- Solo el Congreso tiene la facultad de enjuiciar, destituir y remover de sus cargos a jueces federales.
- A veces se amenaza con la posibilidad de destitución por razones partidistas, pero, en realidad, el proceso de destitución y remoción de jueces es muy poco frecuente y, en general, se limita a casos graves de conductas no éticas o comportamientos ilícitos.
Las decisiones de algunos tribunales federales en contra de algunas políticas de la administración Trump han llevado a los partidarios del presidente a pedir la destitución de los jueces. Pero solo el Congreso tiene la facultad de enjuiciar, destituir y remover de sus cargos a jueces federales, y existen distintos procesos en el caso de los jueces estatales que varían según el estado. En los últimos años, también han surgido peticiones similares para destituir a los jueces estatales por motivos puramente políticos.
Si las legislaturas destituyeran a jueces por razones exclusivamente políticas, estarían desechando la noción, vigente desde hace siglos, de que, si la facultad de destitución se usa para castigar a un juez por sus dictámenes, se socava la independencia vital del poder judicial.
¿Qué es el proceso de destitución de jueces?
El proceso de destitución, también a veces llamado juicio político, es un procedimiento mediante el cual las ramas políticas del gobierno —por lo general, el poder legislativo— pueden remover a un juez de su cargo. Dado que la facultad de destitución está principalmente en manos de la clase política, a veces se amenaza con la posibilidad de destitución por razones partidistas, pero, en realidad, el proceso de destitución y remoción de jueces es muy poco frecuente y, en general, se limita a casos graves de conductas no éticas o comportamientos ilícitos, como en los casos de perjurio, fraude o conflictos de intereses.
¿Cómo funciona el proceso de destitución?
La constitución federal y las constituciones estatales prevén diferentes mecanismos para el proceso de destitución de jueces, pero, en general, este proceso consta de dos etapas.
En cuanto a los jueces federales, según el Artículo I de la Constitución de los EE. UU., la Cámara de Representantes tiene el poderde destituir, y el Senado, el poder de llevar a cabo el juicio para determinar si la remoción es apropiada o no. La Cámara de Representantes puede destituir a un juez por una mayoría simple de votos. Pero solamente le puede quitar su cargo después de un juicio en el Senado y una votación a favor de su condena de las dos terceras partes del Senado.
El procedimiento de destitución y remoción de jueces estatales en la mayoría de los estados es similar al procedimiento federal (como, por ejemplo, en Pensilvania), ya que requiere el voto de la mayoría en la cámara baja y el respaldo de las dos terceras partes de la cámara alta. Pero, en algunos estados (como Nueva York y Nebraska), el juicio posterior a la destitución es llevado a cabo por un tribunal compuesto por funcionarios estatales y/o jueces estatales. Y en otros, la cantidad de votos requeridos para la destitución y la condena es diferente.
¿Qué tipos de comportamientos son motivos de destitución?
La Constitución de los EE. UU. brinda muy pocas directrices para definir qué delitos son motivos suficientes para la destitución de jueces federales: como ocurre con otros funcionarios públicos, se puede le poder quitar a un juez su cargo luego del proceso de destitución y condena por “traición, soborno u otros delitos mayores y menores”; de lo contrario, según el Artículo III, Sección 1, todo juez “mantendrá su cargo mientras demuestre buen comportamiento”.
Sin embargo, la facultad de destitución se ha limitado históricamente a casos graves de comportamientos ilícitos o conductas no éticas. Por ejemplo, en 2009, la Cámara de Representantes destituyó a Samuel B. Kent, juez federal de distrito, por cargos de acoso sexual, por obstruir un procedimiento oficial y presentar falso testimonio. Kent renunció antes de que el Senado llevara a juicio los cargos.
Al año siguiente, la Cámara de Representantes destituyó a otro juez federal de distrito, G. Thomas Porteous Jr., por alegaciones de soborno y falso testimonio. El Senado condenó a Porteous. De las 15 destituciones de jueces federales que ha habido en la historia, los cargos más frecuentes fueron presentar falso testimonio, demostrar favoritismo hacia determinados litigantes o personas con nombramientos especiales, estar bajo los efectos de sustancias prohibidas mientras servían en el estrado, y abusar de su facultad de castigar el desacato.
Si bien las constituciones estatales tienen distintas definiciones de los delitos que pueden llevar a una destitución, los pocos casos recientes de destitución exitosos a nivel estatal confirman que las legislaturas han limitado ese castigo a casos de infracciones penales o éticas graves.
Por ejemplo, la remoción de 1994 de Rolf Larsen, magistrado de la corte suprema de Pensilvania, giró en torno a la acusación de que Larsen le había pedido a un médico una serie de recetas médicas fraudulentas, se había comunicado indebidamente con los abogados y un juez de primera instancia sobre un caso pendiente y había mentido bajo juramento.
Por su parte, un magistrado de la corte suprema de New Hampshire David Brock fue destituido por efectuar comunicaciones indebidas en dos casos y mentir bajo juramento.
¿Puede un juez ser destituido por las decisiones que dicta en el ejercicio de su cargo?
La práctica a lo largo de la historia indica una larga tradición en contra de la destitución de jueces por sus fallos judiciales. El magistrado William Rehnquist, expresidente de la Corte Suprema, que escribió un libro donde examinó la historia de las destituciones de jueces, indicó que los primeros usos históricos de la facultad de destitución establecieron la norma de que “los actos judiciales —los fallos dictados en ejercicio del cargo— no serían un motivo de remoción mediante el proceso de destitución y condena”.
Según Rehnquist, la tentativa de remoción del entonces magistrado de la Corte Suprema Samuel Chase en 1804 fue, en particular, “inmensamente importante para garantizar la clase de independencia judicial que prevé” la Constitución.
El entonces presidente Thomas Jefferson, demócrata-republicano, alentó a la Cámara de Representantes a destituir a Chase, de postura federalista, después de que Chase criticó abiertamente al presidente y sus políticas ante un gran jurado en Baltimore. Además de la acusación de que estas críticas partidistas socavaban al poder judicial, al final, los cargos contra Chase incluyeron alegaciones infladas de comportamientos indebidos en varios juicios.
La Cámara de Representantes destituyó a Chase en 1804, pero, al año siguiente, el Senado no lo condenó, a pesar de que el partido de Jefferson tenía la supermayoría. El fracaso de este proceso de destitución ayudó a delinear los límites del uso adecuado de la facultad de destitución, entre ellos, el hecho de que las decisiones judiciales no deben ser motivo para la remoción de jueces de sus cargos.
Esta norma ayuda al sistema de gobierno de los Estados Unidos en el que los tres poderes están cuidadosamente equilibrados y que requiere que los jueces permanezcan aislados de las presiones políticas cuando deciden sus casos. La seguridad del puesto es un aspecto importante que ayuda a mantener esa independencia judicial; de este modo, los jueces pueden decidir sus casos sobre la base de su interpretación de lo que exige la ley sin preocuparse de que puedan ser relevados de sus cargos si un actor político poderoso no está de acuerdo con sus decisiones.
¿Qué tan común es destituir a jueces?
El proceso de destitución de jueces es poco frecuente, y su remoción es aún más rara. Con respecto a los jueces federales, desde 1803, la Cámara de Representantes ha destituido a tan solo 15 jueces —un promedio de uno cada 14 años—, y tan solo ocho de esas destituciones terminaron en condena por parte del Senado. El magistrado Samuel Chase fue el único magistrado de la Corte Suprema destituido por la Cámara de Representantes, y fue absuelto por el Senado en 1805.
El proceso de destitución a nivel estatal también ha sido poco común. Una revisión de estudios llevada a cabo por la Sociedad Estadounidense de la Judicatura y el Centro Nacional de Tribunales Estatales, así como de artículos periodísticos, revela tan solo dos casos de destitución de jueces estatales en los últimos 25 años.
En 1993-94, Pensilvania destituyó de su cargo al primer y único juez en su historia, Rolf Larsen, magistrado de la corte suprema estatal; y en 2000, New Hampshire enjuició a David Brock, magistrado de la corte suprema del estado, pero el Senado no le quitó su cargo.
Pero sí hay más casos de legisladores que han intentado, sin éxito, destituir a jueces. En tan solo los últimos cuatro años, los legisladores de al menos tres estados han presentado proyectos de ley mediante los que instaban, por lo menos, a investigar si se debía destituir a un juez en ejercicio: en New Hampshire, el proyecto de ley H.R. 7 (2015) propuso investigar si la jueza Jacalyn Colburn había excedido su autoridad cuando le ordenó al estado gastar dinero para colocar una medida en la boleta electoral; en Pensilvania, el proyecto de ley H.R. 389 (2016) propuso investigar a la jueza Kelly Ballentine por ignorar sus propias multas de estacionamiento y no presentar sus declaraciones de impuestos; y en West Virginia, los proyectos de ley H.R. 4 y S.R. 44 (2018) instaron a investigar al magistrado de la corte suprema estatal Allen Loughry II por gastos excesivos en la renovación de su despacho y el uso inadecuado de bienes del estado.
¿Ha habido abusos de la facultad de destitución?
A pesar de esta perspectiva histórica, han seguido existiendo intentos de utilizar la facultad de destitución con motivos partidistas.
En un momento culminante de la campaña presidencial de 1996, por ejemplo, los dos candidatos —el presidente Clinton y el senador Bob Dole— atacaron a un juez en ejercicio de un tribunal federal de distrito por declarar inadmisible una serie de pruebas en un caso contra un traficante de drogas e indicaron que apoyarían la remoción del juez. Cuatro jueces en ejercicio de un tribunal de apelaciones se unieron para redactar una declaración extraordinaria en la que condenaron los ataques políticos contra el juez Harold Baer Jr. y explicaron que la Constitución no “estipula la renuncia ni la destitución cada vez que un juez toma una decisión con la que un funcionario electo no esté de acuerdo”.
“Estos ataques ocasionan un grave daño al principio de la independencia judicial y… engañan al público en cuanto al rol que cumplen los jueces en una democracia constitucional”, afirmaron los jueces.
Una evaluación efectuada en 2011 por el sitio web Gavel to Gavel del Centro Nacional de Tribunales Estatales también reveló numerosos proyectos de ley presentados ese año en legislaturas estatales con el objetivo de destituir a jueces y magistrados porque los legisladores no estaban de acuerdo con ciertos dictámenes.
Varios de estos proyectos formaron parte de un intento fallido en Iowa, para eliminar a cuatro magistrados de la corte suprema estatal por su decisión en un caso de alto perfil sobre el derecho al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Este intento de destitución acaparó una importante atención de los medios, pero también generó críticas desde todos los sectores, incluso de los miembros del mismo partido de quienes patrocinaban los proyectos de ley.
El gobernador entrante de Iowa Terry Brandstad (R) dijo en ese momento que el desacuerdo con un fallo no era motivo suficiente para la destitución.
“Existe una diferencia entre un acto ilícito y un exceso”, afirmó Brandstad. “La Constitución indica los motivos para una destitución. Mi interpretación es que aquí no los hay”.
El entonces presidente de la Cámara de Representantes de Iowa, Kraig Paulsen (R), cuya cámara habría tenido que votar para proseguir con la destitución, envió las resoluciones a languidecer en un comité inactivo y afirmó: “No estoy de acuerdo con este recurso… No espero que se debata en el recinto de la Cámara de Representantes y, si sí se debate, voy a votar en contra”.
En 2018, los legisladores republicanos en Pensilvania presentaron unas resoluciones para destituir a cuatro magistrados en ejercicio de la corte suprema del estado por su fallo en un caso de manipulación partidista de distritos electorales que amenazaba con costarle al partido republicano varios escaños en el Congreso en las elecciones siguientes (el intento fracasó). El exjuez del tribunal federal de apelaciones Timothy K. Lewis, nombrado por el expresidente George H.W. Bush, se hizo eco de las preocupaciones expresadas por otros funcionarios cuando escribió que “amenazar a jueces por emitir una decisión desfavorable… está fuera de los límites de una conducta apropiada y constitucional”.
