El 25 de marzo de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva titulada “Para preservar y proteger la integridad de las elecciones estadounidenses”. Esta orden ejecutiva, entre otras cosas, le ordena a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC), un organismo independiente, que modifique el formulario federal de registro de votantes para que incluya el requisito de presentar “un documento que demuestre ciudadanía estadounidense”.
También le pide a la comisión que retire los fondos a los estados que no incluyan el requisito de presentar una prueba de ciudadanía tal como lo estipula la orden o que no rechacen las boletas de voto recibidas por correo después del día de las elecciones, aun cuando se hayan enviado a tiempo según la ley del estado.
También le ordena a la Comisión modificar las Directrices del Sistema de Votación Voluntario para prohibir el uso de ciertos sistemas de votación y rescindir todas las certificaciones anteriores de los sistemas estatales. Estas directivas son ilegítimas porque violan la Constitución y las leyes federales.
El 1 de abril de 2025, el Brennan Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de D.C., la organización Asian Americans Advancing Justice, LatinoJustice y el Fondo de Defensa Legal presentaron una demanda federal, League of Women Voters v. Trump, que disputa la orden ejecutiva en el tribunal federal para el distrito de Columbia en contra del presidente Trump y la EAC.
Esta demanda se presentó en representación de la Liga de Mujeres Votantes de los Estados Unidos, la Liga de Mujeres Votantes de Arizona, el Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes, la Federación Hispánica (Hispanic Federation o HF), la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y las organizaciones Asian and Pacific Islander American Vote y OCA-Asian Pacific American Advocates.
La demanda disputa el pedido de la orden ejecutiva de que la EAC exija en el formulario federal el requisito de presentar un documento que demuestre ciudadanía para registrarse para votar, por ser este un abuso del poder presidencial.
Las partes demandantes argumentan que esta directiva es una violación de la doctrina de la separación de poderes. El presidente no puede dictar leyes electorales, solo el Congreso y los estados tienen esa autoridad.
Las partes demandantes también alegan que la orden es ilegal porque el presidente no tiene la autoridad de ordenarle a la EAC que implemente el requisito de exigirle a todo ciudadano estadounidense elegible que presente un pasaporte u otro documento de ciudadanía para registrarse para votar. Esto se debe a que la EAC es un organismo independiente sobre el cual el presidente no tiene ninguna autoridad y también porque un requisito de mostrar papeles violaría la Ley de Registro Nacional de Votantes.
