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La Fundación Heritage, situada en Washington D.C., ha estado sembrando desinformación sobre las elecciones desde hace mucho tiempo, diciendo que existe un fraude electoral generalizado, a pesar de que hay muchísimas pruebas que demuestran lo contrario. Más recientemente, ha acaparado la atención del público por su Proyecto 2025, un plan autoritario y antidemocrático para una segunda presidencia de Trump.
De cara a las elecciones del otoño, Heritage ha encabezado los esfuerzos por promover la mentira de que hay una importante cantidad de personas no ciudadanas que se están registrando y están votando, lo cual asienta las bases para que, luego, el movimiento de los negacionista electorales pueda usarla en caso de que los resultados de las elecciones no salgan como ellos quieren.
Ahora, estos esfuerzos para debilitar la confianza en las elecciones han tomado un nuevo y peligroso giro: la táctica de colocar más soldados en el terreno para buscar un fraude electoral que no existe.
En julio, un par de hombres que trabajaban con Heritage golpearon a las puertas de personas supuestamente no ciudadanas en un complejo de apartamentos en las afueras de Atlanta y les preguntaron cuál era su condición de ciudadanía y si estaban registradas para votar. Estos dos hombres mintieron y se presentaron como empleados de una empresa que ayuda a personas latinas a comprender el sistema electoral y filmaron en secreto sus interacciones.
Varias de estas personas dijeron que no eran ciudadanas y que se habían registrado para votar, lo cual la Fundación Heritage consideró, con alarde, como prueba que respaldaba sus alegaciones falsas sobre el tema, pero, de acuerdo con un grupo de investigadores estatales, el New York Times informó que no hay registro de que ninguna de esas personas estén registradas para votar. Al menos una de estas personas filmadas le dijo al grupo de investigadores que solo les estaba dando las respuestas que estos hombres querían escuchar para que se fueran.
Pero Heritage publicó los videos en su sitio web y alegó, basándose en tan solo 7 personas, que el 14 por ciento de las personas no ciudadanas que viven en Georgia estaba registrada para votar, es decir, unas 47,000 personas. Esta es una afirmación ridícula.
A comienzos de este año, la Fundación Heritage usó su presencia en las redes sociales para difundir conductas engañosas similares, lo cual se tradujo en amenazas de muerte y acosos en las redes contra la líder de una organización sin fines de lucro que ayuda a solicitantes de asilo.
En abril, Anthony Rubin —fundador de Muckraker, un sitio web de noticias online con vínculos “muy, muy fuertes” con Heritage— y su hermano mintieron y dijeron ser miembros del personal de una organización en defensa de los derechos de inmigrantes y que querían trabajar como voluntarios en una organización sin fines de lucro que presta servicios a solicitantes de asilo en Matamoros, México. Rubin intentó hacer, en repetidas ocasiones, que el personal de esta organización sin fines de lucro diga que iban a ayudar a inmigrantes a votar por Biden. En un hilo de una conversación de varias partes publicado en sus redes sociales, Heritage presentó falsamente un fragmento de la conversación que mantuvieron Rubin y la fundadora de la organización, en el que parecía falsamente como si ella estuviera alentando a las personas no ciudadanas a votar.
En su esfuerzo por convencer a la gente de que hay un fraude desenfrenado, la organización ahora ha recurrido a una conducta inadmisible que pone en peligro a la gente de ser objeto de acosos. Filmar a alguien en secreto mientras mantiene una conversación basada en pretensiones falsas no es una forma de exponer casos de fraude electoral —que, de hecho, son ínfimamente raros—, sino que es una forma de sacar información falsa, quizá intimidar a votantes elegibles, lo cual viola leyes federales y estatales, y sembrar dudas sobre la integridad de nuestras elecciones.
La Fundación Heritage está usando viejas tácticas de amedrentamiento
Si bien estos métodos pueden ser nuevos para la organización, ya los hemos visto de otros. Y no les ha ido nada bien a sus autores.
Desde hace mucho tiempo, el Veritas Project, un grupo activista de extrema derecha, ha usado grabaciones no verificadas, en encubierto y editadas de tal modo que resultan engañosas para disfrazar la verdad, incluso sobre supuestos casos de fraude electoral.
En 2020, el grupo publicó un video no verificado que mostraba a la campaña de la representante Ilhan Omar (D-MI) juntando boletas ilegalmente, junto con otros videos que presentaban alegaciones falsas de fraude electoral en una ciudad de Pensilvania. En el incidente de Pensilvania, el grupo terminó firmando un acuerdo económico para resolver una demanda judicial que le había iniciado el administrador de correos local y tuvo que presentar una disculpa pública diciendo que no sabía de ninguna prueba de fraude en esa ciudad durante las elecciones de 2020.
En 2016, una integrante del Project Veritas se infiltró en una consultora democráta y grabó una serie de conversaciones en secreto. Las grabaciones luego fueron editadas para sugerir falsamente que la consultora conspiró para incitar a la violencia en los actos políticos de Trump y fomentar el fraude electoral. En una demanda civil, el grupo fue declarado responsable de haber mentido y violado leyes sobre escuchas telefónicas, y debió pagar $120,000 como indemnización por daños y perjuicios.
En 2009, el fundador del Project Veritas, James O’Keefe, grabó algunas conversaciones en secreto con el personal de la Asociación de Comunidades Organizadas para la Reforma Ahora (ACORN, por sus siglas en inglés). ACORN era una red de organizaciones comunitarias que defendía los intereses de familias de ingresos bajos y moderados. Los videos mostraban falsamente a algunos empleados de ACORN como si estuvieran asesorando a O’Keefe para evadir impuestos. Pero estos videos falsos desencadenaron una tormenta política tan fuerte que provocó el corte de la financiación pública de ACORN, lo cual efectivamente provocó el cierre de la organización. Luego, O’Keefe se enfrentó a una demanda civil iniciada por un exempleado de ACORN y tuvo que firmar un acuerdo económico por $100,000 para resolver la demanda.
En 2016 y 2017, la Public Interest Legal Foundation (PILF, por sus siglas en inglés), una fundación jurídica conservadora, publicó dos informes que supuestamente demostraban que miles de personas no ciudadanas estaban inscritas para votar en Virginia. Los informes incluían los domicilios y los números de teléfono de muchas personas inocentes, entre ellas, personas ciudadanas. Cuatro de ellas demandaron a PILF por difamación e intimidación a votantes. El caso se resolvió en 2019 y el presidente de PILF tuvo que publicar una disculpa por escrito.
Las tácticas vergonzosas que emplean estos grupos no han resistido el peso de la justicia en repetidas ocasiones, y ahora parece que Heritage quiere sumárseles.
En cuanto al tema del voto no ciudadano, es un mito. El voto no ciudadano no es algo que ocurre en cantidades significativas, y ya es ilegal según las leyes federales y estatales. Las acciones de la Fundación Heritage están perjudicando a nuestra democracia, no ayudándola.
Traducción de Ana Lis Salotti.
