Unos días antes y después de la elección del año 2020, la campaña del presidente Trump y sus partidarios presentaron una avalancha de demandas en un intento de utilizar los sistemas judiciales estatales y federales para alterar los resultados de la elección. El Brennan Center siguió la trayectoria de estas demandas que se fundamentaron en su mayor parte en la desinformación información del fraude electoral, y que fueron rechazadas de forma abrumadora por los tribunales.
A medida que comenzaba el año 2021, el Brennan Center rastreó otra tendencia: Una ola sin precedentes de proyectos de ley que restringen el voto en las legislaturas estatales. El año pasado, 19 estados promulgaron 34 nuevas leyes para restringir el acceso al voto, y las legislaturas estatales no muestran indicios de aminorar su marcha en 2022.
Las principales acusaciones en las que se basan la mayoría de las demandas se centran en las reclamaciones acerca de la seguridad del proceso del voto por correo. No es una sorpresa que el tema más común de la nueva legislación restrictiva del voto el año pasado fue un esfuerzo para restringir el voto por correo. Estas demandas y proyectos de ley restrictivos que se basan en afirmaciones acerca del fraude masivo en el voto por correo son simplemente falsas: Las pruebas indican sistemáticamente que el voto por correo ha demostrado ser seguro.
Sin embargo, nuestra investigación concluyó que las demandas del año 2020, y los proyectos de ley del año 2021, mencionan constantemente este mismo conjunto de información errónea. En muchos estados, las conexiones son bastante específicas.
Por ejemplo, en Arizona, se presentó una demanda que impugnaba los resultados de la elección presidencial de 2020 basándose en varias afirmaciones falsas acerca del fraude electoral, incluyendo la afirmación de que personas que estaban fuera del estado votaban en las urnas en Arizona.
Este caso fue desestimado, pero en 2021, los legisladores de Arizona presentaron un proyecto de ley para ampliar las purgas del censo con el objetivo de retirar de los padrones electorales a supuestos votantes que estaban fuera del estado.
En Wisconsin, en varios casos se objetó que los funcionarios electorales aceptaran una identificación sin fotografía para los votos en ausencia durante la pandemia, aludiendo a la exención de la ley al requisito de identificación del estado para aquellos votantes que se encontraban “confinados de manera indefinida”.
En un caso presentado semanas después del día de la elección, Trump buscaba anular casi 30,000 votos en Wisconsin, que fueron emitidos conforme a esta excepción. En 2021, se presentaron dos proyectos de ley (uno de ellos fue aprobado por la legislatura, pero posteriormente fue vetado por el gobernador) para anular la exención de la identificación para los votantes que estaban confinados de manera indefinida.
Y en Michigan, se presentó un caso que impugnaba el sistema estatal por internet para solicitar boletas de votación en ausencia, en particular por la falta de una “firma autógrafa”, y argumentando que “el sistema online… invita a un fraude” que pudiera afectar el resultado de las elecciones.
En 2021, los legisladores presentaron un proyecto de ley que prohibía específicamente el uso de las firmas electrónicas para solicitudes de boletas de ausentes, y que requerían una firma física. Otros cargos sin fundamentos en contra de la elección del año 2020 se reflejaron de manera similar en la legislación del 2021 en todo el país.
El Brennan Center le dio seguimiento a cientos de demandas relacionadas con la elección del año 2020. Para este análisis, nos concentramos exclusivamente en el subconjunto de demandas que Trump y sus partidarios presentaron, que se basaban en argumentos falsos acerca del fraude electoral, y buscaban alterar o anular la elección.
Incluimos las demandas presentadas antes de la elección que se basaban en afirmaciones de fraude electoral, y procuraban detener ciertos métodos de votación o hacer que se emitieran ciertas categorías de votos.
También incluimos las demandas presentadas después de las elecciones que utilizaban argumentos falsos de fraude con el fin de invalidar ciertas categorías de votos o anular las elecciones en su totalidad. Excluimos los casos presentados por litigantes que actuaban en su propia representación que hacían acusaciones imprecisas de fraude que no eran específicas a ningún estado o jurisdicción.
Lo que quedo fue una serie de demandas presentadas en 17 estados con base en argumentos falsos de fraude y que intentaban alterar o anular las elecciones. Después comparamos los argumentos presentados en estos casos con las disposiciones restrictivas en los proyectos de ley que se introdujeron y promulgaron en estos 17 estados en 2021. Encontramos una marcada concordancia.
En general, encontramos que:
- El presidente Trump y sus partidarios presentaron demandas que no prosperaron, en las que promovían afirmaciones falsas acerca del fraude electoral e intentaban socavar o anular las elecciones en 17 estados, por lo menos, e inmediatamente después de las elecciones del año 2020.
- En 2021, los legisladores en 16 de estos 17 estados introdujeron los proyectos de ley para restringir el acceso al voto.
- En 15 de estos 16 estados, por lo menos una de las disposiciones en un nuevo proyecto de ley de voto restrictivo pareciera estar diseñada para abordar una falsa inquietud acerca del fraude electoral planteada en una demanda por la campaña de Trump o sus aliados en las que procuraban alterar o anular las elecciones de 2020 en ese estado. Cada una de estas demandas fue desestimada,a fin de cuentas.
Las similitudes son igualmente firmes cuando se observa únicamente la categoría más extrema de las demandas: Las demandas presentadas después del día de las elecciones que intentan anular los resultados o bloquear la certificación de una elección.
- Este tipo de demanda fue presentada por lo menos en 12 estados.
- En 11 de los 12 estados en donde Trump y sus partidarios presentaron un litigio espurio en el que se intentaba anular los resultados de la elección del año 2020, una de las disposiciones en un proyecto de ley del año 2021 parece estar diseñada para abordar los falsos argumentos expresados en dichas demandas.
Los casos en que se procura anular los resultados de la elección con base en falsas teorías de fraude fueron universalmente rechazados por los tribunales. Los estudios han demostrado sistemáticamente que el fraude electoral es un fenómeno cada vez menos frecuente. Los funcionarios electorales y los expertos en seguridad coinciden que la elección de 2020 fue una de las más seguras de la historia moderna, y que los funcionarios electorales de ambos bandos han desmentido las afirmaciones de fraude electoral.
Aun así, se presentaron proyectos de ley en 2021 para solucionar el mismo “problema” planteado en las demandas que adoptan estas doctrinas falsas: Un problema que no existe. Estas pruebas ponen en claro que tanto la ola de los litigios en contra de los votantes en el año 2020, como la ola de legislación contra los votantes en 2021 fueron basados, parcialmente, por lo menos, en el mismo conjunto de información errónea y las acusaciones de que la elección del 2020 no era válida.
Algunos estados tuvieron más litigios y más legislación restrictiva para la votación, que otros. Un análisis más profundo de tres estados, que incluyeron extensos litigios en contra de los votantes y largas listas de nuevos proyectos de ley restrictivos en 2021 (Georgia, Pensilvania y Texas) demuestra los vínculos que existen entre los argumentos falsos acerca del fraude electoral en las demandas del año 2020 y las disposiciones restrictivas de los proyectos de ley del año 2021.
Estudio de caso: Georgia
Se presentaron docenas de demandas en Georgia alegando falsedades acerca de las elecciones generales de 2020 y las elecciones de segunda vuelta del Senado en enero de 2021, desde argumentar un fraude electoral masivo hasta objetar a diversos procedimientos y políticas electorales que permitían que los votantes emitieran sus votos con mayor facilidad en 2020.
Muchas de las mismas afirmaciones que impulsaron los litigios alrededor de las elecciones de 2020 y las segundas vueltas de las elecciones en Georgia en el año 2021 inspiraron partes de la legislación que presentaron los legisladores estatales el año pasado, con el fin de restringirle el acceso a los votantes a las urnas.
Los litigios impulsaron principalmente tres argumentos falsos acerca del fraude en Georgia: Que los observadores electorales fueron impedidos deliberadamente de observar el proceso de votación, lo que creó dudas acerca de la precisión del proceso de conteo; que, de alguna forma, el uso de buzones de devolución de boletas del estado aumentó el riesgo de fraude, y que las boletas de ausente amenazaron la integridad de la elección en general y propiciaron el fraude.
Además de estas teorías acerca del fraude, Georgia también tuvo litigios en los que se afirmaba que las fundaciones privadas, como el Center for Tech and Civic Life, estaban usando fondos de subsidio para garantizar el trato preferencial para ciertos votantes a expensas de otros.
Cada una de estas afirmaciones es falsa. En un caso, un demandante afirmó falsamente que los fondos privados eran proporcionados al Condado de Fulton para “pagar a recolectores de votos” y “para pagar. . . el plan de retirar a los observadores electorales de un partido político de forma que la responsabilidad crítica para determinar. . . la validez del conteo pudiera realizarse sin supervisión,” y que los “registros de los votos en ausencia demuestran que se contaron votos ilegales, y que lo votos legales no fueron contados” por más de 50,000 votos. Este caso fue rápidamente rechazado.
En 2021, la legislatura de Georgia aprobó una ley y presentó una serie de otros proyectos de ley basándose parcialmente en estas afirmaciones falsas. El proyecto de ley 202 del Senado, promulgada menos de cinco meses después de la elección de 2020, y menos de tres meses después de la elección estatal de segunda vuelta, prohíbe que los administradores locales en las elecciones acepten fondos de fuentes privadas;
amplía los derechos legales de los observadores electorales para que observen las elecciones sin represiones por parte de los administradores electorales;
limita la disponibilidad de los buzones para devolver las boletas;
e incluye una gran cantidad de disposiciones para restringir significativamente el acceso a la votación por correo, tal como imponer requisitos de identificación más estrictos para el voto en ausencia, y reducir de manera significativa el tiempo para solicitar las boletas de ausente.
Y antes de que se aprobara el S.B. 202, se presentó por lo menos un proyecto de ley para prohibir el uso de buzones para devolver boletasde depósito en el estado, y se presentaron cuatro proyectos de ley para eliminar completamente el voto por correo sin excusa y la votación anticipada.
Estudio de caso: Pensilvania
En Pensilvania, en una ola de demandas infundadas se impugnó la integridad de las elecciones del año 2020. Muchas de estas impugnaciones legales fueron impulsadas conforme a dos argumentos falsos: Que la certificación estatal para las elecciones del año 2020 era nula en cierta forma, y que la votación por correo y, particularmente, el uso de buzones para devolver boletas conducía al fraude.
En un caso, los demandantes argumentaron que escrutar previamente los votos por correo y proporcionar aviso a los votantes y las oportunidades de corregir antes del día de las elecciones era ilegal, y le permitía a los votantes “votar de nuevo” y “cambiar su voto.”.
Esto es falso. El proceso de “aviso y corrección” es un proceso mediante el cual los funcionarios electorales notifican a los votantes en caso de que exista un problema con su voto por correo, y le proporciona al votante la oportunidad de corregir el error para asegurarse de que su voto sea debidamente contado. No permite que los votantes “voten de nuevo”, y no arriesga en forma alguna la integridad de la elección.
En otra demanda, la campaña de Trump afirmaba que el uso de “buzones para devolver boletas no supervisados y/o no seguros” contribuía a “mayor amenaza para las elecciones libres y justas,” planteando “dudas acerca de la precisión de los resultados de las elecciones” y proporcionando a los “estafadores una oportunidad fácil para participar en la recolección de votos, manipular o destruir votos, crear votos fraudulentos, y sembrar caos.”
Esto también es falso. Los buzones para devolver boletasde depósito son un método seguro para recopilar los votos; los administradores electorales siguen estrictos protocolos de seguridad, similares a la recopilación de los votos, a través de los buzones para devolver boletas tal como lo hacen al recopilar todos los demás votos. Un juez federal (nombrado por el mismo Trump) rechazó la impugnación infundada de Trump a los buzones para devolver boletas de Pensilvania citando la falta de pruebas de algún fraude inminente.
Estas afirmaciones, impulsadas por la campaña de Trump y otras personas en el litigio acerca de las elecciones de 2020 en Pensilvania son de manera demostrable. Pero aun cuando estos argumentos no pudieron prosperar en el tribunal, ciertamente influyeron sobre los legisladores en el estado, quienes presentaron cierto número de proyectos de ley como respuesta a estas “inquietudes”.
Se presentaron por lo menos cinco resoluciones de sabotaje electoral en 2021, que estaban directamente destinadas a invalidar los resultados de la elección de 2020 en Pennsylvania. Se presentó un proyecto de ley para prohibirles expresamente a los funcionarios electorales que proporcionaran a los votantes alguna oportunidad de corregir sus votos por correo.
Y varios otros proyectos de ley procuraban limitar drásticamente la votación por correo en el estado, incluyendo un proyecto de ley que limitaría las horas y los días en los cuales los votantes podrían entregar sus votos en los buzones para devolver boletas, y requerir que los inspectores electorales verificaran la identificación de los votantes en las ubicaciones de los buzones.
Estudio de caso: Texas
Texas fue el origen por lo menos de dos demandas que intentaban anular los resultados de la elección presidencial de 2020 en varios estados. Además de estas dos demandas, se presentaron varios casos antes de las elecciones que procuraban bloquear las políticas particulares a favor de los votantes por un supuesto fraude. Muchas de estas demandas exacerbaron los esfuerzos legislativos en el estado durante el año pasado para eliminar los votos y restringir el acceso a las urnas.
Los litigios contra los votantes en Texas en 2020 dependían por lo menos de tres argumentos falsos: Que la votación al estilo drive-thru conduciría al fraude, creando dudas en los resultados de las elecciones; que algunos condados estaban permitiendo ilegalmente que personas no ciudadanas se registraran para votar; y que el aumento en el acceso a la votación en ausencia conduciría inevitablemente a un incremento en la votación fraudulenta.
Por ejemplo, se presentaron por lo menos cuatro demandas que impugnaban la votación desde el vehículo en el Condado de Harris, con sede en Houston; en relación con la política del condado que permitía la votación desde el vehículo, los demandantes argumentaron en un caso, “crea la oportunidad perfecta para el fraude,” lo que podría causar que el “resultado de las elecciones [se pusiera] en duda”.
Y la fundación Public Interest Legal Foundation, un grupo legal conservador, presentó una demanda en contra del Registrador del Condado de Harris en la que se afirmaba que el condado permitió ilegalmente que personas no ciudadanas se registraran para votar.
No existen pruebas de que hubiera habido algún riesgo de fraude con la votación al estilo drive-thru. Tanto el Tribunal de Apelaciones del Estado de Texas como la Suprema Corte del Estado de Texas denegaron la petición del grupo.
Además, un tribunal federal ya había reconocido previamente que las afirmaciones de un número importante de personas no ciudadanas se habían registrado para votar en Texas eran falsas.
A pesar de las pruebas, la Legislatura de Texas respondió a estas “inquietudes” y aprobó el Proyecto de Ley 1 del Senado en septiembre de 2021, que prohíbe la votación desde el vehículo en el estado, e impone otras restricciones para obtener y devolver el voto en ausencia.
Además, por lo menos 26 proyectos de ley restrictivos de depuración se presentaron en Texas el año pasado que podrían retirar indebidamente a los votantes de los registros debido a medidas que son innecesarias para evitar que personas no ciudadanas se registren para votar, arriesgando privar del derecho al voto a los votantes elegibles.
Estos análisis de ejemplos ofrecen solo una pequeña ventana hacia la larga lista de vínculos que existen entre las demandas contra el electorado en 2020 y la legislación contra el electorado en 2021. Es posible que ambos puedan estar relacionados, en parte, con la misma información errónea y, específicamente, a las narrativas falsas acerca de los votos que presuntamente se emitieron fraudulentamente en 2020.
Minnesota Interpreters & Translators
