Las autoridades estatales en varios estados republicanos dicen que les importa proteger nuestras elecciones de cualquier fraude electoral. Pero si vemos sus acciones, parece que estas personas están más interesadas en intimidar a votantes elegibles y desalentar la participación en las elecciones.
En Florida y Texas, no hay pruebas que indiquen la existencia generalizada de fraude electoral. Ya que lo que buscan es un problema que no existe, las autoridades de esos estados ahora están politizando la justicia para clasificar errores involuntarios como “casos de fraude electoral” y, al mismo tiempo, infundir miedo entre votantes elegibles y desalentar su participación en las elecciones. Asimismo, las autoridades en estos dos estados están tomando medidas que demuestran que su preocupación por un posible fraude electoral no es más que un intento por esconder sus verdaderas intenciones.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis (R) se ha pavoneado de las prácticas electorales de su estado y las ha descrito como el “modelo por excelencia”. Aun así, el año pasado hizo que la legislatura estatal estableciera una unidad policial electoral muy inusual, con el argumento de que las fiscalías locales “no estaban enjuiciando a las personas”. Desde que abrió sus puertas el pasado julio, la Oficina de Seguridad y Delitos Electorales ha investigado más de 3,000 casos posibles de lo que se alegan ser “infracciones o irregularidades electorales”, pero solo una fracción muy pequeña se tradujo en arrestos. La gran mayoría fueron casos de personas que se equivocaron o se confundieron sobre su elegibilidad para votar. Algunas fiscalías locales se han negado a presentar cargos en circunstancias similares; entonces, la oficina de delitos electorales tuvo que obtener la colaboración de la Fiscalía Estatal, supervisada por una aliada de DeSantis, la fiscal general Ashley Moody (R). Pero varios jueces han señalado que la fiscalía estatal no tiene autoridad para procesar a las personas investigadas por la policía electoral de Florida, lo cual ha hecho que la legislatura estatal aprobara un proyecto de ley para ampliar esa autoridad.
La policía electoral de Florida fracasó y demostró el peligro de politizar la justicia; sin embargo, Virginia, Ohio y Georgia siguieron sus pasos y crearon unidades parecidas, o bien ampliaron los poderes de sus organismos penales estatales para procesar infracciones a las leyes electorales. Al igual que sucedió en Florida, ninguno de estos organismos ha podido encontrar casos genuinos de fraude, pero la legislatura de Texas está empecinada en crear su propia versión.
En Texas, las fiscalías locales están a cargo de enjuiciar delitos electorales, y la fiscalía general ya tiene dos unidades dedicadas a investigarlos. Sin embargo, el Senado de Texas acaba de aprobar un proyecto de ley que le daría la facultad a la Secretaría de Estado de nombrar “alguaciles electorales” para que investiguen delitos electorales y presenten cargos penales. Quienes apoyan este proyecto dicen que es una medida necesaria para garantizar la seguridad de las elecciones y erradicar todo posible “fraude”, en particular en los condados más grandes de Texas. Pero las autoridades estatales afirman que las elecciones en Texas ya son seguras, y una auditoría posterior a las elecciones en los cuatro condados más grandes del estado no reveló ningún fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020.
Al mismo tiempo y siguiendo una tendencia más amplia de penalizar actividades relacionadas con la votación, las autoridades de Florida y Texas están llevando a cabo acciones judiciales por errores de buena fe que cometen personas con condenas previas por delitos mayores durante las elecciones.
La primera medida que tomó la oficina de delitos electorales de Florida fue arrestar por haber votado cuando no podían a 20 personas con condenas previas por delitos mayores. Pero las personas acusadas no sabían que no eran elegibles cuando votaron. De hecho, muchas de estas personas, no todas, recibieron una tarjeta de información para votantes en el correo, lo que les hizo creer que sí podían votar.
La legislatura de Florida podría haber respondido a estos arrestos efectuados en agosto resolviendo el problema que los había originado, es decir, solucionando el laberinto de requisitos de elegibilidad que tiene el estado para sus ciudadanos reinsertados. En cambio, aprobó un proyecto de ley sobre cuestiones electorales que agrega una exención en las tarjetas de información a votantes que dice que son “solo a efectos informativos” y no son una “verificación legal” de la elegibilidad de votar de la persona. En otras palabras, Florida ha trasladado a su ciudadanía más de la carga de navegar y comprender las complicadísimas reglas de elegibilidad, aun cuando el estado ha dejado en claro que un error involuntario puede hacer que la persona termine tras las rejas.
De la misma forma, el Senado de Texas aprobó un proyecto de ley que eliminaría el requisito que tiene la fiscalía de probar que una persona sabía que no era elegible cuando votó para que se le considere culpable de votar ilegalmente. Este proyecto, que facilitaría enjuiciar a personas con condenas por delitos mayores que votan por equivocación, es un claro intento de pasar por alto la decisión del Tribunal de Apelaciones Penales de Texas en la causa de Crystal Mason, que fue sentenciada a cinco años de prisión por haber votado por equivocación mientras se encontraba cumpliendo una condena de libertad vigilada en 2016. El tribunal penal superior de Texas ordenó quese volviera a considerar la causa de Mason, porque el estado no había probado que ella sabía que no era elegible cuando votó.
Si bien las autoridades de Florida y Texas están haciendo todo lo posible por penalizar a las personas con condenas previas por cometer un error involuntario, los dos estados parecen haber tomado un enfoque diferente a la hora de procesar o evitar otras formas de presunto fraude electoral.
Cuando el año pasado se acusó a cuatro residentes de raza blanca de una comunidad de jubilados en Florida de haber votado doble, sus cargos fueron presentados por un fiscal local estatal y no por la politizada fiscalía estatal, sin que el gobernador dijera ni pío. Por lo menos a dos de estas personas (las dos, republicanas) también se les permitió entregarse ante la justicia, y las cuatro recibieron la posibilidad de negociar su pena, con lo que pudieron evitar su procesamiento judicial si realizaban servicio comunitario y aprobaban un curso sobre cívica para adultos. En cambio, a ninguna de las personas con condenas previas que fueron arrestadas el pasado agosto —la mayoría de las cuales era de raza negra— se le permitió entregarse a la justicia. De hecho, muchas fueron sorprendidas y arrestadas en un estado de confusión, tal como lo demuestran algunas filmaciones perturbadoras de las cámaras corporales de la policía. Algunas personas incluso fueron esposadas en ropa interior por equipos de las fuerzas especiales SWAT muy armados.
Cabe aclarar que no estamos abogando por la imposición de penas más severas para todo el mundo. Pero el tratamiento relativamente cruel que recibieron las personas con condenas previas revela la superficialidad de la supuesta preocupación del estado por un posible fraude electoral y sugiere su intención de intimidar a los votantes elegibles.
Esta forma de intimidación de los votantes puede ser muy efectiva y no solo en el estado donde se lleva a cabo. No es de extrañar que algunas personas elegibles para votar en Florida y Texas tengan miedo a votar si ven que a otras personas que creían ser elegibles la vida les da un vuelco cuando resulta que están equivocadas. Y después de conocer las acusaciones severas de Florida, hasta residentes de Alabama con condenas previas por delitos mayores han dicho que ya no quieren votar si, con su voto, ponen en riesgo a su familia.
Además, esta intención de intimidar a los votantes, enmascarada por un falso compromiso con la integridad de las elecciones, se pone de manifiesto en el retiro de Florida —y probablemente de Texas también— del Centro de Información de Registro Electoral Electrónico. Durante más de diez años, este consorcio bipartidario, conocido por la sigla ERIC, ha mejorado la calidad de los padrones electorales estatales mediante el intercambio de información entre sus estados miembros. En 2019, DeSantis incorporó a Florida a este consorcio para “reducir la posibilidad de fraude electoral”. Pero después de ataques infundados de grupos derechistas, varios estados se entregaron a teorías conspirativas y se retiraron de la cooperativa. Florida anunció su retiro en marzo, y la legislatura de Texas está considerando varios proyectos de ley para hacerlo también; incluso el Partido Republicano en Texas ha afirmado que su retiro del grupo es una prioridad legislativa.
Sin el pretexto de la integridad electoral, la verdadera motivación de Florida y Texas detrás de su enjuiciamiento de las personas por errores involuntarios queda al descubierto cuando se considera su probable consecuencia: intimidar a las personas ciudadanas con condenas previas por delitos mayores y desalentar su participación en las elecciones. La gran mayoría de estas personas es de raza negra. La verdadera intención es muy esclarecedora cuando evaluamos los supuestos esfuerzos de descubrir y penalizar “el fraude” en otros estados.
Traducción de Ana Lis Salotti.
