En 2021, el impulso legislativo estatal para restringir el acceso al voto no sólo fue agresivo, sino que también tuvo éxito.
Entre el primero de enero y el siete de diciembre, al menos 19 estados aprobaron 34 leyes que restringen el acceso al voto. En las sesiones legislativas de 2021 se han presentado más de 440 proyectos de ley con disposiciones que restringen el acceso al voto en 49 estados. Estas cifras son extraordinarias: las legislaturas estatales promulgaron leyes de votación mucho más restrictivas en 2021 que en cualquier año desde que el Brennan Center comenzó a hacer un seguimiento de la legislación electoral en 2011. Más de un tercio de todas las leyes restrictivas del voto promulgadas desde entonces se aprobaron este año. Y en una nueva tendencia este 2021, los legisladores introdujeron proyectos de ley para permitir a los partidistas interferir en los procesos electorales o incluso rechazar los resultados de las elecciones por completo.
Por desgracia, el impulso en torno a esta legislación continúa. Hasta ahora, se han prerregistrado al menos 13 proyectos de ley que restringen el acceso al voto para la sesión legislativa de 2022 en cuatro estados. Además, al menos 88 propuestas de ley restrictivas del voto en nueve estados del año 2021 continuarán. Estos primeros indicadores, junto con la movilización en torno a la “Gran Mentira” (la misma retórica falsa sobre el fraude electoral que impulsó la ola sin precedentes de propuestas de ley de supresión de votos de este año), sugieren que los esfuerzos para restringir y socavar el voto seguirán siendo una grave amenaza en 2022.
Hay soluciones para este ataque alarmante y sin precedentes a nuestra democracia. El Congreso tiene el poder de tomar medidas audaces ahora para proteger a los votantes estadounidenses del tipo de restricciones promulgadas este año y de las amenazas inminentes para los votantes, así como las elecciones que puedan imponerse en 2022 y más adelante. La Cámara de Representantes ha aprobado dos propuestas de ley que evitarían muchos de los ataques a las elecciones libres y justas, y que están a la espera de ser votadas por el Senado.
La Ley de Libertad para Votar es un amplio paquete de reformas electorales, redistribución de distritos, seguridad electoral y financiación de campañas que garantizaría normas nacionales mínimas de acceso al voto para todos los estadounidenses. También evitaría que los partidistas sabotearan los resultados electorales. La Ley de Promoción de los Derechos al Voto John Lewis evitaría la aplicación de prácticas y normas discriminatorias en el voto en los estados y localidades donde la discriminación es persistente y generalizada, protegiendo el acceso al mismo de todos los votantes elegibles, independientemente de su raza, color o idioma (especialmente alguna lengua minoritaria). También restablecería la capacidad de los votantes para impugnar las leyes discriminatorias en todo el país.
De cara al 2022
En 2022, el Brennan Center espera que continúen los esfuerzos para restringir el acceso al voto y permitir a los partidistas sabotear las elecciones. El riesgo es palpable en:
- Estados donde se trasladan las propuestas de ley restrictivas al 2022
- Estados donde los legisladores ya han presentado propuestas de ley restrictivas del voto para las sesiones legislativas de 2022
- Estados donde las legislaturas o los agentes partidistas trabajan para eludir los vetos de los gobernadores
- Estados donde los gobernadores han vetado propuestas de ley restrictivas este año, o donde las elecciones para gobernador de 2022 podrían llevar a la elección de gobernadores que apoyen las restricciones al voto
- Estados que han sido sede de revisiones electorales partidistas
1. Propuestas de ley aplazadas
Al menos 88 propuestas de ley restrictivas en nueve estados se trasladarán a las sesiones legislativas de 2022. El número de propuestas de ley restrictivas prorrogadas, junto con otras 13 propuestas previamente presentadas (que se analizan a continuación), es mayor que el número de propuestas de ley restrictivas consideradas por las legislaturas estatales en la mayoría de los años de la última década.
Estas propuestas de ley aplazadas se introdujeron durante las sesiones legislativas estatales de 2021, pero no lograron una resolución final este año. Veinticinco estados que tienen sesiones legislativas programadas en 2022 permiten la prórroga de propuestas de ley. De los nueve estados que tienen propuestas remanentes de ley restrictivas, dos promulgaron leyes de voto restrictivo este año (KS, NY), tres aprobaron proyectos de ley de voto restrictivo que fueron vetados por el gobernador (MI, PA, WI), y tres han realizado o tienen en curso revisiones partidistas de las elecciones de 2020 (MI, PA, WI).
La mayoría (57) de las propuestas de ley aplazadas continuarían la tendencia de este año de restringir el acceso al voto por correo. Las restricciones recurrentes en estos proyectos de ley incluyen la reducción del plazo para solicitar el voto por correo (por ejemplo, PA H.B. 1706); la reducción del plazo para entregar los votos por correo (por ejemplo, KS S.B. 307); la prohibición de enviar solicitudes de voto por correo no solicitadas (por ejemplo, MI H.B. 5268); y la restricción de la capacidad de los votantes para recibir ayuda para enviar un voto por correo (por ejemplo, OH H.B. 387).
Siete propuestas de ley ampliarían las posibilidades para depurar las listas de votantes. Cinco propuestas proponen nuevas sanciones penales para los funcionarios electorales que envíen por correo papeletas no solicitadas o para las personas que ayuden a los votantes a enviar los votos por correo, incluidos los que ayuden a los votantes con discapacidades. Veintitrés propuestas establecerían o ampliarían los requisitos de identificación de los votantes para votar en persona o por correo, y tres exigirían una prueba de ciudadanía para registrarse para votar.
2. Propuestas de ley previamente registradas
Varios estados permiten a los legisladores “presentar por adelantado” propuestas de ley antes de la siguiente sesión legislativa. Las propuestas de ley prerregistradas aún no se movilizan, pero suelen estar entre las principales prioridades de los legisladores estatales para la sesión legislativa de 2022.
Hasta el 7 de diciembre, se habían registrado al menos 74 propuestas de ley sobre el acceso al voto y las elecciones para el periodo de sesiones de 2022 en 11 de los 22 estados que permiten prerregistrar propuestas de ley hasta ahora.
De las propuestas de ley previamente registradas, al menos 13 en cuatro estados harían más difícil que los votantes emitan su voto.
De las propuestas de ley restrictivas prerregistradas, al menos siete limitarían el acceso al voto por correo, incluyendo la reducción del periodo de tiempo en el que se puede solicitar una papeleta por correo, la eliminación de Covid-19 como excusa para votar por este medio y la ampliación de los motivos por los que se puede rechazar un voto por el mismo medio. Cinco propuestas de ley prerregistradas de Missouri contienen disposiciones que impondrían un requisito de identificación del votante más estricto para las votaciones en persona y por correo.
Además, los legisladores de al menos cinco estados han registrado previamente seis propuestas de ley para el 2022 para iniciar o permitir revisiones partidistas ilegítimas de los resultados electorales.
3. Eludir los vetos del gobernador y las elecciones a gobernador de 2022
En al menos dos estados (MI y PA), los legisladores estatales u otros participantes han tomado medidas para promulgar una legislación restrictiva mediante una enmienda constitucional (PA) o una iniciativa electoral (MI). Como se comenta más adelante, ambos métodos restarían poder a los gobernadores de los estados, y la iniciativa electoral de Michigan impediría que la mayoría de los propios votantes del estado opinaran sobre la propuesta.
Además, los ganadores de las elecciones a gobernador de 2022 también podrían influir en la capacidad de las legislaturas para promulgar leyes de votación restrictivas. Los votantes de 36 estados elegirán un gobernador en 2022. Tres estados –Michigan, Pensilvania y Wisconsin– tienen legislaturas estatales que aprobaron una legislación restrictiva del voto en 2021 que fue vetada por el gobernador, así como elecciones a gobernador en 2022. Si bien los gobernadores que apoyan el acceso al voto se han mantenido firmes contra las propuestas de ley restrictivas del mismo este año, esas medidas serán más fáciles de promulgar en caso de que se elijan gobernadores que apoyen políticas de votación restrictivas.
4. Análisis de las elecciones partidistas
Una tendencia legislativa preocupante del 2021 es la puesta en marcha de revisiones partidistas ilegítimas de los resultados electorales en varios estados decisivos. En concreto, los legisladores estatales partidistas han concedido a otros agentes partidistas que no forman parte del proceso de administración electoral el poder de acceder y revisar las papeletas y otros materiales de las elecciones de 2020. Como el Brennan Center ha documentado en otras ocasiones, estas revisiones han sido típicamente diseñadas para preparar el terreno para futuros esfuerzos de supresión de votos y subversión de los resultados electorales. En 2021, se realizaron o están en curso revisiones cuestionables y políticamente motivadas de los resultados de las elecciones de 2020 en seis estados (AZ, GA, MI, PA, TX y WI).
Ahora, los legisladores de cinco estados (FL, MO, NH, SC y TN) han prerregistrado seis propuestas de ley para el 2022 para iniciar o permitir revisiones partidistas similares de los resultados electorales. Cuatro de estas propuestas de ley iniciarían revisiones de las elecciones de 2020, y dos de ellas establecerían procesos de revisión partidista de futuras elecciones.
Estados importantes a tener en cuenta
A continuación, se indican los estados a seguir en 2022. Estos estados ya han mostrado algunas de las señales de advertencia comentadas anteriormente.
Los legisladores de Arizona aprobaron tres propuestas de ley restrictivas del voto este año, y han prerregistrado al menos una propuesta que restringiría el acceso al voto mediante la imposición de requisitos de identificación más estrictos. Además, las legislaturas estatales introdujeron tres propuestas de ley en 2021 que hubieran habilitado directamente a los funcionarios partidistas para rechazar o anular los resultados de las elecciones. El estado también llevó a cabo una infame revisión electoral partidista este año, cuando contrató a un tercero para auditar los resultados electorales del condado de Maricopa en 2020. A pesar de no haber pruebas de fraude, la revisión ha generado una falsa retórica sobre el fraude electoral y ha impulsado a los funcionarios públicos a promover una legislación restrictiva del voto.
Georgia aprobó la S.B. 202, una ley general (“ómnibus”) restrictiva que penaliza el reparto de agua a los votantes que esperan en una fila. La ley también politiza la junta electoral del estado y le otorga nuevos poderes para destituir a los funcionarios electorales profesionales y tomar el control de la administración electoral en jurisdicciones específicas, lo que podría generar una influencia partidista en el proceso de certificación de las elecciones. Además, algunos actores partidistas trataron de revisar los resultados de las elecciones en el condado de Fulton por falsas acusaciones de fraude, a pesar de que los funcionarios electorales del estado realizaron una auditoría reglamentaria que condujo a un recuento manual completo junto con dos recuentos por máquina.
Georgia tiene elecciones de gran importancia para secretario de estado y gobernador en 2022. Uno de los candidatos a secretario de estado ha reiterado denuncias falsas de fraude y votó por no certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, mientras que dos candidatos a gobernador han declarado explícitamente que no habrían certificado los resultados de las elecciones de 2020 si hubieran estado ejerciendo su cargo en ese momento.
La legislatura de Michigan aprobó –pero el gobernador vetó– tres propuestas de ley restrictivas del voto, 15 propuestas se trasladan a la sesión legislativa de 2022, y el estado tiene una contienda por la gubernatura el próximo año.
Además, los agentes partidistas han recurrido a la iniciativa electoral para aprobar medidas restrictivas para ignorar tanto al gobernador como al pueblo. Debido a una peculiaridad de la Constitución de Michigan, si una iniciativa electoral obtiene el número requerido de firmas de apoyo (340,047), la legislatura tiene la oportunidad de aprobarla por sí misma. Esto significa que la mayoría de los votantes de Michigan nunca tienen la oportunidad de votar sobre la iniciativa, y el gobernador no tiene poder para vetarla si la legislatura la aprueba.
Los activistas contra el voto están organizando una iniciativa electoral restrictiva que, entre otras cosas, eliminaría la posibilidad de que aquellos que carecen de una identificación de votante emitan un voto regular; exigiría a los votantes que pongan los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social en su registro de votante; exigiría a los votantes que proporcionen el número de su licencia de conducir, el número de su tarjeta de identificación estatal o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social en las solicitudes de voto en ausencia; y prohibiría al secretario de estado o a los funcionarios electorales locales enviar expresamente los formularios de solicitud de voto en ausencia a los votantes. El número de firmas necesarias para dar luz verde a la Legislatura de Michigan para hacer retroceder el derecho al voto de millones de residentes de Michigan –sin que el gobernador o los votantes lo controlen– es menor que el número de votos que separaron a los dos principales candidatos en las últimas elecciones a gobernador del estado.
En un condado de Michigan, un grupo partidista tuvo acceso a las máquinas de votación para revisar los resultados de las elecciones de 2020, a pesar de que Michigan cuenta con un sistema de auditoría robusto y preciso que limita los riesgos. De igual forma, los legisladores introdujeron una propuesta de ley que habría permitido a un miembro de la junta de escrutadores de un condado anular su voto para certificar los resultados de una elección, que es exactamente lo que el presidente Trump buscó en el condado de Wayne después de las elecciones de 2020.
La legislatura de Pensilvania aprobó este año una propuesta de ley restrictiva de gran alcance, que el gobernador vetó. Treinta propuestas de ley restrictivas se trasladan a la sesión legislativa de 2022. El estado también tiene una contienda por la gubernatura el próximo año. Cuatro de las propuestas de ley restrictivas son de enmiendas constitucionales que permitirían a los legisladores estatales introducir leyes de voto restrictivas en los libros sin necesidad de que el gobernador revise nada. (Estas propuestas necesitarían la aprobación mayoritaria de las legislaturas estatales de 2021-2022 y 2022-2023, así como la aprobación mayoritaria de los votantes).
Además, los funcionarios de un condado rural de Pensilvania aceptaron una cuestionable revisión partidista de los resultados de sus elecciones de 2020 por parte de una empresa de seguridad privada sin experiencia previa en auditoría de elecciones financiada por Sidney Powell, un abogado afiliado a Trump que llevó a cabo infructuosas demandas postelectorales basadas en teorías de conspiración desacreditadas. Desde entonces, un senador del estado de Pensilvania, que estuvo presente en el Capitolio durante la insurrección del 6 de enero, ha utilizado los “resultados” de esta cuestionable revisión para impulsar una legislación de votación más restrictiva.
Texas aprobó este año la S.B. 1, una de las propuestas de ley de votación más restrictivas del país. La ley hace más difícil que los votantes con discapacidades y barreras de acceso al idioma obtengan asistencia, limita la capacidad de los trabajadores electorales para detener el acoso por parte de los observadores electorales, y prohíbe votar las 24 horas del día y desde el automóvil, entre otras medidas.
Los legisladores de Texas también introdujeron este año una legislación que hubiera previsto la anulación de los resultados electorales y que pedía explícitamente la revisión forense de los resultados electorales por parte de terceros. Incluso sin autorizar la legislación, la oficina del secretario de estado emprendió una auditoría innecesaria de las elecciones de 2020 en cuatro condados de Texas.
Aunque ya se han realizado auditorías rutinarias, los documentos publicados por la oficina del secretario de Estado permitirían un recuento manual de los votos en esos condados, así como un análisis de otros registros electorales y listas de votantes.
La legislatura de Wisconsin aprobó este año dos propuestas de ley restrictivas del voto, que el gobernador vetó. Trece propuestas de ley restrictivas se trasladan a la sesión legislativa de 2022, además que el estado tiene elecciones para gobernador el próximo año.
Wisconsin también ha iniciado una “investigación” sobre los resultados de las elecciones de 2020. La iniciativa carece de transparencia, imparcialidad y credibilidad, y cuenta con la participación de un conocido agente partidista con un historial de divulgar falsas denuncias de fraude electoral.
Missouri, New Hampshire y Carolina del Sur han presentado al menos una propuesta de ley de votación que restringiría el acceso al voto, así como otras propuestas que iniciarían o permitirían la revisión partidista de los resultados electorales en el 2022. Missouri también introdujo una legislación en la pasada sesión que habría permitido a los funcionarios partidistas anular los resultados de las elecciones.
Florida y Tennessee han prerregistrado propuestas de ley que iniciarían revisiones partidistas de los resultados de las elecciones de 2020 en el 2022.
Una mirada al pasado del 2021
Entre el primero de enero y el siete de diciembre, al menos 19 estados aprobaron 34 leyes restrictivas. Al mismo tiempo, muchas legislaturas estatales trabajaron para garantizar un mayor acceso al voto. Entre el primero de enero y el siete de diciembre, al menos 25 estados promulgaron 62 leyes expansivas.
Esta legislación amplia no compensa el impacto de las leyes restrictivas. Los conjuntos de legislación expansiva y restrictiva se aprueban principalmente en diferentes estados: 11 estados promulgaron sólo leyes restrictivas en 2021, mientras que 17 estados promulgaron sólo leyes expansivas. Como resultado, existe una marcada y creciente división en la nación, donde el acceso al derecho al voto depende cada vez más del estado en el que reside el votante. Esta división no hará más que aumentar el año que viene a menos que el Congreso haga algo.
Legislación restrictiva
Entre el primero de enero y el siete de diciembre, al menos 19 estados aprobaron 34 leyes restrictivas. Estas leyes hacen más difícil que los votantes emitan votos por correo que cuenten, dificultan el voto en persona reduciendo las horas y los lugares de votación, aumentan la depuración de votantes o el riesgo de depuración de votantes defectuosa, y criminalizan el comportamiento ordinario y legal de los funcionarios electorales y otras personas que participan en las elecciones.
Las leyes estatales que restringen el acceso al voto no son iguales. Cuatro de las treinta y cuatro leyes son mixtas, lo que significa que contienen políticas a favor del votante, así como políticas que dificultan el voto (IN S.B. 398, KY H.B. 574, LA H.B. 167, OK H.B. 2663). Otras leyes tienen un alcance relativamente limitado (por ejemplo, NV S.B. 84, UT H.B. 12). En cambio, Florida, Georgia, Iowa y Texas promulgaron leyes “ómnibus” que contienen varias disposiciones restrictivas nuevas.
En las sesiones legislativas de 2021 se han presentado más de 440 propuestas de ley con disposiciones que restringen el acceso al voto en 49 estados.
Legislación expansiva
Entre el primero de enero y el siete de diciembre de 2021, al menos 25 estados promulgaron 62 leyes con disposiciones que amplían el acceso al voto. Estas políticas amplias facilitan los procesos de solicitud y emisión del voto por correo y su recuento, amplían los periodos de votación anticipada, mejoran el acceso de los votantes discapacitados, refuerzan las disposiciones de acceso al idioma, amplían o implementan el registro automático de votantes y restablecen el derecho al voto de las personas anteriormente encarceladas, entre otras medidas. En las sesiones legislativas de 2021 se han presentado más de 1,000 proyectos de ley con disposiciones expansivas en 49 estados.
Traducción de Anwar A. Martínez.
