En varios aspectos fundamentales, las elecciones de 2020 demostraron la fuerza y la resistencia del sistema electoral de los Estados Unidos. La cantidad de personas que acudieron a votar batió el récord en casi todos los estados y, a pesar de las dificultades sin precedentes causadas por la pandemia, no sufrimos una catástrofe administrativa electoral. Los adversarios del derecho al voto argumentan que estos triunfos significan que los obstáculos para votar ya no son un problema importante y que nuestro país ha superado la era de la supresión del voto. Sin embargo, un análisis más profundo de la cantidad de personas que emitieron su voto revela que siguen existiendo desigualdades raciales preocupantes ocasionadas, en parte, por la discriminación racial del proceso electoral. Y la supresión del voto siguió muy presente durante las elecciones de 2020.
En total, el 70.9 por ciento de los votantes blancos elegibles emitieron su voto en las elecciones de 2020, en comparación con tan solo el 58.4 por ciento de los votantes no blancos. A pesar del importante aumento en el total de personas que votaron, la brecha en la participación electoral entre los votantes blancos y no blancos se ha mantenido casi inmóvil desde 2014 y, en realidad, se ha pronunciado desde que llegó a su punto más bajo de la era moderna en 2008 y 2012, según reveló un reciente análisis del Brennan Center.
Durante el mismo período, la supresión del voto motivada por cuestiones raciales ha entrado en una nueva era. Después de las elecciones de 2010 y por primera vez desde el auge de la era Jim Crow, muchos estados de todo el país comenzaron a aprobar leyes que ponen trabas al voto. Esta ola de esfuerzos por suprimir el voto se entrecruzó con cuestiones raciales y cambios demográficos vigentes en toda la nación y, en parte, surgió como la reacción ante una mayor participación de las comunidades no blancas en las elecciones que llevaron al poder al primer presidente negro de los Estados Unidos. Los esfuerzos por suprimir el voto de las comunidades no blancas se aceleraron durante 2013, cuando la Corte Suprema eliminó algunas partes esenciales de la Ley de Derecho al Voto en la causa Shelby County vs. Holder. En los ochos años que le siguieron y, en especial, en 2020, estas tendencias continuaron acentuándose.
La discriminación racial durante una elección puede ocurrir en un amplio espectro de modos, desde un intento abierto y descarado de bloquear el acceso a las urnas de las comunidades racializadas, hasta la aplicación de políticas más sutiles que perjudican más a ciertas comunidades. En 2020, las personas votantes no blancas fueron víctimas de todo el espectro racial de supresión del voto. Este informe brinda un resumen de las distintas formas de supresión del voto motivada por cuestiones raciales que se produjeron durante las elecciones de 2020 y su período posterior.
El objetivo de este informe consiste en catalogar los cambios y prácticas electorales discriminatorias de 2020 y 2021, y proporcionar un contexto al movimiento político más amplio que está detrás de esos cambios. En términos de la supresión del voto, 2020 fue un año histórico, no solo por la cantidad de cambios e incidentes discriminatorios. Es cada vez más frecuente que los funcionarios y operativos políticos que impulsan estos cambios admitan que la intención detrás de sus nuevas leyes y políticas sea la de excluir a ciertas personas del electorado y producir determinados resultados.
Por ejemplo, mientras legisladores de Arizona debatían nuevos proyectos de ley que restringían el voto, el representante John Kavanagh de Arizona afirmó que, en su estado, al partido republicano “no le molesta aplicar medidas de seguridad para que no voten todos” y que a él le preocupa más “la calidad de los votos” que la participación total en las urnas. Mientras defendía dos de las leyes electorales restrictivas de Arizona, el abogado del Comité Nacional Republicano admitió que el interés del partido en estas leyes se centraba en evitar estar en “desventaja competitiva con los demócratas”. Y cuando se debatían propuestas para ampliar el acceso al voto por correo, el presidente Trump dijo que una ampliación del voto temprano y por correo daría como resultado “una cantidad de votos que, si lo aceptamos, nunca más tendríamos a un republicano electo en este país”.
Estas declaraciones no son pruebas legales de discriminación intencional. Pero cuando se evalúan junto con la larga lista de actos discriminatorios y desigualdades raciales de las elecciones de 2020, estas declaraciones ofrecen una perspectiva de la intención discriminatoria que tenía lugar en tiempo real. Esta retórica pública también proporciona un importante contexto para entender toda la gama de efectos discriminatorios que se analizan en este informe.
Todos los ejemplos de prácticas electorales discriminatorias (como aprobar nuevas leyes restrictivas, realizar purgas de votantes discriminatorias, tener largas colas y centros de votación cerrados, generar intimidación y desinformación entre votantes e intentar anular elecciones mediante el litigio o invalidando votos enviados por correo) deben analizarse dentro del contexto de estas declaraciones de intención obvias. Todos estos ejemplos son prueba del mismo problema subyacente: la persistencia y evolución de una discriminación racial inconstitucional que existe en nuestro sistema electoral.
