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En 1798, el Congreso promulgó las Leyes sobre Extranjeros y contra la Sedición. Estas leyes penalizaron la disensión, pisotearon libertades civiles y violaron la Constitución. Están entre las leyes más infames de la historia. Una de ellas aún está en vigor, la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act, en inglés) de 1798.
La ley solo se ha usado tres veces: durante la Guerra de 1812; durante la Primera Guerra Mundial y, el caso más notorio, para encarcelar a decenas de miles de inocentes personas no ciudadanas de ascendencia japonesa, alemana e italiana en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial.
Thomas Jefferson condenó las Leyes sobre Extranjeros y contra la Sedición como parte de un “reino de brujas”. Recientemente, Donald Trump describió de otra manera la última de ellas. Llamémosla el Proyecto 1798.
El fin de semana pasado, Trump prometió lanzar la “Operación Aurora”, un plan para movilizar las fuerzas armadas en territorio estadounidense a fin de detener, arrestar y deportar a inmigrantes que considera peligrosos. “¿Se pueden imaginar? Esos eran los viejos tiempos cuando tenían políticos recios, hay que remontarse muchos años atrás”, dijo en un mitin el sábado. “Piénsenlo, 1798. Ah, es una ley poderosa. Sería imposible promulgar algo así hoy en día”.
Dejemos en claro que una medida así sería ilegal. Como mi colega Katherine Yon Ebright señala en su análisis integral de la ley, solo se puede usar cuando hay “una guerra declarada entre Estados Unidos y un país o gobierno extranjero” o en caso de una invasión militar por el gobierno de un país. Es una ley de tiempos de guerra, como la Corte Suprema ha confirmado, que permite que los presidentes detengan o deporten a los oriundos y ciudadanos de un país enemigo.
Esto iría en contra de libertades civiles básicas, y ojalá que las cortes hagan valer la Declaración de Derechos. Pero la Corte Suprema ya se ha rehusado a vigilar los usos posguerra de la ley, con el argumento de que la existencia continua de una guerra era un asunto “político” fuera del ámbito de los jueces. Y ese fue un tribunal con una trayectoria razonable de integridad. Hablemos claro: ¿Debemos confiar en esta Corte Suprema para que defienda el estado de derecho e invalide el abuso de la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de paz?
El Congreso debe anular la Ley de Enemigos Extranjeros. Es un paso que se debió tomar hace mucho tiempo. Y hay otras leyes antiguas y poco usadas de las que un presidente agresivo podría abusar. Con demasiada frecuencia dependemos del autocontrol presidencial en vez de medidas de protección del público que se pueden aplicar.
La Ley de Insurrección (Insurrection Act, en inglés) data de 1807. La última vez que un presidente recurrió a ella fue para enviar soldados a fin de reprimir la violencia en Los Ángeles hace más de tres décadas. Trump ha prometido usarla como parte de su plan para la deportación masiva. Como el Brennan Center ha documentado, pocos límites impiden que un presidente abuse de esta ley.
La Ley Nacional de Emergencias (National Emergencies Act, en inglés) permite que un presidente declare una emergencia, con pocos parámetros, y otorga un poder extraordinario cuando eso sucede. Se usa debidamente cuando hay, pues, una emergencia, por ejemplo, un atentado terrorista o la falla masiva de la red eléctrica. No se debe invocar para ir en pos de objetivos como aquellos relacionados con la inmigración.
Un grupo de legisladores de ambos partidos entiende los riesgos. El mes pasado, dos comités del Congreso respaldaron una reforma legislativa que exigiría que el Congreso apruebe una declaración de emergencia dentro de 30 días. Los presidentes podrían actuar rápidamente, pero los mecanismos de pesos y contrapesos de la Constitución seguirían siendo estrictos, también.
Todas estas leyes, tan propensas a abusos, con frecuencia desempeñan un papel protagónico en los peores episodios de abuso en la historia estadounidense. El ilustre historiador Gordon Wood, en Oxford History of the United States, describió las Leyes sobre Extranjeros y contra la Sedición como “un error desastroso” que “totalmente destruyó la reputación histórica de los federalistas”. Más de dos siglos después, el Congreso tiene la oportunidad de acabar con esta desgracia.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
