lo unificaría.
- Un fuerte repudio del público a sus indultos daría sus resultados: le recordaría al público que Trump intentó derrocar la Constitución.
Hace cuatro años, el 6 de enero se sumó al 11 de septiembre y al 7 de diciembre de 1941 como uno de los días más sombríos de nuestra historia.
La próxima fecha para vigilar será el 20 de enero. Ese día, con bombos y platillos, Donald Trump jurará “preservar, proteger y defender la Constitución”. Y ese puede ser el día en que cometa su primer abuso de poder en su nuevo mandato.
Trump ha prometido indultar a muchos de los insurrectos que atacaron el Capitolio en su nombre. “Todo va a comenzar en la primera hora”, dijo a la revista Time. “Quizá en los primeros nueve minutos”.
Este sería un abuso de poder presidencial extraordinario y sin precedentes, la culminación de un encubrimiento. Las salvaguardas tan vanagloriadas fracasaron, y se burlaron del concepto de rendir cuentas.
Comenzó con los senadores que votaron para absolver a Trump en su segundo juicio político de destitución, algo que le habría impedido presentarse a las elecciones por un segundo mandato presidencial. El senador Mitch McConnell (R-KY), que se había escapado de la banda de insurrectos, atemorizado por su vida, se negó a condenar a Trump. “Tenemos un sistema de justicia penal en este país. Tenemos litigios civiles. Y los expresidentes no son inmunes a que ninguno de los dos sistemas les haga rendir cuentas”, señaló.
Luego vino el Departamento de Justicia con su lentitud inexplicable para iniciar el procesamiento penal por el ataque del 6 de enero.
Y, por último, la Corte Suprema. Primero, dilató el proceso tanto que solo oyó la alegación de inmunidad de Trump al procesamiento penal durante la última hora del último día de su período de sesiones. Era un caso sencillo, y los magistrados deberían haber dictaminado rápidamente que el juicio procediera.
En cambio, la Corte emitió una de las peores decisiones de la historia del país. La causa Trump v. United States estableció que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad al procesamiento penal si pueden alegar que sus delitos fueron cometidos como parte de sus “actos oficiales”. Desmintió el argumento del voto de McConnell para absolver a Trump. Y creó un manual instructivo para todo presidente que quiera incumplir la ley: si cometes un delito, asegúrate de que tus coconspiradores también reciban un salario del gobierno. Así, te saldrás con la tuya.
Trump no tuvo que rendir cuentas como lo indica la Constitución por medio de un juicio político. No tuvo que rendir cuentas ante la justicia. Y ahora agravará el daño con un indulto masivo que busca beatificar a los atacantes que dejaron cuatro muertos y 150 oficiales de policía heridos.
Joyce Vance, exfiscal federal e investigadora fellow sénior del Brennan Center, lo explica muy bien: “Si Trump indulta a quienes causaron los disturbios del 6 de enero, estaría usando la facultad del indulto para borrar un ataque contra la Constitución y el país. El propósito de ese ataque era su propio beneficio personal; si lo hubiera logrado, le habría permitido permanecer en el poder después de perder las elecciones, en contra de todos los principios de la democracia estadounidense. El ejercicio del poder del indulto por esos motivos no tendría ninguna correspondencia con lo que querían lograr los fundadores de nuestra nación”.
La facultad del indulto está en la Constitución. Se ha utilizado con moderación y raramente al inicio de un mandato. Cuando Gerald Ford indultó a Richard Nixon un mes después de haber asumido la presidencia, Ford se enfrentó a una investigación del Congreso y a tanto escándalo público que hizo fracasar su reelección. Jimmy Carter indultó a quienes esquivaron el servicio militar obligatorio para la Guerra de Vietnam, una decisión muy favorecida que ayudó a sanar a un país dividido.
El indulto de Trump a quienes causaron los disturbios del 6 de enero dividiría al país, no lo unificaría. Una reciente encuesta del Washington Post indica que dos tercios del público se opone a estos indultos. La afirmación de Trump de que los insurrectos son “prisioneros políticos” ha endurecido las posturas partidistas. En una encuesta realizada el mes pasado, dos de cada tres personas republicanas encuestadas estaban de acuerdo con los indultos masivos.
Encima, las mentiras sobre el fraude electoral persisten. Las alegaciones de una elección manipulada desaparecieron en cuanto ganó Trump. Pero las falsas alegaciones de un voto no ciudadano son los fundamentos que sustentan la Ley SAVE, que básicamente le exigiría a todo estadounidense mostrar un pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse para votar. Millones de ciudadanos no tienen a mano esos documentos. Este intento de supresión del voto es 1 de los 12 proyectos de ley que están listos para ser tratados de forma acelerada de acuerdo con las nuevas reglas aprobadas por la Cámara de Representantes.
¿Qué nos queda por hacer a nosotros? Encogernos de hombros con cinismo no es suficiente. Debemos exigirle a Trump que abandone su amenaza de indultar a los insurrectos. Debemos insistir en que los miembros del Congreso deben alzar la voz. Debemos proclamarlo a los cuatro vientos.
¿Va a importar de algo? Probablemente no. Pero Trump tiene un objetivo audaz: reinterpretar uno de los delitos más públicos de la historia y envolverlo en un manto de patriotismo. Un fuerte repudio del público a sus indultos daría sus resultados: le recordaría al público que Trump intentó derrocar la Constitución. Lo que sea que ocurra durante su mandato presidencial, estaría contaminado desde el principio.
Traducción de Ana Lis Salotti
