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- Trump ha dejado en claro que va a responder a la oposición con violencia. Un actor importante en este intento de aplastar el disenso será el Servicio de Protección Federal (FPS).
- La agencia desempeñó un rol central durante la respuesta autoritaria contra las protestas por la justicia racial que tuvieron lugar en Portland, Oregón, en 2020.
- El Congreso debería eliminar la facultad de desplegar al FPS en operaciones indefinidas para la “promoción” de la seguridad nacional, un poder amplio, impreciso y de fácil abuso.
El presidente electo Donald Trump amenazó con implementar una serie de políticas controversiales en su segundo mandato, entre ellas, el uso de las fuerzas militares para arremeter contra los carteles mexicanos del narcotráfico, restricciones sobre las pastillas para abortar, una nueva “prohibición de ingreso al país para personas musulmanas”, redadas migratorias y deportaciones masivas.
Es probable que cualquiera de estas medidas haga que miles de manifestantes salgan a la calle a protestar. Trump ha dejado en claro que va a responder a la oposición con violencia. Un actor importante en este intento de aplastar el disenso será el Servicio de Protección Federal (FPS), una agencia policial no muy conocida, pero poderosa que el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation identifica como una institución clave para reprimir la disidencia. El Congreso, al igual que las autoridades locales y estatales, deben actuar con urgencia para prevenir que se utilice como arma contra los opositores políticos del presidente.
El FPS es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sus oficiales llevan armas y hacen arrestos, igual que cualquier otra agencia policial, pero con la diferencia de que el Congreso la ha facultado para aportar fuerzas adicionales de entre los más de 90,000 oficiales policíacos que tiene el DHS. El secretario de Seguridad Nacional puede ordenar que estos oficiales trabajen directamente para el FPS en cualquier momento y, así, ampliar su fuerza policial con un gran número de efectivos que han recibido poco más que un entrenamiento superficial para llevar a cabo funciones policiales internas dentro del país.
La agencia desempeñó un rol central durante la respuesta de mano dura contra las protestas por la justicia racial que tuvieron lugar en Portland, Oregón, en 2020, cuando la primera administración Trump envió a cientos de oficiales —entre ellos, 300 agentes de fuerzas especiales de la Patrulla Fronteriza— para reprimir a las multitudes que se habían movilizado en protestas pacíficas protegidas por la Constitución de los EE. UU. En lugar de dejar que la policía local lidiara con los disturbios, los oficiales federales metieron a los manifestantes a empujones en camionetas sin identificar, armaron expedientes sobre varias personas para presentar posibles demandas, espiaron a la prensa y usaron los noticieros nocturnos para atacar las protestas.
En 2020, trabajé como abogado para el DHS. Allí, asesoré a los oficiales de inteligencia del departamento que operaron en Portland y participé en las revisiones internas posteriores al incidente para identificar cómo los ataques politizados y los procesos caóticos alentaban al abuso. Lamentablemente, nada ha cambiado en el FPS en los últimos cuatro años para prevenir que estos abusos se repitan, tal como lo señalé en un informe reciente para el Brennan Center for Justice.
La misión central del FPS no está muy relacionada con lo que pasó en Portland. Su función principal consiste en vigilar los miles de edificios gubernamentales federales, como los tribunales y los organismos que brindan beneficios de Seguridad Social, vivienda y otros servicios gubernamentales. Millones de personas entran y trabajan en estos edificios todos los días. Merecen tener seguridad.
Pero una reorganización posterior al 11 de septiembre llevó a esta agencia a ampliar mucho más su mandato de seguridad y creó las bases para el abuso. La Ley de Seguridad Nacional de 2002 (Homeland Security Act) autorizó a los oficiales del FPS a operar fuera de los edificios que vigilan tanto como sea “necesario” para proteger los bienes y las propiedades del gobierno federal, pero no definió cuánto es lo necesario. La falta de salvaguardas internas sólidas han dado lugar al despliegue de extensas operaciones lejos de sus edificios de trabajo. El secretario de Seguridad Nacional también puede ordenar que la agencia tome acciones “para la promoción de la seguridad nacional”, lo cual les da a sus oficiales una gran flexibilidad para determinar qué acciones podrían tomar.
La operación en Portland en 2020 no fue la única vez que el Servicio de Protección Federal fue desplegado en contra de personas estadounidenses que ejercían derechos concedidos por la Primera Enmienda. En 2015, la agencia también envió a cientos de oficiales federales a Baltimore para vigilar las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter y, unos años más tarde, arrestó y amenazó con presentar cargos penales contra una mujer en Texas que criticó la anulación de Roe v. Wade en las redes sociales. La agencia ha monitoreado de forma rutinaria las opiniones políticas expresadas en internet y ha vigilado a personas que planeaban actos políticos que no tenían ninguna relación posible con los edificios gubernamentales federales, desde protestas en Nueva York del movimiento Occupy Wall Street hasta el convoy de camioneros antivacuna y las recientes manifestaciones por la guerra en Gaza en campus universitarios. Para llevar a cabo este trabajo, la agencia suele depender de contratistas de inteligencia que no se divulgan al público.
En un segundo mandato de Trump, es probable que veamos mucho más de este tipo de actividades. De hecho, el Proyecto 2025 le pide a Trump que haga que el FPS responda directamente al liderazgo político del DHS, un dictamen que dejaría al Servicio de Protección Federal aún más vulnerable a la politización para atacar a cualquiera.
El gobierno federal puede tomar medidas de inmediato para evitar este tipo de abusos. Antes de que termine la sesión legislativa actual, el Congreso debería prohibir el uso de fuerzas policiales especializadas como la Patrulla Fronteriza para un accionar policial interno dentro del país. Simplemente no corresponde que las fuerzas especiales fronterizas estén en las calles estadounidenses vigilando a manifestantes. El Congreso también debería eliminar la facultad de desplegar al FPS en operaciones indefinidas para la “promoción” de la seguridad nacional, un poder amplio, impreciso y de fácil abuso. Y la administración de Biden debería divulgar enseguida todas las políticas y directrices que rigen las operaciones de la agencia para ayudar al público a entender lo que vendrá en los próximos meses.
Las ciudades y los estados también desempeñan un papel fundamental. El Departamento de Seguridad Nacional suele amplificar sus extensas operaciones policiales aprovechando y utilizando recursos locales y estatales, tales como bases de datos, instalaciones de inteligencia y personal. Para proteger a su electorado, los líderes electos deberían promulgar leyes que limiten este tipo de cooperación. El Brennan Center elaboró un conjunto de principios para que adopten los gobiernos locales y estatales, que puede servir como punto inicial para lograr este cometido.
El Servicio de Protección Federal tiene la misión importante de salvaguardar los edificios gubernamentales, pero también es un instrumento comprobado de ataque con fines políticos. Trump prometió atacar a sus “enemigos internos” y elogió el accionar policial para aplastar el disenso. Un mandato demasiado amplio y una falta de salvaguardas efectivas en el FPS colocarán a esta agencia en la posición perfecta para desempeñar un rol central. Es hora de implementar cambios serios.
Traducción de Ana Lis Salotti.
