Los casi 700,000 residentes de Washington DC no tienen plena representación electoral en el Congreso, a pesar de que son ciudadanos estadounidenses, pagan impuestos federales y sirven en el ejército. Esta falta de representación política para el Distrito de Columbia -que tiene más habitantes que Vermont y Wyoming e históricamente una gran población negra- es una de las formas en que nuestro sistema político priva de derechos y representa de manera inadecuada a los votantes de raza negra. El gobierno federal también ejerce un enorme poder sobre el distrito, sin rendir cuentas a los residentes cuyas vidas se ven afectadas.
Los defensores de la democracia llevan mucho tiempo presionando para subsanar este déficit democrático. Tras años de frustración, el movimiento ha alcanzado recientemente un logro importante. En 2020 y de nuevo en 2021, la Cámara aprobó la H.R. 51, la Ley de Admisión de Washington, DC. Si es aprobada por el Senado y firmada por el presidente, daría a los votantes de la capital de nuestra nación la posibilidad de participar plenamente en nuestra democracia al admitir a “Washington, Estado Libre Asociado de Douglass” como el estado número 51.
¿Cuáles son los orígenes de la falta de representación electoral absoluta de DC?
La Cláusula de Distrito, que se encuentra en el Artículo I de la Constitución, otorgó al Congreso la facultad de establecer un distrito de capital federal “que no exceda las diez millas cuadradas” donde “ejercerá la legislación exclusiva en todos los casos”.
Pero los autores de la Constitución cometieron una grave omisión: no proporcionaron un medio de representación para los futuros residentes del distrito. En la Constitución, los puestos en el Congreso y los votos en el Colegio Electoral se reparten entre los estados, pero el distrito no es un estado.
En sus primeros años, Estados Unidos no tenía una capital permanente y el Congreso se reunía en varias ciudades. Después de que el presidente George Washington eligiera un sitio en el río Potomac para la capital permanente, la Ley Orgánica del Distrito de Columbia de 1801 otorgó al Congreso la jurisdicción exclusiva sobre el territorio del distrito, privando a sus residentes del derecho al voto que anteriormente tenían como ciudadanos de Maryland y Virginia.
¿Cuál es la historia del movimiento por la estadidad y autonomía de DC?
Durante muchos años, los residentes del distrito han hecho campaña para asegurar el mismo derecho al voto del que gozan los ciudadanos de los estados. Estos esfuerzos se intensificaron durante la época de los derechos civiles, lo que condujo al primer éxito del movimiento. En 1960 el Congreso aprobó la 23ª Enmienda, que permitió a los ciudadanos de DC votar en las elecciones presidenciales. La medida fue ratificada por los estados en 1961. (Una versión anterior de la enmienda, aprobada sólo por el Senado, también habría permitido la representación electoral en la Cámara).
Sobre la base de este éxito, los reformistas se centraron en dos nuevos objetivos: obtener representación en el Congreso y reclamar el control de los asuntos locales. La Ley de Delegados del Distrito de Columbia de 1970 permitió a los residentes de DC elegir un delegado sin derecho a voto en la Cámara. La Ley de Autonomía de 1973 les permitió elegir su propio alcalde, así como un consejo municipal de 13 miembros.
También en 1979, la Enmienda sobre el Derecho al Voto en DC, que le habría otorgado el mismo estatus que a un estado -representación tanto en la Cámara como en el Senado, así como el proceso de enmienda constitucional- fue aprobada en ambas cámaras del Congreso por la mayoría necesaria de dos tercios. Sin embargo, al final la medida sólo fue ratificada por 16 estados, muy por debajo de los 38 necesarios para entrar en vigor.
En la actualidad, DC sigue careciendo de un voto en el Congreso y está privado de otros atributos propios de la categoría de estado y del pleno control de su propio gobierno.
¿Cómo ha afectado el estatus de DC a sus residentes?
El eslogan “End Taxation Without Representation” (No hay tributación sin representación), que aparece en las placas de carro de DC, pone de manifiesto uno de los principales perjuicios causados por la falta de representación electoral en el Congreso. Los residentes de DC pagan más impuestos federales por persona que cualquier otro estado, y aún más que 22 estados juntos.
El Congreso sigue ejerciendo una amplia autoridad sobre el presupuesto de DC, conservando el derecho, en virtud de la Ley de Autonomía, de revisar y anular cualquier legislación aprobada por el gobierno local del distrito, con importantes consecuencias para sus residentes. Por ejemplo, el Congreso sigue bloqueando la capacidad del distrito para regular y cobrar impuestos en el mercado del cannabis, que fue legalizado por los votantes de DC en 2014. El Congreso bloqueó durante años otras políticas importantes de DC, como un programa de salud pública de intercambio de agujas y la cobertura del seguro médico para las parejas domésticas.
La falta de representación electoral en el Congreso también impide que el distrito reciba su parte justa de recursos federales. Cuando el Congreso aprobó un paquete de ayuda contra el coronavirus en marzo de 2020, al distrito le faltaron millones de dólares en ayuda federal porque se le trató como un territorio estadounidense y no como un estado.
Mientras que el gobierno local supervisa el Departamento de Policía Metropolitana de DC, la Guardia Nacional de DC depende del presidente. Esta estructura jerárquica es diferente a la de las demás Guardias Nacionales, que dependen de su gobernador estatal o jurisdiccional. Las consecuencias de esta disparidad se tornaron particularmente severas durante las protestas contra la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd: en junio de 2020, el presidente Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional de DC para reprimir una manifestación pacífica de Black Lives Matter, una medida considerada por muchos de sus residentes como una “invasión hostil.” Meses después, en medio de la tardía respuesta de las fuerzas del orden a la insurrección del Capitolio el 6 de enero de 2021, la ayuda probablemente habría llegado antes si el alcalde hubiera tenido autoridad sobre la Guardia Nacional de DC.
¿Qué es la Ley de Admisión de Washington, DC?
El proyecto de ley convertiría la mayor parte del actual Washington, DC, en un nuevo estado llamado Washington, Douglass Commonwealth. El nuevo estado estaría en igualdad de condiciones con los 50 existentes, con el mismo nivel de control sobre sus propios asuntos y con plena representación electoral en el Congreso, con dos senadores y un representante. Un pequeño distrito capital que comprende el complejo del Capitolio, la Casa Blanca, el National Mall, y otros terrenos federales, seguiría bajo la autoridad del Congreso como sede del gobierno federal.
¿Puede el Congreso admitir a DC como estado?
Sí. La Constitución confiere al Congreso un amplio poder para admitir nuevos estados a través de la legislación del artículo IV, con dos limitaciones: los estados no pueden formarse a partir del territorio de los estados existentes sin su consentimiento y las jurisdicciones que deseen unirse a la Unión como estados deben tener una forma republicana de gobierno. El Congreso ha aplicado históricamente dos criterios adicionales a la hora de considerar la admisión de un nuevo estado. Las peticiones por la categoría de estado deben reflejar el deseo de los habitantes de esa jurisdicción, y cualquier nuevo estado debe tener la población y los recursos suficientes para mantenerse y contribuir al gobierno federal.
Admitir al Estado Libre Asociado de Douglass como el 51º estado a través de la legislación ordinaria no sólo es permisible, sino que también es coherente con la forma en que fueron admitidos los otros 37 estados no originales, desde Vermont en 1791 hasta Hawái en 1959. El argumento de que la Ley de Admisión de Washington, DC es de alguna manera diferente, en el proceso o en el efecto político, es falso.
Además, la autoridad exclusiva del Congreso sobre el distrito incluye la facultad de revisar sus límites en virtud del Artículo I. En 1846, el Congreso ejerció esta facultad para modificar el límite original del distrito de “diez millas cuadradas”, devolviendo tierras previamente cedidas por Virginia. Los tribunales también han considerado que la Cláusula de Distrito de la Constitución contiene un lenguaje “extenso e inclusivo”, que permite al Congreso un amplio margen para modificar la periferia del distrito federal.
¿Qué argumentos se esgrimen contra la categoría de estado de DC?
Los opositores han planteado varios argumentos que cuestionan la constitucionalidad de la admisión del distrito como estado. Algunos sostienen que se requiere el consentimiento de Maryland, el estado del que se concedieron originalmente las tierras. Esta opinión se contradice con la documentación histórica que muestra que cuando Maryland cedió el territorio, estipuló que la tierra era “cedida y renunciada para siempre... en pleno y absoluto derecho y jurisdicción exclusiva”.
Adicionalmente, algunos han afirmado que la 23ª Enmienda prohíbe la categoría de estado, porque autoriza al Congreso a conceder votos electorales al distrito. Un grupo de casi 40 prominentes académicos constitucionales argumenta de manera convincente lo contrario. Aunque puede ser apropiado que el Congreso derogue la 23ª Enmienda una vez que la mayor parte de DC se convierta en un estado, la existencia de la misma no excluye de ninguna manera la admisión de DC como un nuevo estado.
Además, algunos opositores afirman que, como los esfuerzos anteriores para conceder a los residentes del distrito la plena representación con derecho a voto en el Congreso han tomado a veces la forma de propuestas de enmiendas constitucionales, la categoría de estado no puede lograrse mediante la legislación. Sin embargo, no hay ninguna base histórica, constitucional o legal para esta afirmación. Muchos movimientos por el cambio, como la lucha por eliminar la discriminación basada en el sexo y el género a través de la Enmienda por la Igualdad de Derechos, adoptaron inicialmente la forma de enmiendas fallidas cuyas protecciones se convirtieron posteriormente en leyes.
Asimismo, una distinción crucial es que cuando el esfuerzo de enmienda de la categoría de estado de 1979, que no tuvo éxito, reflejó el intento del Congreso de dar a los residentes de DC ciertos atributos de esta categoría (representación en el Congreso) sin convertir realmente a DC en uno. El fracaso de este esfuerzo no impide la admisión de un nuevo estado a través de los procesos establecidos en la Constitución, que es un ejercicio legislativo sencillo.
Por último, los opositores también afirman que el distrito carece de la población y los recursos necesarios para ser un estado. Sin embargo, su población -más de 670,000 habitantes en 2021- es aproximadamente similar a la de siete estados. El distrito también ha demostrado su capacidad para manejar sus propios asuntos.
¿Qué hace que la categoría de estado de DC sea una cuestión de derechos civiles?
De ser admitido, DC tendría la mayor proporción de residentes negros de todos los estados. Durante décadas, a partir de los años sesenta, la ciudad tuvo una población mayoritariamente negra, que seguía representando casi la mitad de sus residentes.
La privación de derechos a los votantes negros ha formado parte, tanto explícita como implícitamente, de los argumentos en contra de los esfuerzos por ampliar el derecho al voto y la representación a lo largo de la historia de Estados Unidos. De hecho, los historiadores han documentado cómo el debate sobre la privación de derechos de los residentes de DC siempre ha estado vinculado a la demografía racial de la zona y al poder político de los negros. Los argumentos del pasado eran a menudo explícitos, desde el comentario de 1890 del senador John Taylor Morgan de Alabama, que describía la eliminación de los derechos electorales locales después de la Reconstrucción como si el Congreso “quemara el granero para deshacerse de las ratas... las ratas eran la población negra”, hasta la afirmación de los años 70 de Pat Buchanan de que la representación en el Congreso de DC sería un “programa de acción afirmativa”.
La omisión de los residentes de DC de una voz en el Congreso contribuye a la escasa representación de los votantes no blancos en el sistema político estadounidense. Según un análisis del New York Times, basado en el poder de voto de cada senador estadounidense, el negro estadounidense promedio recibe “sólo el 75 por ciento de representación que el blanco”.
De hecho, gran parte de la oposición a la categoría de estado de DC es puramente partidista y con demasiada frecuencia se hace eco de argumentos anticuados y con base en la raza. En efecto, en 1978, el senador Ted Kennedy (demócrata de Massachusetts) atribuyó la resistencia a conceder la plena representación a DC al “temor de que los senadores elegidos del Distrito de Columbia sean demasiado liberales, demasiado urbanos, demasiado negros o demasiado demócratas”.
¿Cuáles son las perspectivas de la categoría de estado de DC?
Los partidarios de la categoría de estado alcanzaron un importante logro en junio de 2020, cuando la Cámara de Representantes votó por primera vez a favor de la admisión del Estado Libre Asociado de Douglass como estado, aprobando la H.R. 51 por 232 votos a favor y 180 en contra. En abril de 2021 volvió a aprobar la medida por un margen más estrecho de 216 a 208. Ambas votaciones se han realizado casi en su totalidad en función de las líneas de partido, sin obtener el apoyo de los republicanos. Si bien el Senado no ha retomado la medida, allí también hay una importante oposición del Partido Republicano: el proyecto de ley del Senado sólo tiene copatrocinadores demócratas, mientras que los senadores republicanos criticaron el proyecto en una audiencia de la comisión de junio de 2021, a menudo en términos sorprendentemente partidistas.
No siempre ha habido una división partidista sobre el tema. El objetivo de ampliar la representación electoral del distrito obtuvo el apoyo bipartidista, incluso de los principales líderes republicanos. En 1968, el presidente Richard Nixon argumentó que la falta de voz en el Congreso para los residentes de DC “debería ofender el sentido democrático de esta nación”. A medida que se hizo evidente que los votantes del distrito probablemente enviarían a los demócratas al Congreso, el apoyo republicano comenzó a disminuir. Sin embargo, a medida que cambien los patrones de votación, esto podría cambiar como ha sucedido en otros estados.
No obstante, el derecho electoral de los residentes de DC no debería depender del candidato por el que voten. La categoría de estado de DC es crucial para garantizar a todos los estadounidenses en condiciones de hacerlo el pleno derecho al voto. Junto con otras reformas democráticas a nivel federal, es una parte necesaria para dar a cada estadounidense una voz significativa en las normas que rigen sus vidas.
Traducción de Anwar A. Martínez.
