El Congreso ha vuelto al Capitolio. La sesión de legislaturas salientes, después de las elecciones pero antes del nuevo periodo, pocas veces es de mayor consecuencia. Esta sí lo será. Los legisladores deben seguir financiando el gobierno y apoyando la lucha de Ucrania ante la agresión de Putin. Además deben tomar una importante medida por el futuro de nuestra democracia: reformar la Ley de Conteo Electoral.
Se trata de la anticuada ley del siglo XIX que determina los procedimientos para contar votos en las elecciones. Es complicada, ambigua y mal redactada. Por otro lado, durante 133 años, ha sido una reliquia pintoresca. Durante casi todo ese tiempo contribuyó a su percepción positiva que, en efecto, la mayoría de las elecciones presidenciales se ganaron por voto popular. Lamentablemente, como todos sabemos, en 2000 y 2016, el candidato presidencial que perdió el voto popular, ganó debido al colegio electoral. También estuvo por suceder lo mismo en 2004, si unos cuantos miles de votos hubieran cambiado en Ohio y John Kerry hubiera prevalecido, a pesar de que George W. Bush ganó el voto popular con un gran margen.
Durante todo este tiempo, candidatos de ambos partidos respetaron la voluntad del pueblo. La transferencia pacífica del poder es un emblema característico de la democracia estadounidense. Al tomar juramento en 1981, Ronald Reagan la describió acertadamente como “prácticamente un milagro para muchos habitantes del mundo”.
Esa honorable tradición terminó en 2020 cuando Donald Trump tergiversó la Ley de Conteo Electoral durante su fallido intento de invalidar las elecciones. La maniobra de Trump fue ilegal, pero reveló la vulnerabilidad de la ley. Es necesario que se aclare y mejore para evitar que se repita lo sucedido en 2020.
Una medida que está pendiente ante el Senado es un paso importante en la dirección correcta. Confirmaría que el vicepresidente no tiene el poder de cambiar el conteo del voto electoral. Exigiría que, para cuestionar una lista de electores, haya un mayor número de representantes y senadores que objeten a la lista. Actualmente, solo se requiere una persona de cada cámara. Aseguraría un recurso judicial si algún gobierno estatal se rehúsa a certificar los resultados de las elecciones. Además impediría que los gobiernos estatales cambien las normas después de que se celebren comicios.
Afortunadamente esta sensata solución cuenta con extenso apoyo de ambos partidos, algo que es inusual con medidas electorales últimamente. Me siento optimista de que el Congreso hará algo al respecto, ya sea al aprobar la propuesta como medida individual o junto con otra legislación. Cabe resaltar que Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado, respalda la propuesta de ley, como también muchos de sus colegas republicanos. Es el primer reconocimiento bipartidista de que la subversión electoral es una amenaza real.
Por supuesto que este es apenas el primer paso para renovar y subsanar nuestra democracia. Los legisladores del Congreso y los estados aún deben proteger el derecho al voto e impedir que se distorsionen los distritos electorales. La reforma ni siquiera abordará del todo el tóxico legado de la insurrección del 6 de enero. El mes pasado, los votantes dejaron en claro que rechazan las mentiras electorales. Ahora los políticos deben responder. El negacionismo electoral continuará mientras numerosos políticos republicanos sigan circulando mentiras sobre los resultados de 2020 o, más extensamente, la seguridad de las elecciones.
Pero por ahora, es sumamente importante que el Congreso aproveche las semanas próximas para reparar la Ley de Conteo Electoral. No se puede postergar hasta el próximo Congreso, que estará dividido y probablemente, presente más divisiones. Una vez más, escuchemos lo que Ronald Reagan nos dijo en 1981 sobre la transferencia pacífica del poder: “La libertad es frágil, y su extinción puede ocurrir en la siguiente generación”.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
