La mayoría conservadora en la Corte Suprema ha apaciguado a las bases republicanas. Los jueces revocaron el derecho al aborto conferido por Roe v. Wade, abolieron las limitaciones tradicionales a la posesión de armas de fuego y vetaron las medidas a favor de las minorías (affirmative action) en la admisión de las universidades. Este nuevo periodo de mandato, que comienza esta semana, está dirigido a los clientes que pagan, esos grandes donantes que desean una Corte Suprema conservadora que les ayude a neutralizar a los reguladores gubernamentales con poder sobre sus negocios.
Los magistrados de la Corte Suprema escucharon hoy los alegatos orales en el caso Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Association of America, Limited. Este asunto gira en torno a la manera en la que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés) se financia.
La CFPB es financiada directamente por la Reserva Federal, por lo que no necesita solicitar al Congreso una asignación anual. Los legisladores eligieron este método en 2010 cuando crearon la CFPB por dos razones principales. La primera es que la CFPB asumiría parte del trabajo de la Reserva Federal, por lo que era lógico que también asumiera parte de su financiación. La segunda es que, el tener una fuente independiente de ingresos, protegería a la CFPB de la influencia de esos mismos adinerados cabilderos a los que pretende controlar.
En un caso presentado por la industria de préstamos del día de pago, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó que este mecanismo violaba el Artículo I, Sección 9 de la Constitución, que dice que «No se podrá retirar Dinero del Tesoro si no es en Virtud de Asignaciones efectuadas conforme a la Ley». En otras palabras, de acuerdo con el Quinto Circuito, el Congreso no puede crear una fuente permanente de financiación que no esté dentro de su procedimiento presupuestario anual.
Si la Corte Suprema respalda este razonamiento, las repercusiones serán enormes. La propia Reserva Federal no recibe un presupuesto anual por parte del Congreso, de modo que su financiación sería supuestamente anticonstitucional. El pago de intereses de la deuda nacional también se asigna de forma permanente. La financiación del Seguro Social se pondría en tela de juicio.
Los prestamistas piden una decisión que se limite expresamente a la CFPB, pero no queda claro sobre qué principio constitucional se podría tomar semejante decisión. Una decisión en contra de la CFPB pondría todo en duda. Si bien el argumento oral fue prometedor para la agencia, esta peligrosa teoría legal nunca debió de haberse presentado en la Corte Suprema
El caso de la CFPB es el primero de muchos en este periodo de mandato que amenazan con eliminar décadas de interpretación constitucional y restringir la autoridad reguladora del gobierno federal. En el caso de Loper Bright Enterprises v. Raimondo, la Corte decidirá si se abandona por completo la idea de que los tribunales se refieran a las competencias de las agencias federales cuando una ley no abarca un asunto o lo hace de forma ambigua.
Este principio, conocido como la deferencia Chevron tras una decisión unánime en 1984, ha proporcionado flexibilidad a los reguladores gubernamentales en ámbitos como el cambio climático. Los que se oponen a la doctrina Chevron se ven a sí mismos como defensores del Congreso; en realidad, esto significa una acaparación de poderes para los jueces.
Ante la Corte también se presentará el caso de SEC v. Jarkesy, en el que el Quinto Circuito (sí, otra vez ellos) vetó el poder de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) de administrar procedimientos de cumplimiento dentro de la agencia en lugar de en la corte federal. Este caso amenaza con disminuir el paso del trabajo de la SEC hasta el punto de casi paralizarlo. En el caso de Moore v. U.S., los jueces de la Corte Suprema pueden intentar bloquear un impuesto sobre el patrimonio incluso antes de que se promulgue.
Cuanto más se observan los casos de la Corte, más claro se ve el objetivo: desmantelar el estado administrativo, bloquear la reforma financiera y revertir el New Deal. Revocar las decisiones progresistas de la Corte Suprema del juez Warren es solo un objetivo secundario.
Traducción de Pablo Ferriz