- Las campañas en Canadá no tienen contribuciones multimillonarias, aluviones de gastos ilimitados ni nada parecido a la intensa presión que enfrentan las personas candidatas en los Estados Unidos para apelar a donantes adinerados.
- Las encuestas públicas indican una y otra vez que la mayoría de las personas estadounidenses apoya la idea de regular el financiamiento de las campañas.
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El próximo lunes, el pueblo canadiense elegirá a un nuevo gobierno federal. Más allá del resultado de las elecciones, sabemos algo con certeza: el gasto de las campañas políticas en las elecciones canadienses ha sido radicalmente diferente a lo que ocurre en las elecciones generales en Estados Unidos.
Las campañas en Canadá no tienen contribuciones multimillonarias, aluviones de gastos ilimitados ni nada parecido a la intensa presión que enfrentan las personas candidatas en los Estados Unidos para apelar a donantes adinerados.
Para quienes estudian la política estadounidense, esto les puede parecer difícil de imaginar. Pero, en realidad, Canadá nos ofrece una idea de lo que podríamos haber tenido.
El año 1974 marcó un hito en materia de reformas electorales en los dos países. El Congreso estadounidense, tras el escándalo Watergate, reforzó la Ley de Campañas y Elecciones Federales (Federal Election and Campaign Act), estableció límites más estrictos sobre las contribuciones y los gastos de las campañas políticas e instituyó un sistema de financiamiento público para las elecciones presidenciales.
Mientras tanto, el parlamento canadiense respondió al aumento en los costos de campaña y al surgimiento de los anuncios televisivos aprobando la Ley de Gastos Electorales (Election Expenses Act), que incluía reformas parecidas, como la imposición de límites en los gastos de campaña y el financiamiento público de campañas.
En las décadas siguientes, el parlamento y los tribunales de Canadá siguieron ajustando sus leyes de financiamiento de campañas. Pero Estados Unidos tomó un camino diferente, no porque el Congreso hubiera cambiado las regulaciones de financiamiento de campañas, sino porque la Corte Suprema las desmanteló.
En 1976, la Corte dictó en el caso Buckley v. Valeo que la mayoría de los límites sobre los gastos de campaña eran inconstitucionales. Desde entonces, la justicia ha estado debilitando las regulaciones de financiamiento de las campañas.
La más famosa de las decisiones más recientes, la del caso Citizens United, reafirmó y amplió los mismos principios desreguladores plasmados en la causa Buckley y, así, dio inicio a nuestra actual era de gastos ilimitados por parte de los supercomités de acción política, o súper-PAC. Por lo general, el Congreso se ha mantenido al margen de estos acontecimientos, dejando que nuestro sistema de financiamiento público de campañas presidenciales se deteriore.
Hoy, las campañas políticas en los Estados Unidos saturan al pueblo con anuncios financiados por millones o —en las elecciones presidenciales— billones de dólares. Las personas candidatas pueden sacar una enorme ventaja si logran atraer a los donantes más importantes, en especial durante las etapas iniciales de una campaña. Otros usan una estrategia diferente: ser ricos y estar dispuestos a gastar gran parte de su propio dinero.
En las elecciones federales canadienses, existen límites estrictos de contribución que restringen el rol de los donantes adinerados, y las personas candidatas solo pueden gastar hasta 5,000 dólares canadienses (unos 3,600 dólares estadounidenses) de su riqueza personal para sus campañas.
Las personas adineradas y las grandes corporaciones no tienen una forma legítima de inyectar sumas ilimitadas de dinero a favor de los candidatos y partidos políticos. Los límites en el gasto también condicionan el volumen de la publicidad.
Con estos límites en el gasto privado masivo, el financiamiento público compone la mayor parte de los fondos destinados a las elecciones canadienses. El estado subvenciona los gastos de los partidos políticos y sus candidatos y, al mismo tiempo, potencia el poder de las pequeñas donaciones a través de créditos fiscales que se parecen a los sistemas de multiplicación de pequeñas donaciones que tienen algunas jurisdicciones como Nueva York.
Ninguna de estas diferencias en sus políticas se desprende directamente del texto de la Constitución estadounidense ni de la canadiense. Ni tampoco pueden atribuirse fácilmente a rasgos culturales o políticos inherentes. Después de todo, cuando tuvo la oportunidad, el poder legislativo de los dos países, que rinde cuentas en democracia, optó por colocar límites similares sobre el rol del dinero en la política.
Las reglas de financiamiento de campañas de Canadá se combinan para formar un sistema político que no tiene una de las características definitorias de la política estadounidense: el gasto privado masivo.
Allí, quienes abogan por más reformas y quienes elaboran políticas funcionan en un territorio irreconociblemente diferente: algunos se lamentan que los donantes adinerados puedan contribuir hasta unos pocos miles de dólares en las campañas políticas, y los últimos desacuerdos en torno al financiamiento de campañas no se centran en si habría que subsidiar las campañas con fondos públicos o limitar el gasto independiente, sino más bien con cuánta intensidad hacerlo.
La población canadiense parece estar contenta con su sistema en general. En 2023, la enorme mayoría de los canadienses estaba satisfecho con la forma en que funciona la democracia en su país. Ese mismo año, apenas el 28 por ciento de los estadounidenses dijeron lo mismo de los Estados Unidos, y el rol que cumplen los grandes donantes y otros grupos de intereses adinerados suele ser una de las quejas más frecuentes del pueblo estadounidense.
Al mismo tiempo, las encuestas públicas indican una y otra vez que la mayoría de las personas estadounidenses apoya la idea de regular el financiamiento de las campañas, por ejemplo, mediante límites en las contribuciones y los gastos, lo cual se parece más al sistema canadiense que a nuestra realidad actual.
De este modo, se reconoce un principio que la Corte Suprema canadiense defendió hace 21 años. En ese dictamen que confirmó los límites en el gasto independiente, la opinión de la mayoría de la Corte señaló: “Ante una ausencia de límites en el gasto, es posible que la clase afluente o un grupo de personas que combinan sus recursos y actúan de común acuerdo terminen dominando el discurso político, privando a sus opositores de una oportunidad válida para hablar y hacerse oír, y socavando la capacidad del electorado de informarse correctamente sobre todas las opiniones”.
“La igualdad en el discurso político es, por lo tanto, necesaria para lograr una participación efectiva en el proceso electoral y, al fin y al cabo, refuerza el derecho al voto”.
El autor quisiera agradecer a Lisa Young de la Universidad de Calgary y a Harold Jansen de la Universidad de Lethbridge por su tiempo y conocimientos.
Traducción de Ana Lis Salotti
