- Los republicanos de Florida ahora están acariciando la idea de aprobar tres proyectos de ley que básicamente acabarían con la democracia directa en Florida.
- Además de violar las protecciones de la constitución estatal en cuanto al proceso de petición de iniciativas, el S.B. 1414 y los otros proyectos de ley violarían las protecciones federales en torno a la libertad de expresión que se aplican a las elecciones en general.
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Las iniciativas ciudadanas, incluso las muy favorecidas, son extremadamente difíciles de aprobar en Florida. En esta sesión legislativa, que se inicia tras una elección muy reñida con respecto a iniciativas por el derecho al aborto y la despenalización de la marihuana, el gobernador Ron DeSantis y sus legisladores aliados están intentando acabar con este proceso de iniciativas para siempre, mediante un paquete de restricciones prohibitivas e impopulares, parecidas a las que varios tribunales han invalidado en otros sitios.
La democracia directa en Florida
Florida es uno de los 16 estados que permiten que sus ciudadanos presenten enmiendas constitucionales sin la aprobación del poder legislativo. Esta facultad es una importante forma de democracia directa, en la que la ciudadanía puede promulgar directamente políticas específicas mediante un voto popular, en lugar de hacerlo indirectamente mediante sus representantes electos.
Florida también permite que la legislatura coloque enmiendas constitucionales en la boleta para someterlas al voto popular, un mecanismo de democracia indirecta que existe en todos los estados, excepto en Delaware.
Mientras que la mayoría de estos 16 estados instituyó la democracia directa durante la Era Progresiva a comienzos del siglo veinte, Florida es uno de los pocos estados que la adoptaron más tarde, en la década de los 60. Durante estos dos períodos, quienes defendían las reformas querían crear un mecanismo de control sobre las legislaturas estatales por la preocupación de que fueran propensas al autogobierno o a la influencia de intereses especiales.
En Florida, esta reforma surgió como respuesta a las décadas en que la legislatura se resistía a volver a trazar distritos legislativos desactualizados para garantizar una representación justa. Como era de esperar, los legisladores que ya ocupaban el poder y se habían beneficiado de los distritos electorales mal distribuidos no querían volver a distribuirlos y perder su cargo.
Al final, los tribunales federales obligaron a una redistribución de distritos que alteró el equilibrio de poder lo suficiente como para abrirle la puerta a la celebración de una muy necesitada convención constitucional y a la ratificación de una nueva Constitución de Florida en 1968.
A lo largo de los años, el electorado de Florida ha usado la democracia directa para promulgar varias políticas favorecidas por la ciudadanía, pero que la legislatura se negaba a aprobar, como los aumentos en el salario mínimo, las protecciones ambientales, los límites en el mandato de ciertos cargos electos, la restauración del derecho al voto para ciudadanos con condenas previas por delitos mayores, y la legalización de la marihuana con usos médicos.
Ataques recientes contra las iniciativas ciudadanas
Al igual que en algunos otros estados, la Legislatura de Florida ha intentado debilitar este mecanismo de control a lo largo de los años. Y lo ha logrado en varios casos, el más famoso fue en 2006 cuando convenció al electorado de elevar la cantidad mínima de votos necesarios para aprobar una medida colocada en la boleta del 50 al 60 por ciento de los votos. Solo unos pocos estados tienen un requisito tan alto como este.
A pesar de este obstáculo, los grupos de defensa han persistido y propuesto muchas iniciativas en Florida, como las dos medidas colocadas en la boleta electoral de 2024 que habrían protegido el derecho al aborto y la despenalización de la marihuana de uso recreativo.
Al ver la popularidad de la iniciativa por el derecho al aborto, DeSantis y algunos legisladores estatales realizaron un nuevo intento de evitar que esta iniciativa (apenas) alcanzara el requisito del 60 por ciento de los votos y hasta llegaron a difundir desinformación avalada por el estado e intimidar a medios de comunicación y activistas.
A pesar de estos descarados esfuerzos, las dos iniciativas consiguieron el apoyo de la mayoría y casi se aprobaron, lo cual pone de manifiesto el hecho de que el gobierno estatal está muy alejado de la opinión pública en cuanto a estos temas sociales clave.
En lugar de arriesgarse a entrar en otra batalla como esa, los republicanos de Florida ahora están acariciando la idea de aprobar tres proyectos de ley que básicamente acabarían con la democracia directa en Florida. El senador estatal Blaise Ingoglia presentó el proyecto de ley S.B. 1414, una medida sin precedentes propuesta por DeSantis que haría imposible que quienes patrocinan una iniciativa la puedan colocar en la boleta.
Bajo la excusa de “fortalecer la integridad del proceso de petición de iniciativas”, el proyecto S.B. 1414 prohibiría, entre otras restricciones, que un grupo de defensa recolecte las firmas necesarias y, en su lugar, requeriría que cada persona firmante, o signataria, presente el formulario por correo o en persona. Dicho en términos simples, no habría forma de que un grupo de defensa pueda recolectar el casi 1 millón de firmas necesarias, sin tener que recolectarlas directamente a través de voluntarios o personal remunerado.
También se presentaron otros dos proyectos de ley, el H.B. 1205 y el S.B. 7016, que desalentarían la presentación de iniciativas por medio de una combinación de obstáculos como altos costos, plazos inviables, requisitos invasivos de divulgación de información para las personas signatarias (como el requisito de incluir su número de licencia de conducir o parte de su número de seguridad social en el formulario de petición), comunicaciones enviadas por correo de parte del estado a todas las personas signatarias (lo cual compromete aún más su privacidad), la autorización de demandas por molestias o perjuicios, y la imposición de sanciones civiles y penales severas hasta por equivocaciones de buena fe o plazos incumplidos.
Las restricciones sobre el proceso de petición de iniciativas son extremadamente impopulares, incluso entre los votantes republicanos en Florida. A nivel nacional, cuando se las somete al voto popular, casi siempre fracasan. Por eso, esta vez DeSantis y sus aliados ni siquiera se molestaron en tratar de convencer a la ciudadanía y, en cambio, están proponiendo que la legislatura actúe unilateralmente.
Protecciones judiciales para votantes y proponentes de iniciativas
Al querer pasar por encima del electorado, estos legisladores se enfrentan contra el derecho constitucional estatal y federal de larga tradición.
Para empezar, los proyectos de ley propuestos violarían lo establecido por el histórico caso Browning v. Florida Hometown Democracy de 2010 en Florida, en el que la corte suprema del estado invalidó una legislación que habría creado una forma para que los signatarios de peticiones pudieran revocar su firma.
Al anular esta disposición, la corte confirmó que el Artículo XI de la constitución estatal establecía el derecho fundamental de enmendar la constitución mediante iniciativas ciudadanas como un mecanismo de control sobre la legislatura. La corte luego fijó una prueba clara y exigente para determinar cuándo la legislatura podía infringir ese derecho: cualquier restricción legislativa debe estar “autorizada expresamente” o “contemplada implícitamente” por la constitución, o bien debe ser “necesaria para la integridad del voto”.
La corte citó una ley que crea un proceso de verificación de firmas como ejemplo de una restricción permisible que estaría “contemplada implícitamente” por la constitución de Florida, ya que la constitución requiere que las peticiones de iniciativas estén firmadas por un número específico “de electores”.
En cambio, explicó la corte, la constitución no contempla un proceso de revocación de firmas. Este proceso tampoco es necesario para la integridad del voto, porque Florida ya mantiene la integridad mediante la actualización de las listas de registro de votantes, los procedimientos de verificación de firmas y la imposición de sanciones penales por fraude o falsificación.
Según la causa Browning, si la legislatura quiere restringir la democracia directa de modos que no estén contemplados por el texto de la constitución o no sean necesarios para la integridad del voto, debe someter esa restricción al voto popular y conseguir el 60 por ciento de los votos. Este dictamen coincide con otros casos en los que las cortes supremas estatales han examinado muy de cerca y, a menudo, rechazado los esfuerzos legislativos de erradicar la democracia directa sin la aprobación del electorado.
Sin duda, la prohibición del proyecto S.B. 1414 sobre la recolección de firmas por parte de terceros viola lo dispuesto por el caso Browning. Nada en la constitución “contempla” una restricción tan estricta como la que se propone. Al contrario, la constitución estipula que quienes patrocinan una iniciativa pueden iniciar el proceso presentando las firmas requeridas, tal como ocurre en los estados que tienen un proceso de petición de iniciativas.
DeSantis y sus aliados tampoco pueden argumentar que el proyecto de ley S.B. 1414 es necesario para la integridad del voto; tal como dejó en claro la causa Browning, la ley de Florida ya tiene amplias salvaguardias contra el fraude.
Muchas y hasta quizá la mayoría de las otras restricciones incluidas en los proyectos S.B. 1414, S.B. 7016 y H.B. 1205 son inconstitucionales por las mismas razonas: nada en la constitución estatal contempla el requisito de que los signatarios de peticiones deban divulgar información personal sensible ni la imposición de sanciones penales severas contra los grupos que recolectan firmas por pequeños errores, como no presentar una firma a los 10 días de haberla recolectado.
Además de violar las protecciones de la constitución estatal en cuanto al proceso de petición de iniciativas, el S.B. 1414 y los otros proyectos de ley violarían las protecciones federales en torno a la libertad de expresión que se aplican a las elecciones en general.
En el caso Meyer v. Grant de 1988, la Corte Suprema federal determinó que Colorado había violado la Primera Enmienda cuando prohibió que los grupos que patrocinaban una iniciativa les pagaran a quienes hacían circular las peticiones. Fundamentalmente, la Corte estableció que la circulación de peticiones es una forma de “discurso político crucial”, porque implica la “comunicación personal” e “interactiva” de un mensaje político.
Al igual que la corte suprema de Florida en el caso Browning, la Corte Suprema federal hizo caso omiso del argumento infundado de Colorado de que tenía que restringir con firmeza los esfuerzos de recolección de firmas para prevenir el fraude.
La Corte señaló que no solo no había ninguna prueba real de fraude en el proceso de recolección de firmas, sino que los riesgos inherentes eran pequeños comparados a los riesgos generales de un fraude electoral, porque la recolección de firmas solamente coloca una iniciativa en la boleta y aún se debe conseguir el voto del electorado para aprobarla.
La Corte también rechazó la defensa de Colorado de que había dejado abiertas otras avenidas de comunicación y defensa, y respondió que “la Primera Enmienda protege el derecho de las partes apeladas de no solo defender su causa, sino también de seleccionar el medio que crean más efectivo para hacerlo”. Los magistrados se ofendieron, en particular, por el uso de Colorado de las sanciones penales para hacer cumplir las restricciones sobre la recolección de firmas.
Al cabo de unos años, la corte reafirmó la causa Meyer y la amplió para abarcar otras restricciones, tales como los requisitos de que quienes hacen circular peticiones deben divulgar su información personal, en el caso Buckley v. American Constitutional Law Foundation. En los últimos años, los tribunales inferiores han aplicado con precisión lo dispuesto en las causas Meyer y Buckley para anular distintas restricciones que les hacían más difícil recolectar firmas a quienes patrocinaban iniciativas.
Dados estos precedentes, la prohibición del proyecto de ley S.B. 1414 contra la recolección de firmas de parte de grupos de voluntarios es abiertamente inconstitucional, ya que supera por mucho las restricciones que la Corte Suprema y otros tribunales inferiores han revocado una y otra vez.
Los otros proyectos de ley pendientes en Florida que desalentarían el discurso político mediante la imposición de sanciones de delitos mayores también violarían lo dictado por la causa Meyer y las que le siguieron. De hecho, incluyen restricciones específicas —como prohibiciones contra la recolección de firmas por parte de grupos o personas no ciudadanas y sanciones penales por retener cualquier información sobre votantes— que un tribunal federal de distrito ya ha bloqueado en una serie de casos consolidados que disputaban una legislación de Florida de 2023.
En conclusión, los proyectos de ley S.B. 1414, S.B. 7016 y H.B. 1205 son intentos descarados e inconstitucionales de arrebatarle el poder al electorado de Florida y borrar un derecho fundamental que ha existido durante casi 60 años. Que nadie se deje engañar: estos proyectos de ley no son un intento de fortalecer la integridad electoral.
Gabriel Levitt y Connie Wu ayudaron con la investigación para este artículo.
Traducción de Ana Lis Salotti.
