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Esta columna se publicó originalmente en La Opinión
Un proyecto de ley en el Congreso obligaría a toda persona ciudadana a presentar un documento como un pasaporte o un certificado de nacimiento cada vez que se registre para votar.
Lo más preocupante es que más de 21 millonesde ciudadanos estadounidenses en edad de votar no tienen a mano su certificado de nacimiento o pasaporte, según reveló una encuesta realizada por el Brennan Center for Justice y organizaciones aliadas.
Tan solo aproximadamente la mitad de las personas adultas estadounidenses tiene pasaporte, tal como lo demuestran las cifras del Departamento de Estado. Otros tantos millones no tienen acceso a una copia en papel de su certificado de nacimiento. (Dicho sea de paso, ¿sabe usted dónde está el suyo?).
Si se aprueba, este requisito de presentar una prueba de ciudadanía perjudicaría a algunos grupos muchísimo más que a otros, como a votantes más jóvenes, votantes no blancos y mujeres casadas que se han cambiado el apellido. Además, la ley propuesta afectaría métodos muy usados de inscripción de votantes, como el registro por correo y por internet.
Tanto Kansas como Arizona ya han probado sus propias versiones de la Ley SAVE con resultados desastrosos. Las nuevas reglas impidieron que miles de ciudadanos elegibles pudieran registrarse para votar. Al final, la regla en Kansas fue anulada por completo, mientras que a Arizona se le prohibió aplicar su restricción en las elecciones federales.
¿Y todo para qué? Los estudios y las investigaciones han demostrado una y otra vez que, en Estados Unidos, votan solamente las personas ciudadanas, con excepciones ínfimamente raras. Las leyes estatales y federales ya establecen que solo pueden votar las personas estadounidenses ciudadanas en las elecciones estatales y federales, y cualquiera que viole estas leyes enfrenta penas severas.
Las protecciones federales y estatales existentes incluyen un requisito que estipula que quienes se registran para votar deben declarar su condición de ciudadanía bajo pena de perjurio, controles en bases de datos y la amenaza de procesamiento penal.
A pesar de estos hechos, la Ley SAVE se basa en teorías conspiratorias ya desmentidas y es parte de un esfuerzo más amplio que busca restringir la libertad de voto contra determinados grupos de estadounidenses, como las comunidades latinas, en un momento en el que están creciendo cada vez más.
Se prevé que la Cámara de Representantes considere la Ley SAVE tan pronto como la semana que viene. Antes, el gobierno federal procuraba garantizar el derecho al voto para más personas. Ahora, tenemos un ejemplo claro en el que está interviniendo para quitarles ese derecho a millones de votantes.
