Los autores de la Constitución no confiaban en las legislaturas estatales.
“¿Qué motivó a que se organizara esta Convención?” John F. Mercer, de Maryland, preguntó retóricamente a sus compañeros delegados en la Convención Constitucional de 1787. “La corrupción y la inestabilidad de los Consejos Legislativos de los Estados”.
Especialmente, no confiaban en las legislaturas para llevar a cabo las elecciones. James Madison insistió en que la Constitución otorgara al Congreso el poder de anular las leyes estatales relativas a la administración electoral. “Era imposible prever todos los abusos”, explicó. Le preocupaba que los legisladores se dedicaran a la supresión de votos y al “gerrymandering” o la manipulación de distritos electorales. (No lo llamaron así - dicha expresión no existía todavía, y de cualquier modo Elbridge Gerry estaba allí mismo - pero eso es lo que querían decir). “Cada vez que las legislaturas estatales tenían una medida favorita que llevar a cabo, se encargaban de moldear sus reglamentos para favorecer a los candidatos a quienes querían que ganaran”.
Si añadimos el hecho de que a los autores de la Constitución les gustaban mucho los controles y los equilibrios, debería quedar claro que en ningún caso habrían concedido a las asambleas legislativas estatales un poder casi absoluto sobre las elecciones, la esencia de nuestra democracia.
Sin embargo, eso es exactamente lo que un pequeño círculo de académicos y activistas quiere hacernos creer. Según la “teoría de la legislatura estatal independiente” (Independent State Legislature Theory, ISLT, por sus siglas en inglés), ni los gobernadores, ni los jueces estatales, ni siquiera las constituciones estatales pueden impedir que los legisladores, por ejemplo, afiancen su poder a través del establecimiento de distritos electorales o restrinjan el acceso al voto.
Las implicaciones de este argumento deberían asustarte. Veamos, por ejemplo, un caso que se está abriendo paso en los tribunales de Kansas. Los republicanos, que actualmente tienen una mayoría legislativa a prueba de veto, trazaron un mapa del Congreso con un solo distrito competitivo. En el proceso, dividieron el condado de Wyandotte, un distrito de mayoría minoritaria desde la década de 1980, en un esfuerzo por sacar al único representante demócrata del estado. Cuando los grupos de interés público argumentaron que el mapa violaba varias disposiciones de la Constitución estatal, el Estado respondió, esencialmente, que la Constitución de Kansas no importaba.
¿De dónde salió tanto descaro? De una mala interpretación de una sola palabra de la Constitución de los Estados Unidos. La Cláusula Electoral otorga a las “legislaturas” el poder de determinar los “tiempos, lugares y formas” de las elecciones. (Y, para resaltar lo poco que los creadores de la Constitución confiaban en las legislaturas estatales, el Congreso “puede en cualquier momento, por ley, hacer o alterar dicho Reglamento”). Desde la fundación, por “legislaturas” se entiende “gobiernos estatales”.
Los defensores de la ISLT afirman históricamente que, aunque la Constitución no lo diga, esta delegación a los legisladores pretendía liberarlos de los procedimientos y limitaciones que rigieran otros ejercicios de su poder. En otras palabras, cuando se trata de la administración electoral, el gobernador no puede vetar, la constitución del estado no se aplica, y los jueces del estado no tienen poder. En una sola palabra, hay demasiada interpretación.
La ISLT es radical y no tiene base en ninguna escuela de interpretación constitucional. Desde la fundación hasta hoy, las constituciones y los tribunales de los estados han controlado constantemente la legislación electoral. Así que no es de extrañar que un siglo de jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos rechace esta teoría. Pero al menos cuatro jueces de la Corte Suprema son partidarios del ISLT, por lo que los defensores del derecho al voto deben asegurarse de que la Corte no dé marcha atrás.
Los votantes de todo el país están intentando recuperar sus elecciones. Están modificando sus constituciones para exigir mapas justos y están llevando a sus propios legisladores a los tribunales para garantizar el acceso a las urnas. La teoría de la legislatura estatal independiente eliminaría esas reformas, junto con innumerables disposiciones constitucionales estatales que rigen nuestras elecciones. Es más, podría invalidar todas las delegaciones legislativas de poder para administrar las elecciones. Eso significa que los secretarios de Estado y las comisiones responsables de la gestión de las elecciones en muchos estados no tendrían de repente autoridad para tomar decisiones, incluso si los legisladores les pidieran hacerlo.
Ya ha habido suficiente caos en nuestras elecciones en los últimos dos años. No lo sembremos más.
Traducción de Anwar A. Martínez.
