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- Los líderes locales que se resisten a la cooperación con las fuerzas federales señalan la gran cantidad de pruebas que demuestran que la mano dura migratoria tiene, a nivel comunitario, un impacto negativo sobre la seguridad pública.
- Los estados pueden negarse a ayudar a los agentes de ICE. Conforme a la Décima Enmienda, los estados retienen su autoridad policial dentro de sus propias fronteras.
- El gobierno federal y Tom Homan también están vigilando a los gobiernos locales y amenazándolos con cortar fondos y aplicar penas de encarcelamiento para toda persona que “cruce el límite”.
Este análisis se publicó originalmente en State Court Report
Tom Homan, el zar fronterizo designado por el presidente electo Donald Trump, y algunos de sus colegas republicanos no dudan en amenazar a líderes locales que expresan preocupación por las deportaciones masivas que podrían llevar a cabo las agencias federales dentro de sus comunidades.
Para el alcalde de Denver, Mike Johnson, Homan tiene en mente penas de encarcelamiento si la ciudad intenta impedir que las fuerzas policiales federales orquesten redadas masivas de inmigrantes. Para la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, abogada de prestigiosa carrera que Homan menosprecia calificándola de “no muy inteligente”, se está amenazando con cortes de fondos federales, si no “se quita del medio” cuando los agentes federales lleguen a la ciudad para deportar a inmigrantes. A Los Ángeles, donde el concejo municipal reafirmó hace poco su intención de resistirse a las deportaciones masivas, Homan prometió enviar “el doble de oficiales” a la ciudad si el gobierno local no coopera.
Cada una de estas ciudades y muchas otras alrededor del país han adoptado políticas que permiten (e incluso exigen) que las fuerzas policiales locales se nieguen a cooperar con los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menos que exista una orden judicial o una orden de arresto. A estas localidades se las suele llamar ciudades santuario, aunque no existe una única definición jurídica del término, y las políticas locales pueden variar según la ciudad.
Los líderes locales que se resisten a la cooperación con las fuerzas federales señalan la gran cantidad de pruebas que demuestran que la mano dura migratoria tiene, a nivel comunitario, un impacto negativo sobre la seguridad pública, porque socava la confianza en el gobierno y desalienta a los grupos minoritarios a interactuar con las fuerzas policiales y denunciar delitos. Las consecuencias negativas sobre la salud pública también están bien estudiadas, ya que las poblaciones afectadas optan por no buscar atención médica. A pesar de todas estas pruebas, los estados, condados y ciudades a veces confrontan al gobierno federal cuando se trata del control migratorio.
Según la ley vigente, la Constitución le asigna la responsabilidad de formular y hacer cumplir las políticas de inmigración al gobierno federal, y la ley federal de inmigración impide los intentos de los estados de promulgar políticas migratorias propias que difieran de las federales. Pero, en la práctica, el control migratorio a menudo se lleva a cabo lejos de la frontera, en el interior del país, donde los agentes federales necesitan sí o sí la cooperación de las fuerzas policiales locales y estatales para identificar y detener a inmigrantes indocumentados.
Los estados pueden negarse a ayudar a los agentes de ICE. Conforme a la Décima Enmienda, los estados retienen su autoridad policial dentro de sus propias fronteras. En el ejercicio de esta prerrogativa, Oregón se encuentra en uno de los extremos de la escala, ya que prohíbe a las fuerzas policiales estatales y locales asistir a las autoridades federales en el control migratorio. Del mismo modo, el gobernador de Illinois J.B. Pritzker aprobó varias leyes en 2021 que les prohíben a las jurisdicciones locales colaborar con ICE para efectuar deportaciones. Como se mencionó anteriormente, el gobierno federal podría cortar fondos federales, desplegar tropas militares o amenazar con otras consecuencias negativas para intentar convencer a los estados a cambiar sus políticas.
En el otro extremo se encuentras estados como Texas y Florida, que ordenan a las jurisdicciones locales colaborar con los agentes federales de ICE para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados. (Entre los dos extremos, hay estados que han promulgado medidas más limitadas o que dejan la decisión de cooperar a las autoridades policiales locales).
Más allá de simplemente obedecer a las autoridades federales, Texas ha implementado sus propias leyes estatales de inmigración, una tendencia que otros estados han comenzado a seguir. En 2023, el gobernador de Texas Greg Abbott aprobó el proyecto de ley SB4, que tipifica como delito estatal que una persona ingrese a Texas de una nación extranjera por cualquier sitio que no sea un puerto de entrada legítimo, y pena cada reingreso con un encarcelamiento cada vez más prolongado. La ley también autorizó a los oficiales locales y estatales a interrogar y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber entrado a Texas ilegalmente. La ley se ha suspendido en espera de que se resuelva una disputa sobre su constitucionalidad, pero, si al final se confirma, esta ley podría fomentar una competencia perjudicial, en la que estados como Texas, Florida, Georgia y Arizona intentan ganarle al otro con medidas migratorias cada vez más punitivas.
Algunas ciudades en estados como Texas no quieren obedecer los esfuerzos federales de control migratorio. Que estos gobiernos locales puedan o no promulgar políticas migratorias más amigables depende, en última instancia, de la ley estatal. Si bien la Décima Enmienda impide al gobierno federal hacerles directamente este tipo de demandas a las jurisdicciones subnacionales, las ciudades son criaturas del estado, y los estados pueden ordenarles a sus propias localidades que cooperen con los esfuerzos de deportación.
Si la ley SB4 de Texas se pone en práctica, exigiría este tipo de cooperación. Los gobiernos locales de Texas que se oponen a la ley SB4 —entre ellos, el condado de El Paso y las ciudades de Austin, Dallas y Houston— son algunas de las partes que están disputando la ley.
El estatus de “autogobierno” de cualquier ciudad de Texas no altera estos mecanismos. La Constitución de Texas permite que cualquier municipalidad con una población de al menos 5,000 habitantes pueda adoptar un estatuto de autogobierno que establezca sus propias reglas para la gobernanza municipal. Pero la ley de corporaciones municipales estipula que “ningún estatuto, ni ninguna ordenanza, aprobada conforme a dicho estatuto, puede contener una disposición incompatible” con la constitución estatal o con las leyes aprobadas por la legislatura estatal.
El propósito de la ley SB4 es prohibir las ciudades santuario. Mientras las ordenanzas locales de ciudad santuario sean incompatibles con la ley SB4, serán prohibidas si entra en vigor la ley SB4.
Incluso con las disposiciones de la ley SB4 actualmente en suspenso, las ciudades de Texas tienen limitaciones para aprobar medidas de santuario. Constituye un delito federal en todos los estados que una persona oculte o esconda a un inmigrante indocumentado.
Además, otra ley estatal vigente en Texas impone una sentencia mínima obligatoria de 10 años por el contrabando de personas, incluso sin ninguna prueba de intención delictiva. La organización Human Rights Watch y varios grupos aliados advierten que, según la ley, cualquier “miembro de la comunidad podría enfrentarse a hasta 15 años de prisión por llevar a un ser querido sin papeles a una cita médica o a la escuela”.
La ley llevó a que varias filiales locales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) publicaran una “aviso de viaje” en el que compartían recomendaciones para quienes viajan por Texas y les aconsejaban cómo desarrollar un plan de comunicación con sus familiares y amigos antes de comenzar el viaje y memorizar el número de teléfono de un abogado.
La prelación estatal, o prioridad del estado sobre iniciativas locales, se ha estado ejerciendo con más frecuencia en los últimos años, cuando las legislaturas estatales invalidan o quitan la autoridad de los gobiernos locales de implementar políticas adaptadas a su propio electorado. Por ejemplo, algunas autoridades estatales han impedido que las jurisdicciones urbanas establezcan un salario mínimo municipal, prohíban el uso de bolsas plásticas a nivel local, regulen el uso del tabaco o resuelvan otras dificultades que surgen en sus comunidades.
El estado de Texas es líder en los esfuerzos de anular este tipo de iniciativas locales. En cuanto a la inmigración, el gobierno federal y Tom Homan también están vigilando a los gobiernos locales y amenazándolos con cortar fondos y aplicar penas de encarcelamiento para toda persona que “cruce el límite”.
No existe una solución mágica para preservar la autonomía local a la hora de resolver estas cuestiones. Pero los líderes locales lo han intentado antes, luego de haber recibido intentos de vigilancia y amenazas similares durante la última administración de Trump.
Algunas ciudades pueden optar por convertirse en santuarios “silenciosos”, con la esperanza de eludir la atención si no anuncian abiertamente sus políticas, un método que probablemente no logre aplacar el miedo de las personas inmigrantes en sus comunidades.
Otras ciudades se están preparando para coordinar servicios, asignar más fondos para el trabajo de defensa en inmigración, elaborar recursos para dar a conocer derechos, monitorear y denunciar el impacto humano de las deportaciones y los abusos en el control migratorio, presentar recursos judiciales y defender el derecho de sus residentes a protestar. Y, cuando surja la oportunidad, la población votante puede apoyar políticas estatales y federales más humanas.
Martha F. Davis es profesora distinguida de la Facultad de Derecho de la Northeastern University.
Traducción de Ana Lis Salotti.
