Hace 10 años, la Corte Suprema aniquiló un componente muy importante de la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) en Shelby County v. Holder. El fallo eliminó el requisito de que las jurisdicciones con una historia de discriminación racial en las elecciones obtengan aprobación del gobierno federal si adoptan una nueva política de votación, un proceso llamado “preautorización” o “preclearance”.
Sin esta medida de protección, los votantes perdieron una salvaguardia contra las políticas electorales discriminatorias, y los estados que anteriormente estaban sujetos a preautorización quedaron en libertad de implementar restricciones discriminatorias en el acceso a la votación sin escrutinio anticipado. Muchos estados hicieron precisamente eso.
Junto con una decisión previa que interpretó estrictamente las medidas de protección del derecho al voto, Shelby County también envió un mensaje a la nación de que los tribunales federales ya no desempeñarían su histórica función de ser grandes protectores del derecho al voto. Durante los años transcurridos desde entonces, la Corte lo ha confirmado repetidamente, indicando así a los estados que pueden aprobar leyes electorales restrictivas sin temor a consecuencias legales. (La decisión reciente de la Corte Suprema en Allen v. Milligan apoya la protección de la Voting Rights Act contra la delimitación de distritos electorales de manera racialmente discriminatoria pero no las restricciones electorales).
Como resultado, el país ha sido testigo una serie de leyes electorales restrictivas durante la última década, las que alcanzaron un punto culminante tras las elecciones en 2020 y no muestran indicios de disminuir. (Si bien la tendencia de legislación electoral restrictiva empezó antes del fallo a Shelby County, sus efectos se mitigaron en gran medida debido al proceso de preautorización y las decisiones de cortes que bloquearon o debilitaron las nuevas medidas para limitar el acceso al voto).
El Brennan Center lleva cuenta y cataloga esta tendencia de legislación electoral restrictiva desde su fundación. Se categoriza como tal la legislación que contiene una o más disposiciones que, en comparación con las leyes estatales existentes, dificultarían que los estadounidenses son elegibles para votar se inscriban, sigan en los padrones o voten.
Desde el fallo de Shelby County, por lo menos 29 estados han aprobado 94 leyes electorales restrictivas.
Por lo menos 29 leyes se aprobaron en 11 estados que antes estaban sujetos a preautorización, ya sea en su totalidad o en parte, cuando se emitió la decisión respecto a Shelby County. En otras palabras, si no hubiera sido por el fallo de la Corte Suprema, aproximadamente un tercio de las leyes restrictivas que se aprobaron en los últimos 10 años habrían estado sujetas a previa aprobación por el Departamento de Justicia o un panel de jueces federales, y es probable que se hubiera prohibido la implementación de muchas de ellas.
De hecho, varias de esas leyes se anularon o se prohibieron por discriminar en términos raciales. Pero otras siguen representando obstáculos en las urnas.
No todas las leyes restrictivas son iguales. Algunas, como aquellas aprobadas en Iowa, Florida, Georgia y Texas en 2021, son leyes generales que incluyen muchas medidas restrictivas. De todos modos, cabe notar que por lo menos 7 estados han aprobado cinco o más leyes restrictivas desde la decisión de Shelby County. Arizona, un estado que estaba sujeto a preautorización, tiene el más alto número de leyes electorales restrictivas aprobadas (ocho) por un solo estado desde Shelby County.
Muchas de estas nuevas leyes son racialmente discriminatorias. Existe una amplia evidencia de que estos tipos de leyes afectan más a las comunidades no blancas, y las cortes han anulado varias por ser racialmente discriminatorias.
La brecha entre la tasa de participación de votantes blancos y no blancos ha aumentado desde Shelby County, lo que incluye a las jurisdicciones antes amparadas por preautorización.
Los estudios también indican que la motivación de muchas de esas leyes fue la discriminación racial, como han concluido algunos tribunales. Hay muchas pruebas de que el racismo, lejos de ser un espectro del pasado, como se supuso en el fallo sobre Shelby County, continúa desempeñando un papel activo en la supresión continua de los votantes no blancos.
Las leyes restrictivas aprobadas en los últimos 10 años están dirigidas a todos los aspectos de la votación, lo que incluye dificultar la inscripción de votantes, reducir la oportunidad de votar con anticipación, cerrar recintos electorales y limitar la ayuda a los votantes.
Sin embargo, una porción considerable de leyes restrictivas que se aprobaron después de Shelby County siguen dos tendencias principales: estricta legislación sobre la identificación de votantes justo después de la decisión y límites a la votación por correo después de las elecciones de 2020.
Enfoque inmediato y persistente en la identificación de votantes
La primera ola de leyes restrictivas tras Shelby County se centró mayormente en imponer requisitos irracionalmente estrictos sobre la identificación de votantes. De hecho, el mismo día que la Corte Suprema dio a conocer su decisión, el fiscal general de Texas anunció una estricta ley de identificación de votantes que había sido bloqueada por la preautorización debido a que su impacto discriminatorio sería inmediato. Luego las cortes federales anularon la ley por discriminar racialmente bajo otra cláusula de la Ley de Derecho al Voto.
Mississippi y Alabama también empezaron a exigir la presentación de una identificación para votar que se había bloqueado bajo la preautorización. La legislatura de Carolina del Norte aprobó una ley general de votación que instituyó un estricto requisito de identificación de votantes y varias otras medidas restrictivas. Esta ley luego fue calificada por un tribunal federal como una ley que “estaba dirigida a afroamericanos casi con precisión quirúrgica”.
Esta tendencia de establecer requisitos estrictos o restringir los tipos aceptables de identificación de votantes continuó hasta el 2017, y por lo menos nueve estados promulgaron después de Shelby County nuevas leyes restrictivas de identificación de votantes (entre ellas la ley de Carolina del Norte que se menciona arriba) o implementaron leyes de identificación de votantes que la preautorización solía prohibir.
Tal vez como resultado de varias impugnaciones legales exitosas, las leyes estrictas de identificación de votantes pasaron a ser menos comunes después de Shelby County. Pero desde 2021, algunas legislaturas estatales han vuelto a enfocarse en esta política.
En los últimos tres años por lo menos nueve estados han promulgado no menos de 13 leyes restrictivas de identificación de votantes para la votación en persona, entre ellos tres estados que lo habían hecho inmediatamente después de Shelby County.
Cada vez hay más evidencia de que las estrictas leyes de identificación de votantes afectan desproporcionadamente a los votantes no blancos. Los estrictos requisitos de identificación también son una imposición para votantes con discapacidades y de bajos ingresos, quienes enfrentan considerables obstáculos para obtener una identificación con foto.
En total, se han aprobado por lo menos 25 nuevas leyes que implementan una política restrictiva de identificación desde Shelby County. (Varias de esas 25 leyes también redujeron el acceso de los votantes de otras maneras).
Si bien algunas de estas leyes se anularon en su totalidad o en parte por discriminación racial, lo más probable es que muchas no se habrían puesto en vigor cuando la preautorización estaba en efecto. Es enorme el número de votantes, particularmente votantes no blancos, a quienes se privó del derecho al voto mientras las leyes eran cuestionadas en las cortes y mientras estas leyes siguen en vigor.
La votación por correo bajo ataque tras el 2020
Recientemente, los legisladores que se proponen limitar el acceso al voto se han centrado en la votación por correo. Estados Unidos tiene una larga historia de votación por correo que data de antes de la fundación del país. Inmediatamente después de Shelby County, se aprobaron muy pocas leyes restrictivas respecto a la votación por correo. De hecho, muchos estados aumentaron activamente las opciones para votar así.
Sin embargo, las mentiras sobre el fraude electoral con boletas enviadas por correo, que se diseminaron durante la contienda de 2020 y después, además del papel que la votación por correo desempeñó en el incremento de la participación de votantes en 2020, tuvieron repercusiones legislativas extremas contra este tipo de votación.
Desde las elecciones de 2020, 20 estados han aprobado 32 leyes que restringen el acceso a la votación por correo. En total, 22 estados han aprobado 41 de esas leyes desde Shelby County. (Varias de estas medidas también restringieron el acceso al voto de otras maneras).
En el caso de todos los votantes y en particular aquellos que deben viajar, tienen problemas de salud, dificultades de trasporte o conflictos laborales, limitar la votación por correo puede impedir su fácil participación en la democracia.
Algunas de estas nuevas restricciones tienen un claro impacto de discriminación racial. Por ejemplo, el Brennan Center estudió una ley de 2021 en Texas que exigía que los votantes incluyeran su número de licencia de conducir o los cuatro últimos dígitos de su número de seguro social en la solicitud de boletas para la votación por correo, además de que estos correspondieran con aquellos en los datos registrados sobre cada votante.
Durante las primarias de marzo de 2022 en Texas, se rechazaron miles de boletas por correo o solicitudes de estas, enviadas por un número desproporcionado de votantes latinos, negros y de origen asiático. En general, la probabilidad de que se rechazara una solicitud o boleta enviada por correo de votantes no blancos fue 30 por ciento más alta que la de los votantes blancos.
En pocas palabras, Shelby County v. Holder dio paso a muchas leyes electorales restrictivas. El fallo de la Corte Suprema se basó en la afirmación de que la discriminación racial en la votación, en gran parte, había quedado en el pasado, pero lo que ha sucedido en años recientes lo contradice. En la última década, los votantes han enfrentado una serie sin precedente de leyes restrictivas y, con frecuencia, discriminatorias, y los tribunales han ofrecido poca protección.
Como la Corte Suprema señaló en Shelby County, el Congreso puede subsanar este problema. Lo debe hacer con la aprobación de la propuesta de Ley John R. Lewis para Reforzar el Derecho al Voto (VotingRightsAdvancementAct) a fin de restaurar con pleno vigor la VotingRightsAct. Esto sería además de la propuesta de Ley de Libertad para Votar (Freedomto Vote Act) a fin de sentar estándares nacionales no discriminatorios para la votación y las elecciones.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
