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“Yo voto. Voto religiosamente”.
Toby Cole, abogado de 51 años en el condado de Harris, Texas, ha votado en todas las elecciones importantes desde que cumplió los 18.
Desde que pudo comenzar a votar, Cole ha sido cuadripléjico. Un accidente en su fiesta de graduación de escuela superior lo dejó paralizado del cuello hacia abajo. En cada elección, ha acudido a un recinto a votar en persona con la ayuda de una persona de su preferencia.
Pero durante las elecciones del año pasado, su capacidad de recibir ayuda se complicó mucho. En 2021, los legisladores de Texas promulgaron la Senate Bill 1, una ley con un gran potencial de supresión del voto. La ley hizo que sea incluso más complicado votar en un estado donde ya era difícil, en particular para los votantes negros y latinos, las personas con discapacidades y aquellos con limitado dominio del inglés o capacidad para leer.
La S.B.1 impone nuevos requisitos y sanciones para quienes prestan asistencia a los votantes, lo que desalienta a los voluntarios de ayudar a los votantes en las urnas. También penaliza el compensar o recibir compensación por ayudar a las personas a votar por correo, lo que impide que organizaciones cívicas, por ejemplo, ayuden a miembros de la comunidad que tienen dificultad para llenar los formularios.
Conforme a una cláusula de la ley, un asistente de un votante debe firmar una declaración jurada en la que afirma que el votante reúne los requisitos para recibir ayuda “bajo pena de perjurio”, un requisito que Cole describió como “ofensivo”.
Cole fue uno de los testigos de LUPE v. Texas, un juicio federal que se opone a S.B.1. El Brennan Center junto a los abogados del Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus siglas en inglés) y otros abogados, representa a varios residentes de Texas en el juicio, entre ellos trabajadores electorales, grupos comunitarios y religiosos, y organizaciones de derechos civiles y derecho al voto. Los abogados presentaron alegatos finales el jueves en el juicio.
En su testimonio en la corte en San Antonio, Cole explicó,
“Si quiero comprar un boleto para un concierto, no tengo que revelarle a nadie qué discapacidad tengo a fin de obtener acceso o recibir asistencia conforme a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades [Americans with Disabilities Act]”. Pero conforme a S.B.1, dijo, “debo proporcionarle a alguien información privada sobre mi salud si necesito asistencia para votar”.
La S.B.1 es parte de una ola implacable de medidas antidemocráticas que se promulgaron después de las elecciones de 2020 en todo el país. Se distingue por su gran número de disposiciones restrictivas y discriminatorias.
En su investigación, el Brennan Center descubrió que una disposición de la S.B.1 —que requiere que los votantes escriban los cuatro últimos dígitos de su número de licencia de conducir o seguro social en la solicitud de una boleta para votar por correo y en la misma boleta— resultó en un número sin precedente de casos en que se privó a las personas del derecho al voto, con gran disparidad racial, en las primarias de 2022 en Texas. El juez del caso ya indicó que bloqueará esa disposición por trasgredir por lo menos una ley federal.
Texas no es el único estado donde se ataca la ayuda a los votantes. Es uno de por lo menos ocho estados —entre ellos Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Mississippi y Montana— donde se han promulgado nuevas leyes electorales desde 2021 que imponen o aumentan las sanciones penales contra las personas y grupos que ayudan a los votantes.
¿Por qué la ayuda a los votantes está en la mira?
La Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965 garantiza el derecho a ayudar a todo votante que necesita asistencia para leer una boleta o debido a una discapacidad. Ese derecho se aplica a todos los aspectos de la votación —desde la inscripción de los votantes hasta la emisión de la boleta y el debido conteo del voto — ya sea el día de las elecciones o durante la votación anticipada. La ley federal también otorga a los votantes el derecho de recibir asistencia de la persona que elijan.
Pero durante las elecciones de 2020, cuando las mentiras, la desinformación y las supuestas conspiraciones socavaron la confianza en las elecciones, la asistencia a los votantes también estuvo plagada de engaños. Por ejemplo, los negacionistas electorales dijeron que la asistencia a los votantes equivale a manipular de manera legal o ilegal las boletas de votación en ausencia e indicaron que las leyes que permiten la asistencia a los votantes perpetúan el fraude electoral.
Estas afirmaciones falsas de fraude y de elecciones manipuladas propiciaron en parte que las legislaturas estatales de todo el país aprobaron proyectos de ley que agregaron más obstáculos al proceso de votación, entre ellos dificultar la ayuda a los votantes.
Pero la asistencia legal y legítima a los votantes que emiten un voto no es evidencia de fraude. Permite que los votantes con discapacidades, dominio limitado del inglés o dificultad para leer tengan acceso al proceso de votación, que de por sí puede ser una experiencia ardua.
Para Cole, la votación implica que un cuidador lo debe llevar a un recinto de votación donde pueda votar desde el carro o desde afuera, y donde un trabajador electoral anote su información. Cole debe esperar que un funcionario electoral le lleve una máquina para votar a fin de que emita su voto.
Si tiene suerte, dijo, el proceso de votar le toma “45 minutos”. Otras actividades rutinarias que les toman a las personas sin discapacidades de 15 a 20 minutos, a Cole le pueden tomar “una hora o dos”, si no más.
Ya que la S.B.1 agregó sanciones para las personas que ayudan a los votantes, en su testimonio Cole dijo que debe escoger entre poner “en peligro” al ayudante que elija y asegurarse de “tener lo que necesito para poder votar debidamente”.
Las disposiciones de la S.B.1 que añaden obstáculos para él y otros residentes de Texas con discapacidades pueden tener consecuencias negativas. “Cada vez que se agrega incluso un pequeño obstáculo o barrera, se hace incluso más difícil, por lo que no lo haces [votar]”, explicó.
Ante un obstáculo más —incluso la posibilidad de riesgo legal— el precio de ejercer el derecho a votar puede ser demasiado alto.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
