La influencia de las grandes donaciones en las campañas políticas ha crecido más que nunca desde la infame decisión de la Corte Suprema en el caso Citizens United v. Federal Election Commission, que permitió que las corporaciones y otros grupos externos puedan contribuir cantidades ilimitadas de dinero en nuestras elecciones. Chisun Lee, directora del Programa de Elecciones y Gobierno del Brennan Center, explica las estrategias para crear un sistema representativo más democrático.
¿Qué efectos negativos tienen las megadonaciones sobre nuestra democracia?
Poco más de diez años después de que la decisión de la Corte Suprema en la causa Citizens United desregulara efectivamente las donaciones en la política, los efectos antidemocráticos de las grandes donaciones ilimitadas se han hecho más evidentes y peligrosos. La creciente influencia de las megadonaciones no solo desbarata las políticas que deberían atender el interés público en temas fundamentales como el cambio climático, sino que ahora también debilita el sistema democrático.
¿Qué repercusiones tuvo el desequilibrio de las contribuciones sobre las elecciones de 2022?
En las elecciones legislativas de 2022, las pequeñas donaciones en las campañas políticas para el Congreso llegaron a niveles récord. Pero el dinero proveniente de grandes donantes fue tanto que las eclipsó. Eso no pasaba en 2010, el año en que se decidió la causa Citizens United. En ese momento, el total de las pequeñas donaciones era mucho más que lo que contribuían los 100 donantes más grandes. Pero en 2022, los 100 donantes más grandes contribuyeron un 60 por ciento más que todos los millones de pequeños donantes juntos. Y tan solo unos pocos multimillonarios aportaron el increíble porcentaje de 15 por ciento de todas las contribuciones para las elecciones federales.
En las elecciones legislativas, también hubo megadonantes que respaldaron con su dinero las candidaturas de personas que negaban los resultados de las últimas elecciones presidenciales y, en algunos casos, las colocaron en el mapa político. El multimillonario Peter Thiel aportó decenas de millones de dólares para impulsar las campañas políticas para el Senado de J. D. Vance y Blake Masters, ambos exsocios de Thiel que habían negado las últimas elecciones. Y unas siete fuentes contribuyeron $71 millones a candidatos que negaron los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Las mismas fuentes también aportaron al menos $64 millones con el objetivo de anular las elecciones de 2020 o manipular el proceso electoral para las elecciones de 2022.
¿Qué se puede hacer al respecto?
La financiación pública de campañas políticas, iniciativa que el Brennan Center ha promovido mediante el diseño de políticas públicas, y el activismo durante décadas, es la reforma más poderosa que tenemos para contrarrestar la gran influencia que ejercen las megadonaciones. La financiación pública de campañas políticas mediante pequeñas donaciones incentiva a las candidatas y candidatos a conseguir el apoyo de la ciudadanía en general y no solo de unos pocos donantes ricos. Cuando se diseña correctamente, esta política permite que las candidatas y candidatos participantes dependan principalmente del apoyo del electorado y, aun así, puedan recaudar la cantidad de dinero que necesitan para competir en la era de los súper-PAC. También ayuda a reducir las barreras financieras que enfrentan las mujeres, las personas no blancas y otros grupos históricamente desfavorecidos que buscan una mayor representación en los cargos de elección popular.
Ya hay programas de financiación pública que demuestran una mayor participación entre pequeños donantes —y en comunidades de diversos niveles socioeconómicos— que el sistema tradicional de financiación de campañas. Incluso después de la causa Citizens United, la financiación pública sigue siendo una política constitucionalmente válida.
Las personas encargadas de diseñar y aprobar leyes también deben resolver los vacíos legales que permiten la proliferación de donaciones anónimas imposibles de rastrear y la coordinación entre los grandes donantes y las candidatas y candidatos. Las medidas que exigen transparencia y evitan una coordinación corrupta no solo siguen siendo constitucionales después de Citizens United, sino que también son características que la Corte Suprema supuso que iban a impedir que las contribuciones ilimitadas terminen debilitando nuestra democracia. El ingrediente que falta es la voluntad política para fortalecer estas medidas. Continuaremos abogando por estas reformas a nivel federal y estatal.
¿Qué reformas se adoptaron el año pasado?
Luego de años de activismo, promoción y defensa que ayudamos a liderar, se lanzó en noviembre de 2022 en el estado de Nueva York un programa pionero de financiación pública mediante pequeñas donaciones. Este programa es la respuesta legislativa más fuerte de la nación tras el fallo de Citizens United. Le dará a los neoyorquinos la oportunidad de luchar contra la influencia de las grandes donaciones y les brindará a las y los candidatos que decidan participar un modo de recaudar sumas de dinero competitivas a partir del apoyo comunitario que tengan. Esperamos que este programa sirva de modelo para otros estados y para el gobierno federal.
También en 2022, en Oakland, California, y en Portland, Maine, se aprobaron medidas para crear otros programas de financiación pública. Estas ciudades se suman a los 15 estados y 21 municipalidades en todo el país que ya tienen programas de financiación pública. Los programas existentes siguen dando resultados asombrosos. Impulsan el apoyo comunitario de las candidatas y candidatos y les posibilitan ganar elecciones aun cuando los súper-PAC siguen haciendo contribuciones. Además, les permiten a personas de grupos históricamente desfavorecidos competir en las elecciones e incorporan a donantes nuevos y más diversos en el proceso político.
¿Qué ocurrirá con la financiación pública mediante pequeñas donaciones?
El impulso está creciendo. Además del nuevo programa de Nueva York, ya arrancó el primer ciclo del programa de Denver. Y pronto se lanzarán los programas de financiación pública en los condados de Baltimore y Prince George en Maryland.
Esta creciente demanda forma parte de un deseo más amplio de la sociedad de reparar un statu quo en materia de financiación de campañas que debilita nuestra voz y voto. En 2022, el electorado de Arizona, que en otros temas está muy dividido, votó con más del 70 por ciento a favor de una medida incorporada en las boletas que busca aumentar la transparencia en las donaciones electorales.
Si estas políticas siguen teniendo éxito en los sitios donde se implementaron, hay motivos de sobra para creer que habrá más localidades y estados que las adopten.
Traducción de Ana Lis Salotti.