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Desde 2020, el gobierno federal, algunas plataformas de redes sociales, las autoridades electorales y muchos investigadores han trabajado para hacer frente a las alegaciones infundadas de un fraude electoral generalizado. El Proyecto 2025, un plan para reformar el poder ejecutivo bajo una posible administración conservadora, busca robustecer las mentiras sobre las elecciones y obstaculizar a los grupos que las combaten.
El plan, encabezado por la Heritage Foundation, aboga por tomar represalias contra las compañías tecnológicas, las autoridades del gobierno, los investigadores académicos y la sociedad civil que intentan hacer frente a la información electoral errónea.
También amenaza con desmantelar el trabajo fundamental que hacen la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA por sus siglas en inglés) y el FBI para documentar y combatir las narrativas falsas sobre el proceso electoral y la votación. Si se implementara, esta agenda sería una gran ayuda para la Gran Mentira sobre el "robo" de las elecciones y para los adversarios extranjeros.
El Proyecto 2025 amenaza a las compañías de redes sociales que intentan poner un freno a las falsedades sobre las elecciones.
El Proyecto 2025 envía un claro mensaje a las compañías de redes sociales: una administración conservadora las castigaría por reducir la propagación de falsedades sobre las elecciones en sus plataformas.
En primer lugar, el plan aboga para que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) trabaje con el Congreso para politizar y aprovecharse de las protecciones antidiscriminación a fin de atacar a las compañías que restringen o limitan la visibilidad de contenidos de usuarios que reflejan "puntos de vista políticos centrales", que seguramente incluyan puntos de vista en defensa del negacionismo de elecciones y teorías conspirativas relacionadas, entre otras narrativas alarmantes.
Con casi total seguridad, esta iniciativa violaría la Primera Enmienda, ya que el Proyecto 2025 recomienda métodos similares a los de una ley de Texas que fue bloqueada temporalmente por la Corte Suprema.
En un dictamen de julio pasado, la mayoría de la Corte Suprema criticó duramente esta ley, que les iba a prohibir a las plataformas de redes sociales poder eliminar contenidos basados en los puntos de vista de un usuario. La Corte señaló que la ley probablemente infringía los derechos de libertad de expresión de las plataformas y su discreción editorial, al menos en cuanto a las publicaciones públicas en las plataformas principales como Facebook.
A pesar de la debilidad jurídica de la propuesta del Proyecto 2025 de obstaculizar la moderación de contenidos, su objetivo es claro: amedrentar a las compañías tecnológicas para que cumplan, amenazándolas con medidas judiciales y batallas legales sin fundamento.
El Proyecto 2025 también insta a que la FCC "elimine" las inmunidades que la justicia le ha atribuido a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (Communications Decency Act), que protege a las compañías de redes sociales de ser objeto de demandas civiles por los contenidos generados de sus usuarios. Esto implicaría que sí podrían ser demandadas, entre otras cosas, por eliminar un contenido de desinformación electoral.
El Proyecto 2025 reforzaría los ataques contra investigadores y grupos de la sociedad civil que estudian y denuncian falsedades sobre las elecciones.
El Proyecto 2025 aboga por usar los poderes del Departamento de Justicia para que investigue y procese judicialmente a los posibles enemigos políticos de una administración conservadora. Ello intensificaría la constante campaña que ataca a numerosas personas y grupos por decir la verdad sobre las elecciones de 2020, que, por ahora, ha producido citaciones del Congreso, demandas judiciales iniciadas por fiscales generales estatales y otras demandas privadas iniciadas por algunos de los autores del Proyecto 2025.
Involucrar al Departamento de Justicia suprimiría aún más el trabajo de los investigadores y los grupos de la sociedad civil.
Aquellos que buscan reescribir la historia de las elecciones de 2020 han tramado una teoría conspirativa sobre lo que llaman un "complejo industrial de censura", que incluye a agencias gubernamentales, investigadores académicos y líderes del sector privado socialmente responsables que trabajan para difundir los datos verdaderos sobre las elecciones y corregir las falsedades.
Al disfrazar la búsqueda de la verdad, los negacionistas electorales han alegado que estas entidades están involucradas en un esfuerzo conjunto de censura.
Algunos negacionistas electorales de alto perfil han utilizado indebidamente los comités del Congreso para emitir órdenes de presentación de documentos y entrevistar a investigadores, entre ellos, estudiantes y personal de las universidades que los empleaban.
America First Legal, un grupo trumpista que estuvo muy involucrado en la creación del Proyecto 2025, inició una acción judicial alegando que los investigadores violaron la Ley de Derechos Civiles porque estudiaron casos de información errónea en inglés y otros idiomas y comunicaron sus hallazgos al gobierno.
Esta alegación absurda dice que el estudio del impacto de la información electoral falsa sobre las comunidades minoritarias —y los intentos de corregir esas falsedades y mitigar los daños cuando se descubren— es, en sí, una violación del derecho de esas comunidades de ver esas falsedades, concedido por la Primera Enmienda.
De más está decir que la práctica de asegurarse de que una investigación tome en cuenta debidamente a las comunidades diversas y a sus circunstancias no es una forma de discriminación; es una forma de protegerlas de un prejuicio no intencionado.
En una señal preocupante de lo que podrían ser los futuros ataques contra investigadores y otros grupos, los autores del Proyecto 2025 sugieren una y otra vez que el trabajo que realizan la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA por sus siglas en inglés) y el FBI para combatir la desinformación viola la Primera Enmienda.
Este trabajo incluye, por ejemplo, cuando la CISA denuncia información potencialmente falsa publicada en las redes sociales sobre cuándo y cómo votar, y el FBI evalúa el impacto de las operaciones de influencia extranjera sobre la nación estadounidense.
Sin embargo, hace poco, la Corte Suprema desestimó la causa Murthy v. Missouri, un caso presentado por fiscales generales estatales que se basaron en esta teoría conspirativa de censura. Esta demanda se asemejó a las demandas de America First Legal contra los investigadores, porque alegó que el gobierno federal estaba violando la Primera Enmienda al estar comunicándose con un grupo de investigadores y compañías de redes sociales para promover la difusión de información electoral precisa y corregir falsedades.
La causa Murthy hizo que un tribunal de distrito presentara un interdicto nacional demasiado amplio que detuvo este importante trabajo, aunque la Corte Suprema suspendió la orden por estar sujeta a una desestimación pendiente.
Este intento de los fiscales estatales anticipa el tipo de acciones costosas que un Departamento de Justicia politizado podría presentar en contra de investigadores y grupos de la sociedad civil, en especial dados los planes del Proyecto 2025 de usar el Departamento para perseguir a sus enemigos políticos.
El Proyecto 2025 obstaculizaría a las agencias federales que combaten las falsedades sobre las elecciones.
No satisfechos con obstruir el rol de algunas compañías privadas e investigadores de ponerle un freno a la difusión de mentiras sobre las elecciones, el Proyecto 2025 también disminuiría la autoridad de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), el principal organismo federal responsable de cooperar con las autoridades electorales para garantizar la seguridad de las elecciones y brindarle al electorado información electoral precisa.
Esta agencia tiene un sitio web de rumores vs. realidades sobre la seguridad electoral y ha reenviado informes de terceros sobre falsedades electorales a plataformas de redes sociales. El Proyecto 2025 le quitaría estas y otras responsabilidades y, así, acabaría efectivamente con los esfuerzos de la agencia de combatir las falsedades sobre las elecciones y obstaculizaría gravemente su capacidad de asistir a las oficinas electorales, en especial durante el período crucial anterior a las elecciones, cuando el trabajo de la agencia es más esencial que nunca.
El plan también impediría el rol vital del FBI a la hora de documentar y neutralizar los intentos de otros actores estales como Rusia, China, Corea del Norte e Irán de manipular o intimidar al electorado estadounidense, en particular cuando terminan siendo un esfuerzo coordinado o una interacción entre actores extranjeros y nacionales.
Si bien los estadounidenses tienen el derecho a expresarse con libertad y hasta mentir en muchas situaciones, si así lo desean, el Proyecto 2025 iría mucho más allá que tan solo proteger esos derechos. Le prohibiría al FBI realizar cualquier "actividad relacionada con el combate de la llamada información errónea y desinformación por parte de la población estadounidense" fuera de una investigación penal.
Esto incluiría evaluaciones sobre la medida en que los contenidos originados en otros estados extranjeros son compartidos o adoptados por el electorado estadounidense, lo cual es un componente fundamental de la misión del FBI de investigar la influencia extranjera en las elecciones estadounidenses.
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Los ataques que promete realizar el Proyecto 2025 contra aquellas personas que se atreven a decir la verdad sobre las elecciones serían, en particular, muy dañinos en un momento en el que la ola desenfrenada de información falsa en las redes supera, a menudo, la capacidad de las autoridades electorales locales de comunicar los hechos, y en un momento en el que el electorado busca información sobre las elecciones cada vez más en las plataformas de redes sociales.
Este peligro es peor para los grupos que hablan idiomas que no son inglés, que tienen menos fuentes de noticias tradicionales disponibles.
Debido a que las plataformas no cuentan con la pericia específica necesaria para combatir la arremetida de información electoral imprecisa, su personal recurre a las autoridades electorales y agencias gubernamentales para ayudarles a distinguir la realidad de la ficción.
Los expertos académicos pueden identificar rumores incipientes antes de que se instalen, y las agencias federales como la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) y el FBI contribuyen con actualizaciones importantes que contienen información de inteligencia no confidencial sobre los intentos de actores extranjeros de manipular nuestras elecciones, como así también narrativas perjudiciales que se difunden dentro del país. El Proyecto 2025 amenaza con descarrilar los esfuerzos de mantener al público bien informado, en particular durante los días y las semanas críticas antes de las elecciones.
Traducción de Ana Lis Salotti.
