En lo que se esperaba que fuera el ciclo de elecciones legislativas más caro de la historia, la financiación masiva de un pequeño grupo de megadonantes puso de manifiesto lo mucho que nuestro proceso político se ha convertido en un juego de ricos. A más de diez años de la decisión de la Corte Suprema en la causa Citizens United, que desreguló considerablemente la financiación política, sus efectos antidemocráticos se han vuelto tan visibles que resulta doloroso.
Un análisis de la financiación de las campañas políticas de 2022 revela cuatro conclusiones dignas de evaluar. La primera es que incluso la amplia participación de ciudadanos particulares que donan masivamente pequeñas sumas de dinero queda eclipsada ante el control que ejercen los megadonantes sobre el proceso. En segundo lugar, las personas que rechazan los resultados de las elecciones recibieron un importante impulso por parte de grandes donantes nacionales, incluso en contiendas estatales que tradicionalmente no llamaban mucho la atención. En tercer lugar, los megadonantes se aprovechan de los vacíos legales para hacer donaciones anónimas, vacíos que deberían corregirse. Por último, hubo importantes avances en materia de reformas populares, como en el caso del programa de financiación pública mediante pequeñas donaciones del estado de Nueva York.
Una democracia saludable requiere que todas las personas tengan una voz. Nuestro sistema les permite a unos pocos utilizar su extrema riqueza privada cada vez más para darle forma a la política de nuestro país, pero no tiene por qué ser así. Debemos seguir exigiendo reformas.
Aunque han surgido muchísimos pequeños donantes, los grandes donantes siguen dominando.
Las elecciones de este año movieron a toda la ciudadanía a participar en las elecciones en grandes cantidades y a donar pequeñas sumas de dinero a nivel masivo. De acuerdo con los datos de OpenSecrets, las pequeñas donaciones —de menos de $200— aportaron más de $747 millones de dólares a candidatos para la Cámara de Representantes y el Senado. Esta es una cifra récord para una elección legislativa y, además, representa $138 millones más de lo que la ciudadanía donó en 2018 y cuatro veces más que en 2014, una diferencia astronómica.
Pero solo 21 de las familias de donantes más grandes, que pertenecen a los dos lados del espectro político, donaron un total de $783 millones, con un mínimo de $15 millones cada una. Esta suma supera las contribuciones de por lo menos 3.7 millones de pequeños donantes. Además, las donaciones de personas billonarias representaron el 15 por ciento de toda la financiación electoral a nivel federal. La mayor parte de este dinero se destinó a los supercomités de acción política (súper-PAC), que pueden aceptar sumas ilimitadas de dinero.
El patrocinio político de los donantes más grandes también ha crecido a un nivel explosivo, mucho más rápido que las pequeñas donaciones. Las donaciones de los 100 donantes más grandes y sus cónyuges fueron ampliamente superadas por las donaciones pequeñas en 2010, el año en que se decidió la causa Citizens United. Pero en 2022, los 100 donantes más grandes donaron un 60 por ciento más que todos los pequeños donantes.
La enorme influencia de los ultrarricos tiene muchos efectos antidemocráticos. Los megadonantes saben que los políticos a los que apoyan, si salen electos, van a oír sus ideas sobre la política, algo que los votantes comunes y corrientes no pueden conseguir en un sistema tan injusto. Incluso antes de las elecciones, los megadonantes pueden actuar de guardianes (“gatekeepers”) que controlan el acceso a las contiendas electorales, porque sus inmensas contribuciones terminan elevando el precio de admisión a tal nivel que les prohíben la entrada a candidatos que no reciben el apoyo de megadonantes, pero que sí quizá representan mejor a la ciudadanía. Y en estas elecciones, vimos cómo algunos megadonantes posibilitaron el surgimiento de varios candidatos extremistas atacando los pilares fundamentales de nuestra democracia.
Los grandes donantes y las personas que rechazan los resultados de las elecciones convirtieron las elecciones estatales en contiendas nacionales.
En medio de una campaña masiva de desinformación en la que aún se afirma que a Donald Trump le “robaron” las elecciones de 2020, muchas campañas políticas se centraron en esta Gran Mentira, entre ellas, campañas para ocupar cargos relacionados con la administración electoral. Una ola de donaciones proveniente de todo el país ayudó a avivar el rechazo de los resultados de las últimas elecciones presidenciales e hizo que todo el país prestara atención a las campañas políticas de candidatos a secretarios de estado, que en la mayoría de los estados es también la autoridad electoral máxima y que antes eran contiendas sencillas y sin disputas.
En seis estados muy disputados, la financiación que recibieron las campañas electorales de sus secretarios de estado llegó a la suma total de $26.4 millones al mes de septiembre, más del doble de lo donado en 2018. Algunos candidatos recibieron el 40 por ciento o más de sus fondos de donantes residentes en otros estados u obtuvieron donaciones de millones de dólares por parte de grupos nacionales.
Algunos de los donantes más grandes del país apoyaron las campañas de candidatos a gobernador y secretario de estado que rechazan los resultados de las elecciones presidenciales y les dieron renombre nacional. Por ejemplo, J.D. Vance y Blake Masters, que rechazan los resultados electorales, eran novatos en la política, pero también habían sido socios del inversor de capital de riesgo Peter Thiel. Thiel les donó decenas de millones de dólares como apoyo a sus campañas. El ex-CEO de Overstock Patrick Byrne y su grupo The America Project realizaron grandes contribuciones a la campaña de Jim Marchant para el cargo de secretario de estado de Nevada y a su coalición America First, que reunía a candidatos que negaban los resultados de las últimas elecciones presidenciales.
La mayoría de estos candidatos que rechazan los resultados electorales y que se presentaron a cargos relacionados con la administración electoral, como secretario de estado y gobernador, perdieron las elecciones y, por lo general, recibieron menos votos que otros candidatos más tradicionales del mismo partido que se presentaban para el mismo cargo.
Las donaciones anónimas se vuelven más anónimas, pero la transparencia es importante.
El costo total de las elecciones federales y estatales de este año será de $16.7 mil millones de dólares, de acuerdo con OpenSecrets. Pero esta es tan solo la suma que se ha informado según lo estipula la ley. No se conoce la verdadera magnitud de las megadonaciones, pero sí se sabe que, en realidad, es mucho mayor porque hay grandes vacíos legales en la legislación federal y en la de muchos estados que facilitan la financiación ilimitada y anónima de las campañas políticas.
Si bien los grupos de donantes anónimos han declarado durante los últimos años cada vez menos contribuciones ante la Comisión Federal de Elecciones, ello parece deberse a que ahora financian las campañas de un modo que no exige declaración alguna.
Un análisis de OpenSecrets revela que cuatro grupos de donantes anónimos con una determinada afiliación política aportó casi $300 millones de dólares durante este ciclo electoral, que fueron destinados a súper-PAC afiliados o hacia comerciales estratégicamente redactados, cuya financiación no fue declarada, ni tampoco lo fueron sus donantes. Hay cientos de grupos más activos políticamente que vierten grandes cantidades anónimas de dinero en nuestras elecciones.
Las reglas de divulgación establecidas demuestran lo terrible que se ha vuelto el problema de los megadonantes y su influencia, y cuáles son los intereses con los que quedan en deuda los políticos cuando llegan al poder. A lo largo del ciclo electoral, los medios de comunicación y las organizaciones como OpenSecrets presentaron estudios y análisis fundamentales para cuantificar e identificar las grandes donaciones en la política cuando se utiliza una declaración obligatoria sobre la financiación de campañas.
La transparencia le ayuda a la ciudadanía a tomar decisiones informadas al momento de votar y hacer que los líderes políticos rindan cuentas cuando llegan al poder, dos aspectos esenciales en una democracia saludable. Es fundamental tener una mayor transparencia en la financiación de las elecciones y, para ello, hay que subsanar los vacíos legales que permiten que las donaciones anónimas se sigan ocultando.
La ciudadanía quiere que la financiación de las campañas en nuestra democracia sea más democrática.
En 2020, la legislatura del estado de Nueva York respondió a la demanda de sus ciudadanos de tener una opción más democrática de financiamiento de las elecciones cuando promulgó un innovador programa de financiación pública a través de pequeñas donaciones, que se lanzó la semana pasada. La financiación pública es la respuesta más fuerte que se puede dar a la causa Citizens United, que abrió la puerta a las grandes donaciones y se la cerró a muchos otros caminos de reforma. El programa de Nueva York, que es voluntario, permitirá que todo candidato serio pueda recaudar sumas de dinero competitivas a través de las pequeñas contribuciones de su electorado, siempre que cumplan con estrictas reglas de contribución y transparencia.
Como lo demostró la financiación privada de una suma récord por parte de los megadonantes para las elecciones estatales a gobernador de este año, Nueva York necesita esta reforma con urgencia. Este nuevo programa ayudará a contrarrestar la enorme influencia de los donantes adinerados y los intereses especiales, y empoderará a más neoyorquinos para que se escuche su voz en el proceso político.
La gobernadora Kathy Hochul ha sido una ávida defensora de este programa, y su reelección garantizará que el programa cuente con los fondos suficientes y que pueda atender a la ciudadanía y a sus candidatos para las elecciones legislativas de 2024.
La semana pasada, muchas reformas prodemocráticas de financiación de campañas y financiación pública obtuvieron claras victorias en las elecciones a lo largo de todo el país. En Portland, Maine, se aprobó con una victoria electoral aplastante una medida incorporada en la boleta que crea un programa de financiación pública, prohíbe las contribuciones corporativas para candidatos que se presentan a cargos locales y exige una mayor transparencia en la financiación de campañas. En Oakland, California, la ciudadanía votó a favor de otra medida incorporada en la boleta para establecer el programa “Dólares Democráticos” (Democracy Dollars), que les otorga a los residentes elegibles de la ciudad un cupón de $100 para que apoyen a cualquier candidato local que prefieran. Arizona aprobó una medida que pondrá en relieve los fondos anónimos, ya que exige la divulgación de los grandes donantes a los comités políticos. Estas tres iniciativas fueron votadas por la ciudadanía con al menos el 65 por ciento de aprobación, lo cual demuestra el grado de popularidad que tienen estas reformas en nuestra población.
Traducción de Ana Lis Salotti.
