Muchos expertos en temas constitucionales se preparan para recibir los próximos fallos de la Corte Suprema sobre la Ley de Derecho al Voto, la acción afirmativa y la “teoría de las legislaturas estatales independientes”. El edificio de la Corte Suprema, conocido como el Marble Palace, sobre First Street, acapara casi toda la atención. Sin embargo, mientras tanto, los juzgados federales de todo el país nos están demostrando lo que pasa cuando los tribunales de menor instancia se llenan de jueces con una ideología de derecha.
Después de una audiencia que tuvo lugar la semana pasada, el magistrado Matthew Kacsmaryk en Amarillo, Texas, debe dar su dictamen sobre una demanda disparatada que busca prohibir el uso de la pastilla abortiva mifepristona, medicación que se utiliza en más de la mitad de todos los abortos realizados en los Estados Unidos. Si este juez decide revocar la aprobación que hace décadas dio la FDA a esta pastilla, su decisión no solo afectará a las mujeres en Texas, sino también a las mujeres de todos los estados.
¿Cómo es posible que un solo juez federal tenga tanto poder sobre las decisiones de carácter médico de más de 167 millones de personas? Aunque cueste creerlo, la Corte Suprema nunca se ha pronunciado sobre si este tipo de órdenes judiciales con alcance nacional son constitucionales o no. La clase política liberal utilizó este recurso en ciertas ocasiones para bloquear algunas políticas de la administración de Trump, por ejemplo, cuando una sola jueza bloqueó la prohibición del ingreso de personas musulmanas, impuesta por el presidente Trump en 2017. Pero, sin dudas, la clase conservadora ha perfeccionado este recurso.
En Texas, por un giro caprichoso de las reglas, se puede elegir en qué tribunal federal presentar un juicio y básicamente seleccionar con mucho cuidado qué juez o jueza vaya a atender la demanda —es decir, buscar al mejor postor para asegurarse de conseguir una decisión favorable—. Cuando alguien presenta una demanda federal en Amarillo, tiene el 100 por ciento de probabilidades de tener a Kacsmaryk como juez, conocido por su militancia en Federalist Society. Su hermana hace muy poco le dijo a la prensa que la misión de su hermano era la de acabar con el aborto en los Estados Unidos. Kacsmaryk ha catalogado a la homosexualidad como un “trastorno”. Hizo que el gobierno restituyera la política de Trump conocida como “Quédense en México”, que prohibía la entrada de personas solicitantes de asilo y las obligaba a permanecer en México mientras esperaban su primera audiencia inmigratoria, política que luego fue revocada por la Corte Suprema. Semejante historial convierten a Kacsmaryk en el juez ideal para grupos antiaborto que buscan a alguien con ideas favorables a sus causas.
Y eso no es todo. Kacsmaryk podría estar preparando su fallo en contra de la pastilla abortiva a partir de la nueva “doctrina sobre cuestiones fundamentales”, que se presentó no hace más de nueve meses. Esta doctrina, articulada por primera vez en un caso del año pasado que redujo drásticamente el poder regulatorio de la Agencia de Protección Ambiental, sostiene que las agencias e instituciones federales precisan de una autorización concreta de parte del Congreso para tomar decisiones de “fundamental” importancia económica o política. Se prevé que esta teoría jurídica, que tiene una flexibilidad muy oportuna, sea el fundamento que utilicen por defecto los jueces de derecha para bloquear cualquier política que no les agrade.
El caso de Texas no es el único que demuestra el impacto de los tribunales de menor instancia de clara ideología. La decisión de la Corte Suprema en la causa New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, que establece que las leyes sobre armas de fuego deben pasar la prueba de “la historia y la tradición” y no la de la seguridad pública, ha tenido amplias repercusiones y producido dictámenes judiciales que rayan en la ridiculez. Por ejemplo, un juez federal en el oeste del estado de Nueva York anuló la mayor parte de la nueva ley estatal sobre armas de fuego, ya que no podía encontrar ninguna ley de la época colonial que prohibiera la portación de armas en campamentos de verano, que, por supuesto, no existían en esa época. Y, sorpresa, tampoco encontró ningún texto del siglo dieciocho que prohibiera las armas en trenes subterráneos. Si bien no anuló la prohibición de portar armas en las iglesias, al poco tiempo otro juez de Nueva York falló en contra de esta restricción bajo el pretexto de que no había fundamentos históricos.
Apenas el mes pasado, la Corte Federal de Apelaciones para el Quinto Circuito dictaminó una sentencia realmente escandalosa: les permitía a las personas acusadas de violencia doméstica conservar sus armas de fuego. La corte citó como fundamento la falta de ejemplos contra violencia doméstica en las primeras leyes de nuestro país. Por lo tanto, dijeron, tampoco tiene por qué haber protecciones en 2023.
Abundan los ejemplos y, sin lugar a dudas, seguirá habiendo muchos más. Trump no nombró tan solo a tres jueces de la Corte Suprema, también nombró a 226 jueces federales durante su presidencia. La gran mayoría fue previamente aprobada por la Federalist Society. Estos nombramientos tienen repercusiones duraderas, y es de suma urgencia reequilibrar la balanza de la judicatura federal. La semana pasada, la Conferencia Judicial de los Estados Unidos, encabezada por el presidente de la Corte Suprema el magistrado John Roberts, recomendó la incorporación de 68 jueces federales para reducir la importante carga de trabajo que existe hoy en día en el sistema judicial. Esta podría ser una buena medida para contrarrestar el partidismo que arrasa los tribunales de nuestro país. Pero lo que es más importante, necesitamos entender la importancia de lo que pasa con los tribunales federales.
No podemos dejar que un solo juez con mazo y rencor nos gobierne.
Traducción de Ana Lis Salotti.
