Para estas elecciones legislativas de 2022, la ciudadanía debe emitir su voto inmersa en un panorama de cambios importantes al derecho al voto, comparado con el 2020. El año 2021 registró una actividad legislativa récord en torno a los derechos electorales y muchas de estas mismas tendencias han continuado en 2022.
Entre el 1 de enero de 2022 y el 12 de septiembre de 2022, las legislaturas estatales han promulgado las siguientes leyes electorales:
- Por lo menos siete estados promulgaron 10 leyes que dificultan la votación. Cinco de ellas en cinco estados ya están vigentes para las elecciones legislativas de noviembre. Además, la legislatura de Arizona aprobó una propuesta de enmienda constitucional restrictiva que aparecerá en la boleta para que la ciudadanía la vote o no durante las elecciones legislativas.Categorizamos una ley como restrictiva si les hace más difícil a los ciudadanos elegibles registrarse, permanecer en los padrones electorales, o listas de votación, o votar, en comparación con las leyes estatales existentes.
- Por lo menos siete estados han promulgado 12 leyes que buscan interferir con las elecciones, de las cuales 11 ya están vigentes para estas elecciones. Consideramos que una ley busca interferir con las elecciones si facilita la interferencia partidista en alguna elección, o bien si amenaza a las personas o a los procesos encargados de administrar las elecciones.
- Por lo menos 12 estados han promulgado 19 leyes que amplían el acceso al voto. Categorizamos una ley como expansiva si les hace más fácil a los ciudadanos elegibles registrarse, permanecer en los padrones electorales, o listas de votación, o votar, en comparación con las leyes estatales existentes.
Desde el comienzo de 2021, se han aprobado por lo menos 42 leyes electorales restrictivas en 21 estados. De estas leyes, 33 contienen al menos una disposición restrictiva que ya está en vigencia para estas elecciones legislativas en 20 estados.
Las 10 leyes estatales restrictivas promulgadas en 2022 representan el segundo número más alto de estas leyes, después de las de 2021, que se hayan promulgado en un solo año en la última década. Cabe resaltar este dato porque este es un año electoral, que por lo general presenta menos actividad legislativa que un año no electoral.
Este año, las legislaturas estatales han promulgado más o menos la misma cantidad de leyes que buscan interferir con las elecciones que de leyes electorales restrictivas: 12 leyes que buscan interferir con las elecciones en siete estados, en comparación con 10 leyes restrictivas en siete estados. Si bien antes se promulgaron leyes electorales restrictivas, la aprobación de leyes que buscan interferir con las elecciones es algo que surgió recién el año pasado. Estos dos tipos de legislación parecen venir derivadas del mismo grupo de teorías conspirativas ya desmentidas sobre fraude electoral y sobre el “robo” de las elecciones de 2020, y de otros mitos sobre la votación que recobraron atención nacional durante la presidencia de Trump.
Este año, hay un importante solapamiento entre los estados que promulgaron leyes restrictivas, expansivas y que buscan interferir con las elecciones. Tres (Arizona, Missouri y Oklahoma) de los siete estados que promulgaron leyes que buscan interferir con las elecciones también promulgaron leyes restrictivas, lo cual señala un constante esfuerzo legislativo por aumentar el riesgo de interferencia partidista y, al mismo tiempo, por dificultar la votación. Cinco (Arizona, New Hampshire, Nueva Jersey, Oklahoma y Carolina del Sur) de los siete estados que promulgaron leyes restrictivas también promulgaron leyes expansivas, pero ninguna se anula mutuamente. Las disposiciones restrictivas aprobadas en esos estados imponen importantes obstáculos, mientras que la mayoría de las disposiciones expansivas son relativamente acotadas.
Legislación restrictiva
Entre el 1 de enero y el 12 de septiembre, por lo menos siete estados promulgaron 10 leyes restrictivas. Ocho de ellas fueron promulgadas desde que publicamos nuestro último resumen de leyes electorales en mayo. Además, la legislatura de Arizona colocó una propuesta de enmienda constitucional restrictiva en la boleta para que el electorado la vote. Cinco de estas nuevas leyes ya están vigentes para las elecciones legislativas de 2022 en cinco estados. En total, 39 estados propusieron por lo menos 405 proyectos de ley restrictivos durante la sesión legislativas de 2022.
Estas nuevas leyes restringen el acceso al voto de diferentes maneras: hacen más difícil votar por correo, crean o amplían el requisito de presentar algún documento que demuestre la condición de ciudadanía para registrarse a votar, imponen nuevos requisitos de identificación con foto, limitan el registro de votantes el día de las elecciones, les hacen más difícil registrarse para votar a las personas que no tienen domicilios tradicionales y aumentan la probabilidad de que se realicen purgas de votantes erróneas.
Las legislaturas estatales continúan concentrándose en la votación por correo, igual que lo hicieron durante 2021: la mitad de las 10 leyes restrictivas nuevas crean más obstáculos a la hora de votar por correo. Igual que lo hicieron las leyes del año pasado, estas incluyen nuevos requisitos que obligan a los votantes a colocar un número de identificación cuando llenan sus solicitudes de voto por correo, imponen ciertas prohibiciones sobre los buzones de devolución de boletas por correo y establecen limitaciones sobre el voto en ausencia permanente. Este ataque contra el voto por correo surgió como respuesta a las elecciones de 2020, cuando una proporción mucho más grande del electorado utilizó el voto por correo, en comparación con años anteriores, debido a la pandemia de Covid-19. La ampliación del voto por correo en 2020 ayudó a garantizar que las elecciones continuaran desarrollándose sin mayores disrupciones durante el pico de la pandemia, y beneficia a numerosos votantes, como personas con discapacidades, ancianos y estudiantes que votan lejos de su lugar de residencia, más allá de que haya una pandemia o no. A pesar de la falta de pruebas de que la ampliación del voto por correo de 2020 se haya traducido en un fraude electoral importante, muchas de las teorías conspirativas que afirman que las elecciones de 2020 fueron manipuladas siguen girando en torno al voto por correo. Nuestras investigaciones demuestran muchos vínculos entre estas teorías conspirativas y las tendencias en la legislación restrictiva.
Otro grupo de leyes se centra en el mantenimiento de los padrones electorales, aparentemente en respuesta a las teorías conspirativas de que hay personas que emiten su voto en nombre de otras que se mudaron o fallecieron o de que hay personas no ciudadanas que se registran y votan. Tres leyes en Arizona, Oklahoma y Carolina del Sur aumentan el riesgo de que se realicen purgas de votantes erróneas. Las leyes de Arizona y Oklahoma no han entrado en vigencia para estas elecciones legislativas, pero sí la de Carolina del Sur, aunque cualquier purga sistémica que se realice dentro de los 90 días de las elecciones de noviembre violaría la ley federal. La ley de Arizona H.B. 2243 y la de Carolina del Sur S.B. 108 permiten la purga de votantes si ciertas bases de datos de entidades nacionales y de seguridad pública sugieren que un votante no es ciudadano. Se ha demostrado que las purgas que utilizan bases de datos parecidas no son confiables. La ley de Carolina del Sur no notifica a los votantes afectados ni les da la oportunidad de corregir cualquier error que haya surgido, lo cual aumenta considerablemente el riesgo de que terminen eliminando a votantes elegibles de los padrones electorales por error.
Como detallamos en el resumen de mayo, Arizona y Mississippi promulgaron leyes que imponen o amplían el requisito de presentar documentos que demuestren la condición de ciudadanía de una persona antes de registrarse para votar. Estas leyes también parecen responder a la teoría conspirativa de que hay personas que no son ciudadanas que están votando en las elecciones. La ley de Arizona, aunque no entre en vigencia para las elecciones legislativas de este año, sí se aplica retroactivamente y pone en riesgo el registro de unos 200,000 votantes. Actualmente esta ley es objeto de numerosas demandas judiciales por lo que la responsable de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia describió como “una clásica violación de la Ley Nacional de Registro de Votantes”.
Además, Oklahoma promulgó una ley relativamente única que les dificultará registrarse para votar y emitir su voto a las personas que no tengan un domicilio tradicional como, por ejemplo, aquellos votantes que viven en tierras indígenas o que no tienen vivienda. La ley H.B. 3365 de Oklahoma requiere que todo votante que se registre para votar complete un formulario de confirmación de domicilio antes de poder votar si su tarjeta de identificación de votante fue devuelta porque el correo no pudo entregarla o si el votante tiene un “domicilio inválido”. La ley define como “domicilio válido” aquel que tiene un nombre de calle, número de calle, ciudad, estado y código postal”, con lo cual cualquier otro tipo de domicilio no tradicional es considerado inválido. Muchos votantes que viven en tierras indígenas no tienen domicilios tradicionales. Además, esta ley restringiría el acceso al voto para votantes que no tienen vivienda, a pesar de que la justicia haya afirmado que no se le puede negar el derecho a votar a una persona sin vivienda que cumpla con todas las demás condiciones, por el simple hecho de no tener un domicilio tradicional. Ya de por sí son menos del 10 por ciento las personas sin viviendas que ejercen su derecho a votar en los Estados Unidos. Esta ley les dificultaría aún más registrarse para votar a las personas que no tienen vivienda.
Enmiendas constitucionales propuestas
Además de las leyes electorales restrictivas promulgadas en lo que va del 2022, la legislatura de Arizona aprobó una propuesta de enmienda constitucional restrictiva que se colocó en la boleta para las elecciones legislativas de 2022. Esta propuesta impondría requisitos más estrictos de identificación con foto para la votación en persona y por correo y obligaría a toda persona que desea votar por correo a colocar en el sobre de devolución de su boleta de voto algún número de identificación —el número de licencia de conducir estatal, el número de identificación estatal, los cuatro últimos dígitos del número de seguro social o el número de identificación de votante— para que su voto se cuente.
Otra propuesta de enmienda constitucional restrictiva fue aprobada en la legislatura de Pensilvania durante este año. La propuesta requeriría presentar un documento emitido por alguna entidad gubernamental para votar en persona o por correo. La ley actual brinda más flexibilidad, ya que les permite a los votantes utilizar distintas formas de identificación con o sin foto para votar. Esta enmienda debe ser aprobada nuevamente durante la próxima sesión legislativa y ser votada por el electorado antes de entrar en vigencia. La propuesta podría aparecer en la boleta para que los votantes decidan en 2023.
Legislación que busca interferir con las elecciones
Entre el 1 de enero y el 12 de septiembre, por lo menos siete estados promulgaron 12 leyes que buscan interferir con las elecciones. Tres fueron promulgadas desde nuestro último resumen publicado en mayo. Y once entrarán en efecto para las elecciones legislativas de noviembre de 2022.
Las leyes que buscan interferir con las elecciones crean el riesgo de que actores partidistas manipulen las elecciones o amenacen a las personas o a los procesos encargados de administrar las elecciones. En total, se presentaron por lo menos 151 proyectos de ley que buscan interferir con las elecciones en 27 estados durante este año.
Legislación que podría introducir una interferencia partidista en las elecciones
Por lo menos cuatro leyes nuevas en dos estados crean el riesgo de que haya una interferencia partidista en las elecciones o en sus resultados[25]. Estas leyes modifican quiénes pueden regular las elecciones o declarar los resultados y les dan más poder a los actores partidistas o eliminan partes importantes del sistema de frenos y contrapesos. Tres de estas leyes fueron aprobadas en Georgia. Si bien cada una tiene disposiciones específicas diferentes, las tres crean un riesgo de interferencia partidista en las elecciones, porque les quitan el poder sobre las elecciones a administradores electorales experimentados y se lo dan a juntas electorales locales controladas por actores partidistas, que estas leyes crean por primera vez, o bien cambian la forma en que se designan los miembros de una junta electoral ya existente. Hubo otros proyectos de ley parecidos que se aprobaron durante 2021 que permitieron que funcionarios locales removieran a varios demócratas negros de algunas juntas electorales de este estado.
La cuarta de estas leyes y la única que se aprobó desde nuestro resumen publicado en mayo es la S.B. 523 de Oklahoma, que ya está vigente para estas elecciones legislativas. Prohíbe que cualquier entidad estatal, incluso el gobernador, la junta electoral estatal y los tribunales estatales, modifique o enmiende las leyes electorales, lo cual elimina efectivamente cualquier control que se pudiera ejercer sobre la legislatura estatal. Prohibirles al gobernador y a los funcionarios electorales implementar políticas para responder a situaciones inesperadas podría causar complicaciones en la administración de elecciones futuras. Pero, si vamos más allá, podríamos hasta suponer que esta ley también les prohíbe efectivamente a los tribunales estatales siquiera admitir demandas contra leyes electorales discriminatorias u obstructivas porque ahora ya no pueden “modificar ni enmendarlas”, y esto ya es un algo peligroso. Contradice el principio de división de poderes, coincide con una tendencia nacional que busca debilitar el poder de los tribunales de funcionar como un sistema de control para las demás ramas del gobierno y deja muchas protecciones constitucionales estatales prácticamente inaplicables. En esencia, convierte a una versión extrema de la “teoría de las legislaturas estatales independientes” en ley en todo el estado de Oklahoma.
Legislación que impone o aumenta la probabilidad de sufrir sanciones civiles o penales relacionadas con la administración electoral
Por lo menos ocho de las leyes que buscan interferir con las elecciones aprobadas durante este año amenazan a nuestras elecciones de otra forma. Por lo menos seis leyes en cinco estados crean nuevas sanciones penales o civiles para funcionarios electorales. Y como se detalló en nuestro resumen de mayo, por lo menos dos leyes en dos estados dedican más recursos para procesar delitos electorales contra votantes o funcionarios electorales. Estas leyes tienen la función de intimidar a funcionarios y trabajadores electorales y hasta al electorado. Contribuyen a crear un ambiente de temor en torno a las elecciones y traen aparejado el riesgo de que las personas que administran las elecciones se preocupen más por evitar cualquier responsabilidad penal que por proteger al votante.
Por ejemplo, en clara respuesta a la teoría conspirativa sobre la financiación de la administración electoral con fondos privados, se aprobaron leyes en Alabama, Kentucky, Missouri y Oklahoma que penalizan o imponen una sanción civil si un funcionario electoral recibe o gasta fondos privados para actividades relacionadas con la administración de las elecciones. En 2020, que los funcionarios electorales hayan aceptado y utilizado fondos privados y donaciones privadas de espacio para establecer sitios de votación, trabajo voluntario de individuos e insumos privados les permitió administrar elecciones seguras y sin riesgo para la salud. Criminalizar estas acciones les impide a los funcionarios electorales acceder a fondos que serían beneficiosos para la administración de las elecciones y les crea el riesgo de ser procesados por comportamientos que antes se consideraban normales.
Este tipo de leyes empeoran un clima que ya estaba bastante tenso para las autoridades electorales, porque se suman a las amenazas de violencia y al acoso que reciben de actores privados motivados por teorías conspirativas sobre las elecciones. Retener y contratar a funcionarios electorales es un problema cada vez más apremiante.
Las nuevas leyes que crean sanciones penales también pueden intimidar a los votantes. El electorado en Florida ya está sintiendo el impacto de esta criminalización en torno a las elecciones. En virtud de la ley S.B. 524 de Florida, detallada en nuestro resumen de mayo y que creó una nueva oficina estatal para iniciar investigaciones sobre “irregularidades electorales”, ya se arrestaron a varias personas. Todas eran personas que habían tenido condenas por delitos mayores, que se vieron confundidas por las características complicadísimas de las reglas de restauración del derecho al voto en Florida, y a muchas de ellas funcionarios les dijeron que sí podían votar. Procesar a votantes por un error inocente genera temor e intimidación en el electorado y demuestra lo peligrosas que pueden ser estas leyes en manos de funcionarios estatales que tienen motivaciones políticas.
Legislación expansiva
Entre el 1 de enero y el 12 de septiembre, por lo menos 12 estados promulgaron 19 leyes que amplían el acceso al voto. Catorce de ellas fueron promulgadas desde la publicación de nuestro resumen en mayo. Dieciocho de ellas entrarán en vigencia para las elecciones legislativas de noviembre de 2022.
Nueve leyes en seis estados facilitan la votación por correo o mejoran el proceso, ocho leyes en seis estados les hacen más fácil votar a votantes con discapacidades, seis leyes en seis estados amplían las oportunidades de registrarse para votar, y tres leyes en tres estados crean o amplían la votación anticipada en persona. En total, las legislaturas de 44 estados y Washington, DC, han propuesto por lo menos 628 proyectos de ley expansivos durante la sesión legislativa de 2022.
Cabe mencionar que, en junio, Nueva York promulgó la histórica Ley de Derecho al Voto John Lewis, una ampliación estatal de la Ley de Derecho al Voto federal. Amplía el acceso al voto para minorías raciales, étnicas y lingüísticas, porque crea nuevas protecciones legales contra la supresión del voto, la dilución del voto y la intimidación al votante. Esta ley, además, requiere que las jurisdicciones que tengan una historia de discriminación obtengan la aprobación previa antes de incorporar ciertos cambios en las elecciones, un proceso parecido al sistema federal de aprobación previa que la Corte Suprema dejó sin efecto en 2013.
Nueva York no fue el único estado que aprobó leyes expansivas importantes en junio. Massachusetts promulgó su ley S. 2924, una legislación expansiva y exhaustiva que hace que varias reformas implementadas durante la pandemia se conviertan en medidas permanentes y establece otras políticas expansivas nuevas. Esta ley extiende el plazo de registro de votantes 10 días, codifica la política estatal de votación por correo sin necesidad de presentar justificación, que se empleó como respuesta a la pandemia, amplía la cantidad de días para la votación anticipada, crea nuevas protecciones para votantes con discapacidades y obliga a los centros correccionales a asistir a los votantes elegibles encarcelados para que puedan emitir su voto por correo. La ley ómnibus y mixta de Carolina del Sur S.B. 108 estableció la votación anticipada en persona sin necesidad de presentar justificación, y la ley H.B. 25 de Delaware permitió el registro de votantes el día de las elecciones.
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