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A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países democráticos, la ciudadanía estadounidense no puede decidir sobre cuestiones políticas mediante un referéndum nacional. Pero aproximadamente la mitad de las constituciones estatales en los Estados Unidos sí le conceden a su ciudadanía una versión de este poder, conocido como “democracia directa”, que permite recolectar suficientes firmas para presentar propuestas de ley o enmiendas constitucionales en las boletas y luego aprobarlas mediante el voto popular.
Este derecho de democracia directa, que ganó impulso en los Estados Unidos durante la Era Progresiva a principios de 1900, se instituyó como un control popular sobre el poder legislativo. En las últimas décadas, las legislaturas han intentado recuperar su monopolio en torno a la elaboración de políticas y, para ello, han estado proponiendo nuevos obstáculos contra las iniciativas ciudadanas como, por ejemplo, requisitos de una mayor cantidad de firmas, restricciones sobre quiénes pueden recolectar firmas y límites en cuanto a la magnitud de la iniciativa. La mayoría de estos esfuerzos han sido rechazados por el voto popular o por la justicia.
Este año, molestas por las recientes iniciativas ciudadanas exitosas sobre diversos temas que van desde la atención de salud hasta leyes laborales y cuestiones éticas en el gobierno, las legislaturas de Arizona y Dakota del Norte intentaron implementar esta táctica. El electorado dijo que no.
La democracia directa ha desempeñado un rol único en la historia de Arizona. Arizona es uno de los dos únicos estados en los que las mujeres obtuvieron el derecho al voto a través de una iniciativa ciudadana, años antes de que se incorporara este derecho a la Constitución de Estados Unidos. En los últimos años, el electorado ha utilizado iniciativas para aumentar el salario mínimo y también para incrementar los fondos impositivos destinados a financiar escuelas, la atención sanitaria y programas de desarrollo infantil.
Este año, la legislatura colocó una medida en la boleta —la Proposición 134— que habría hecho prácticamente imposible cualquier iniciativa ciudadana futura. Según las reglas actuales, quienes proponen una iniciativa deben recolectar la cantidad de firmas equivalentes al 10 por ciento de los votantes calificados para incluir una ley en la boleta y al 15 por ciento para incluir una enmienda constitucional. La medida de la legislatura habría exigido que se cumpliera ese requisito mínimo en cada uno de los 30 distritos del estado, lo cual básicamente le habría dado a cualquiera de esos distritos el poder de veto. Cabe destacar que la Corte Suprema de Idaho anuló un requisito mínimo más bajo en sus distritos (6 por ciento) porque consideró que “efectivamente invalidaba” la democracia directa de ese estado.
La legislatura de Arizona también propuso que se permita a los opositores impugnar las iniciativas ciudadanas en los tribunales antes de las elecciones, lo que habría añadido un nuevo obstáculo costoso antes de que la ciudadanía pueda decidir. Pero los votantes de Arizona rechazaron las dos medidas con una mayoría aplastante. También votaron en contra de otra propuesta legislativa que les habría quitado su derecho a destituir a un juez de su cargo mediante el voto.
Dakota del Norte hace poco recurrió a dos iniciativas incluidas en las boletas como una forma de control sobre sus representantes electos cuando promulgó una reforma ética y la implementación de límites en el mandato de los legisladores y del gobernador. Al igual que en Arizona, estos esfuerzos generaron una reacción adversa en este ciclo electoral. La senadora estatal Janne Myrdal (R) se quejó de que la constitución estatal quedaba “desnuda en la calle principal de Dakota del Norte, mientras cualquiera… de California o Nueva York podía lanzarle un dardo y jugar el juego por un millón de dólares para cambiar la ley en Dakota del Norte”. (Si bien la senadora tenía razón en que algunas iniciativas progresivas atraen fondos de otros estados, la verdad más amplia es que, cada vez que hay iniciativas de interés público en la boleta de un estado, muchas personas y grupos de otros estados de todas las banderas políticas donan fondos para respaldar u oponerse a esa iniciativa). Myrdal patrocinó y la legislatura aprobó una medida que habría restringido las iniciativas futuras de varias maneras.
En primer lugar, la medida habría aumentado la cantidad de firmas necesarias y prohibido que personas no residentes hicieran circular la propuesta y recolectaran firmas. En segundo lugar, habría autorizado a la secretaría de estado a revisar la iniciativa y rechazarla si la consideraba demasiado amplia. Por último, habría requerido que la iniciativa fuera aprobada por el electorado dos veces antes de entrar en vigencia. Si esta iniciativa se hubiera convertido en ley, habría hecho más difícil aprobar iniciativas la primera vez y, luego, también habría aumentado el poder de los oponentes con intereses especiales porque les habría permitido concentrar su financiamiento en medidas que calificaran para una segunda votación. Una clara mayoría de los votantes, el 56.5 por ciento, rechazó la propuesta de la legislatura.
Estas tácticas no son nuevas. En muchos estados que permiten presentar iniciativas ciudadanas, las legislaturas proponen medidas con regularidad que restringen u obstaculizan el camino de iniciativas futuras. Si bien estas medidas fracasan mucho más de lo que triunfan, proponerlas no les cuesta prácticamente nada a las legislaturas. Y en ocasiones sí se aprueban. La educación de los votantes seguirá siendo clave a la hora de preservar la democracia directa frente a este tipo de esfuerzos en elecciones futuras.
Traducción de Ana Lis Salotti.
