Hace un año examinamos los logros alcanzados por el gobierno del presidente Biden para hacer que el sistema de derecho penal sea más justo y eficaz, además de las oportunidades que se han perdido. Este es un resumen de los principales sucesos desde entonces, que incluyen retrocesos y pasos en el sentido correcto.
Retroceso en la pena de muerte a nivel federal
El poder ejecutivo logró poco o nada respecto una promesa de campaña: poner fin a la pena de muerte. Sin duda, el Departamento de Justicia tomó ciertos pasos iniciales: retirar solicitudes de que se impusiera en siete casos, iniciar un análisis de protocolos sobre la pena de muerte, el que todavía está incompleto, y anunciar una moratoria en ejecuciones federales futuras.
Pero el próximo gobierno podría eliminar todos estos cambios, que es exactamente lo que sucedió después de la moratoria del presidente Obama, lo que le dio al presidente Trump la oportunidad de ejecutar a 13 personas en apenas cuatro años. Todavía hay mucho en juego pues en este momento hay 44 personas condenadas a muerte por cortes federales.
Lo que es más preocupante es que los acontecimientos recientes indican que el presidente Biden posiblemente haya reconsiderado su posición. El Departamento de Justicia está pidiendo la pena de muerte en casos de alto perfil y recientemente confirmó que seguirá haciéndolo en otro.
Avance limitado en la reforma penitenciaria
El 2 de agosto de 2022, Colette Peters prestó juramento como la nueva directora de la Oficina de Prisiones y asumió el mando en un momento en que la agencia enfrenta graves acusaciones de abuso sexual, una investigación del Congreso sobre corrupción, inquietudes expresadas por el inspector general del Departamento de Justicia sobre atención médica inadecuada y una gran escasez de personal. Peters se ha comprometido a “transformar la cultura institucional” de la agencia y hay motivo para creer que tendrá éxito. Como directora del Departamento Penitenciario de Oregón, desmanteló el corredor de la muerte de este estado y encabezó una serie de reformas con el propósito de reducir la dependencia en la colocación segregada.
Sin embargo, Peters ha heredado las anomalías que datan de hace décadas en la Oficina de Prisiones. Además de las amenazas más directas a las operaciones de la agencia, sigue incompleta la implementación de la First Step Act, una ley respaldada por ambos partidos para la reforma de sentencias y condiciones penitenciarias que se promulgó en 2018. En 2021 se anunciaron importantes mejoras a las reformas de prisiones en la ley. Pero un método clave para evaluar el supuesto riesgo de reincidencia de prisioneros federales aún se ve afectado por prejuicios raciales debido a un algoritmo que les da un peso indebido a factores asociados con la excesiva vigilancia policial y la criminalización de las drogas. Como resultado, 47 por ciento de las personas negras en prisiones federales que han sido evaluadas están clasificadas como de “alto” riesgo de reincidencia, en comparación con 34 por ciento de la población total evaluada. Además la insuficiencia de personal hizo que algunas personas en prisión no recibieran el crédito que se merecían de inmediato conforme al programa de incentivos de la ley o que no se pudieran inscribir en programas para obtener créditos.
Es importante que el Departamento parece tener en su radar ambos asuntos: una declaración reciente sobre la política de la Oficina de Prisiones debe de ayudar a reducir la confusión sobre el sistema de créditos de la ley, y en abril el Departamento de Justicia prometió seguir “considerando todas las opciones que permite la ley” para reducir las disparidades raciales en el método de evaluación de riesgo dispuesto por la ley.
Finalmente, Biden emitió un decreto ejecutivo en enero de 2021 que ordena al fiscal general a no renovar contratos del Departamento de Justicia con instalaciones de detención penal que operan de manera privada. Pero el decreto solo se aplica a la Oficina de Prisiones, no a los contratos del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos (ICE por su sigla en inglés) con firmas con fines de lucro para la administración de centros de detención de inmigrantes. En diciembre de 2022, la Oficina de Prisiones anunció que había acabado finalmente con todos los contratos con prisiones administradas por entidades privadas. Pero aún hay preguntas sobre cómo reducir la gran presencia del sector con fines de lucro en los centros de detención de inmigrantes, que se calcula que en este momento es de $3 mil millones de dólares.
Nominaciones y confirmaciones dignas de notar
El presidente Biden ha usado las nominaciones para modificar o revitalizar la forma en que se ponen en práctica las leyes federales. En el caso más destacado, Biden nombró a Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema. Es la primera mujer de raza negra y pasada defensora pública en el tribunal, lo que es muy poco común en el sistema judicial federal.
Sigue habiendo diversidad similar entre las personas nominadas por el presidente a tribunales federales de menor instancia. Para septiembre de 2022, había nombrado un número récord de exdefensores públicos a cortes de apelación de nivel federal. Aproximadamente 76 por ciento de los nominados de Biden hasta hora son mujeres y 65 por ciento no son blancos.
Además, el Senado confirmó recientemente a los nominados del presidente a la Comisión de Sentencias del país, lo que le da cuórum a la agencia por primera vez desde 2019. A partir de la primavera, la comisión por fin podrá formular su política sobre asuntos de importancia, como el alcance de las liberaciones compasivas por el gobierno federal.
Actualización de la política de encausamiento
Los fiscales federales tienen amplia discreción sobre qué cargos presentar en un caso penal, una decisión que determina de todo, desde la pena probable del encausado hasta el curso de las negociaciones para una declaración de culpabilidad. En el pasado, los fiscales generales han aprovechado esa discreción para moldear la política de penas. En 2013, Eric Holder, el fiscal general en ese momento, dio instrucciones a los fiscales de que evitaran originar penas mínimas obligatorias en ciertos casos menores de drogas. Cuatro años más tarde, el fiscal general de entonces dio marcha atrás.
En diciembre de 2022, el fiscal general Merrick Garland emitió sus propias directrices, que limitaban la aplicación de penas mínimas obligatorias, en particular en casos de drogas, en lo que fue un paso bienvenido para reducir las penas excesivas en el sistema federal. Los memorandos de Garland indicaron que, en todos los casos, se debe reservar las penas mínimas obligatorias para ocasiones en las que la condena por otros cargos, entre otros factores, no “reflejaría suficientemente la gravedad de la conducta criminal del acusado”.
Además, en casos de drogas que, en base a la cantidad, implican la posibilidad de penas mínimas obligatorias —por ejemplo, el mínimo obligatorio de cinco años por tráfico de más de 28 gramos de cocaína crack— los fiscales deben evitar originar dichas penas si la conducta del acusado no incluyó actos violentos u otros factores agravantes en cierta lista.
Finalmente, Garland escribió que los fiscales deben usar su discreción para “promover el mismo tratamiento para delitos con cocaína crack y en polvo”, con lo que esquivó un sistema de estatutos que durante años ha sometido a penas mucho mayores a las personas declaradas culpables de delitos con cocaína crack. Esta política, explicó Garland, refleja el compromiso del Departamento de Justicia con la eliminación de la disparidad en las penas por cocaína crack y en polvo. Una medida para acabar con esa disparidad, la EQUAL Act, se quedó estancada en el Senado después de que la Cámara de Representantes la aprobó con un voto de 361–66.
Progreso limitado en asuntos de clemencia
Después de la inacción de más de un año, en abril de 2022 el presidente Biden otorgó tres indultos y 75 conmutaciones, los primeros de su presidencia. Abraham Bolden Sr., el primer miembro de raza negra del Servicio Secreto, estuvo entre los perdonados casi 60 años después de ser declarado culpable por lo que Bolden afirma fueron represalias y cargos racistas. Otros beneficiarios cumplían largas penas por cargos no violentos relacionados con drogas, y muchos enfrentarían penas menos estrictas hoy en día conforme a la First Step Act. Con las facultades más extensas que se describen arriba, se otorgaron muchas conmutaciones a personas que cumplían su arrestos domiciliarios.
Biden otorgó seis indultos adicionales a fines de 2022. Cinco de las seis personas perdonadas habían sido declaradas culpables hace varias décadas de delitos menores relacionados con drogas y bebidas alcohólicas, y todos los perdonados llevaban años en prisión al momento de los indultos.
En noviembre de 2022, el presidente también tomó una medida más audaz y perdonó todas las condenas por posesión no agravada de marihuana conforme a leyes federales y del Distrito de Columbia. El texto del indulto no nombra beneficiarios pero da instrucciones al fiscal general de que creé una solicitud y “administre y emita certificados de indulto a los solicitantes que reúnan los requisitos”. Según la Casa Blanca, es posible que tenga un impacto en hasta 6,500 personas.
Si bien este indulto es de gran envergadura, tiene limitaciones. Cabe señalar que no se aplica a las personas declaradas culpables de distribuir o vender marihuana. No recorta ninguna pena pues ninguna persona que reunía los requisitos estaba encarcelada al momento de la orden. Además, beneficia a una porción cada vez menor de los casos federales de drogas. Por ejemplo, en 2017, apenas 92 personas fueron condenadas por posesión de marihuana entre aproximadamente 20,000 declaraciones de culpa relacionadas con drogas.
Dicho eso, el indulto categórico del presidente Biden es un paso positivo por dos motivos. En primer lugar, Biden instó a los gobernadores a seguir su ejemplo al perdonar a acusados de delitos menores relacionados con la marihuana en sus estados. Por lo menos uno lo ha hecho: en noviembre, Kate Brown de Oregón anunció que se perdonaría a las personas declaradas culpables de posesión no agravada de marihuana, lo que beneficia a aproximadamente 45,000 personas. Además, Ned Lamont de Connecticut anunció en diciembre que “miles” de condenas menores por marihuana se cancelarían automáticamente el 1 de enero de 2023, aunque esta medida se tomó conforme a una ley aprobada en 2021.
En segundo lugar, el tipo de perdón, que nombra a una categoría de personas que se beneficiarán en vez de una lista de ellas, es un posible cambio radical en clemencias a nivel federal y podría resultar en extensas medidas adicionales para corregir injusticias en las leyes federales sobre penas. Por ejemplo, el presidente podría (y debería) usar la misma estrategia para conmutar las penas de personas que se podrían beneficiar de cambios en las leyes, como ciertas secciones de la First Step Act. Esto podría ayudar a muchos, en particular personas negras y de color que han sido castigadas desproporcionadamente usando las medidas federales sobre drogas.
Esas medidas audaces están atrasadas. Más de 18,000 pedidos de clemencia están pendientes. Dado el actual ritmo con el que se otorga clemencia, es poco probable que la Casa Blanca tramite estos pedidos sin reformas estructurales al propio sistema de clemencia, lo que hemos recomendado anteriormente.
Resultados desiguales en la detención de inmigrantes
El año pasado instamos al presidente Biden a tomar medidas adicionales para reducir el número de indocumentados que están detenidos y la gran dependencia del sistema de inmigración en centros de detención administrados por entidades con fines de lucro.
En su presupuesto para el año fiscal 2023, el poder ejecutivo solicitó fondos para 25,000 camas de detención de ICE, una reducción del monto original de 34,000, y solicitó un aumento de $87 millones para sus programas de Alternativas a la Detención. ICE depende cada vez más de este programa, con el que se monitorea a indocumentados en la comunidad en vez de detenerlos. Hoy en día, el programa vigila a más de 343,000 familias e individuos en comparación con 83,186 en septiembre de 2019.
Sin embargo, el gobierno sigue dependiendo mucho de la detención. Si bien el número de personas en centros de detención de inmigración sigue siendo mucho menor que aquel antes de la pandemia, la población subió de su punto bajo de 13,000 en febrero de 2021 a 30,000 para noviembre de 2022. Además, las condiciones de detención siguen siendo malas. Por poner un ejemplo, en marzo el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional recomendó la reubicación “inmediata” de todos los detenidos en el Centro de Detención del condado de Torrance en Nuevo México, debido a “condiciones antihigiénicas excesivas y evitables” como inodoros atorados, moho y lavaderos inservibles.
Un cambio en el monitoreo tampoco va a eliminar los incentivos perversos de las firmas penitenciarias con fines de lucro. Las empresas que operan prisiones privadas también tienen una gran presencia en el mercado de vigilancia electrónica. Por ejemplo, BI Incorporated, subsidiaria de GEO Group, que opera prisiones privadas, recibió un contrato con el gobierno federal de $2.2 mil millones en 2020 para monitorear electrónicamente a inmigrantes a la espera de audiencias en la corte.
Nueva inversión en intervención comunitaria para impedir la violencia
Si bien el presidente tiene control limitado de la tasa de criminalidad a nivel estatal y local, los fondos federales pueden guiar la inversión de formas nuevas y prometedoras para combatir el crimen.
Con ese fin y como parte de su estrategia general para reducir el crimen, el gobierno de Biden ha seguido apoyando los programas de intervención comunitaria para impedir la violencia, conocidos en inglés por la sigla CVI. Son organizaciones que se proponen romper el ciclo de violencia con programas sociales u otros tipos de intervención, con directores y personal de las comunidades a las que prestan servicios, con frecuencia con experiencia directa y personal con la violencia, el encarcelamiento o ambos. Lamentablemente, si bien el nivel de fondos disponibles para CVI aumentó, es difícil determinar cuánto dinero federal llegó a las organizaciones más necesitadas.
En teoría, una cantidad histórica de dinero está a disposición de los CVI. Algunos ejemplos: $2 mil millones en fondos del American Rescue Plan que ya se gastaron en proyectos no policiales de seguridad pública, entre ellos algunos CVI. También hay $250 millones por medio de la Bipartisan Safer Communities Act de junio de 2022, que ya ha ayudado a financiar $100 millones en subvenciones a organizaciones y ciudades que operan CVI. Además, hay $50 millones por medio de la ley general de gastos que se aprobó en marzo de 2022.
innovadores programas de seguridad pública en todo el país, según lo detalla la Brookings Institution. Pero al parecer, se ha gastado parte de los fondos para otros fines. Las jurisdicciones han reportado de todo como relacionado a CVI, desde gastos en ShotSpotter,tecnología de monitoreo de disparos, hasta pistolas de descarga eléctrica e incluso un perro policía. Además, se excluye de las subvenciones federales a algunas de las organizaciones comunitarias que se pueden beneficiar mucho de ellas porque no tienen el personal, los conocimientos o los contactos para abrirse paso en el complejo proceso de solicitud. Mejoras al proceso de crear subvenciones asegurarían que más organizaciones puedan beneficiarse, y pautas más claras contribuirían a un mejor entendimiento de las estrategias respaldadas por las fuentes de los fondos relacionadas con CVI.
Lo fundamental es que el poder ejecutivo puede seguir alcanzando logros en muchos de los aspectos arriba mencionados sin la necesidad de enfrentar la compleja dinámica del Congreso. El poder de restructurar la facultad federal de clemencia, por ejemplo, está a total discreción del presidente. El Departamento de Justicia ya ha empezado a cambiar considerablemente su estrategia para implementar la First Step Act y debe seguir haciéndolo. Por otro lado, el presidente podría, en efecto, suspender la pena de muerte a iniciativa propia si conmuta las actuales penas de muerte a nivel federal y las convierte en cadena perpetua.
Si bien el presidente debe seguir colaborando con el Congreso en las principales prioridades legislativas, todas estas medidas y otras representarían, de por sí, logros considerables.
Traducciónde Keynotes Translations and Editorial Services
