La democracia estadounidense necesita reparaciones urgentes. Las asambleas legislativas de todo el país están impulsando leyes que revertirían los derechos al voto y pondrían la administración de las elecciones en manos partidistas. La redistribución de distritos electorales se está llevando a cabo en varios estados en la que se trazan mapas del Congreso que estarán vigentes durante una década. Y el gasto en campañas políticas está cada vez más dominado por las contribuciones de los estadounidenses más ricos, lo que deja al margen las preocupaciones de los ciudadanos comunes y corrientes.
El 14 de septiembre, un grupo de senadores demócratas liderados por los senadores Amy Klobuchar (D-MN) y Joe Manchin (D-WV) presentaron la “Ley de Libertad para Votar” (Freedom to Vote Act,) un conjunto de reformas que se podría convertir en la legislación sobre los derechos al voto y anticorrupción más trascendental aprobada en más de medio siglo. El proyecto de ley aborda los mayores problemas a los que se enfrenta nuestra democracia, desde las iniciativas para restringir el acceso a las urnas hasta las leyes de financiación de campañas electorales, las purgas delas listas de votantes, y la extrema manipulación partidista de distritos electorales.
Wendy Weiser y Daniel I. Weiner del Brennan Center conversan sobre las posibles repercusiones de esta poderosa legislación, las crisis que la hacen necesaria y lo que podría impedir que se convierta en la ley de la nación.
¿Cómo describiría la Ley de Libertad para Votar en pocas palabras?
Weiner: Es una legislación histórica.Aborda los principales problemas a los que se enfrenta actualmente nuestra democracia al establecer normas nacionales para proteger el acceso al voto, poner fin a la manipulación partidista de los distritos del Congreso, comenzar a revisar nuestro sistema quebrado de financiación de campañas electorales y crear nuevas protecciones contra la subversión del proceso electoral.
¿Por qué necesitamos la ley?
Weiser: Nuestra democracia se enfrenta a una crisis multidimensional. En este país existen fuerzas muy poderosas y coordinadas que presionan para restringir el acceso al voto, especialmente a los votantes de color. Estamos iniciando un proceso de reestructuración de distritos electorales que una vez más se va a ver distorsionado por la manipulación partidista extrema, gran parte de la cual también se dirige a las comunidades de color. Nuestro sistema de financiación de campañas está cada vez más dominado por un pequeño grupo de megadonantes que son quienes dictan las normas y eclipsan a los ciudadanos. Y nos enfrentamos a nuevas presiones para darles el poder a los legisladores partidistas para que controlen la maquinaria electoral o el proceso de contar los votos, a la misma vez que los trabajadores electorales son atacados, lo cual amenaza la integridad de nuestras elecciones.
Estamos afrontando esta crisis con menos protecciones legales que en cualquier otro momento desde hace más de medio siglo. La Corte Suprema ha obstruido seriamente la Ley del Derecho al Voto que solía protegernos contra los cambios discriminatorios introducidos en la ley y otras prácticas electorales. La Corte ha rescindido las protecciones constitucionales y estatutarias del voto de otras maneras y ha prohibido rotundamente a los tribunales federales vigilar la manipulación partidista, sin importar cómo esto quebranta los principios constitucionales. La Corte también ha eliminado las leyes de financiación de campañas de nuestra nación.
Donde la Corte no interviene, el Congreso puede hacerlo. La Constitución otorga al Congreso una amplia autoridad para regular las elecciones federales. Y dado lo mucho que está en juego, el Congreso debe hacerlo. De no ser así, las cosas van a empeorar. Los esfuerzos por suprimir el voto o subvertir las elecciones democráticas aún no han terminado. El abuso del proceso democrático no se detendrá a menos que se implementen verdaderas restricciones.
Ha habido múltiples proyectos legislativos para abordar esta crisis. ¿En qué se diferencia esta ley de la Ley para el Pueblo, la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis o la Ley de Protección de nuestra Democracia?
Weiner: La Ley de Libertad para Votar contiene la gran mayoría de las disposiciones más críticas que estaban en la Ley para el Pueblo, aunque también refleja algunas concesiones importantes que eran necesarias para lograr la unidad entre los demócratas del Senado y abordar las preocupaciones planteadas por los republicanos del Senado y administradores electorales. Por ejemplo, justifica algunas de las normas de votación que existían en la Ley para el Pueblo para proporcionar mayor flexibilidad a los estados y funcionarios electorales sobre cómo aplicar los requisitos. También reduce el programa de pequeños donantes y otras regulaciones de financiación de campañas que estaban en la Ley para el Pueblo; si bien las disposiciones que permanecen se considerarían ya una gran mejora comparado al statu quo.
Al igual que la Ley para el Pueblo, la Ley de Libertad para Votar es complemento de la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis, que protegería a los votantes de la discriminación racial al restaurar y actualizar todas las protecciones de la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965, uno de los logros más importantes de la era de los derechos civiles.
La Ley original del Derecho al Voto exigía a las jurisdicciones con antecedentes de discriminación racial en las urnas que obtuvieran aprobación federal, conocida como autorización previa, para introducir cambios en sus normas de votación. Estas disposiciones fueron contrarrestadas por la Corte Suprema en su sentencia de 2013 Shelby County v. Holder basándose en que eran obsoletas. La Ley John Lewis restablecería el proceso de autorización previa y lo actualizaría para responder a las condiciones modernas creando una nueva fórmula para determinar qué lugares están incluidos y centrándose en determinadas prácticas relacionadas con la discriminación para ofrecer un escrutinio adicional.
La realidad es que necesitamos normas nacionales para tener acceso al voto, pero también debemos restaurar aquellas garantías históricas de la Ley de Derecho al Voto ya que el Congreso no puede anticipar todo tipo de discriminación. La Ley John Lewis es un mecanismo de protección crítico para prevenir la discriminación racial al votar que compagina con la Ley de Libertad para Votar.
Weiser: La Ley de Protección de nuestra Democracia es una legislación separada que reafirmaría la protección necesaria contra el abuso de poder en el gobierno y protegería la ética y el estado de derecho. Los tres proyectos de ley son necesarios. Dado el alcance y la envergadura de la crisis actual, necesitamos un enfoque integral para fortalecer y proteger nuestra democracia.
¿Cómo responde la Ley de Libertad para Votar a las iniciativas de supresión de votantes en las que participan muchos estados, como?
Weiser: Seguimos de cerca la legislación estatal para restringir el acceso al voto, y creemos que la Ley de Libertad para Votar impediría la gran mayoría de restricciones de las nuevas leyes estatales que limitan el acceso al voto.
La Ley crea normas nacionales de referencia que sustituyen a las normas de voto estatales más restrictivas. También refuerza las normas legales para impugnar leyes que suponen una carga indebida para el derecho al voto, lo que haría más fácil ganar juicios cuando se violen derechos. Está muy relacionada con la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis, que ofrece más herramientas para rechazar los cambios discriminatorios que restringen el acceso a las urnas.
¿Cuáles son las disposiciones más impactantes de la ley?
Weiner: El análisis puede realizarse en términos de tres áreas críticas. La primera es establecer normas nacionales para proteger el derecho al voto. Esto incluye normas mínimas para el voto temprano y por correo, la modernización del censo electoral y la restitución del derecho al voto de las personas que han estado en prisión.
La segunda es la eliminación de la manipulación partidista extrema para los distritos del Congreso, que ha sido una plaga en nuestro país desde su fundación, pero que se ha vuelto mucho más sofisticada en las últimas décadas; lo que ha dado lugar a fuertes manipuladores que aíslan a los funcionarios electos incluso de cambios muy significativos en la opinión pública.
La tercera es el sistema de pequeños donantes, que permitiría que las campañas para el Congreso se financien a través de las contribuciones de los estadounidenses comunes y corrientes. El proyecto de ley permite a los estados participar en el programa, según el cual las pequeñas donaciones a los candidatos al Congreso se igualarían en una proporción de 6 a 1. Esto brindaría a los candidatos la opción de financiar sus campañas a través de un amplio apoyo popular, incrementaría las oportunidades para aquellos que carecen de redes adineradas para postularse como candidatos y ayudaría al proceso político a responder a las preocupaciones de la gente. Y haría todo esto a través de un mecanismo de financiación innovador que no dependería de los fondos de los contribuyentes. Los estados que no quieran optar por este sistema podrían usar el dinero para realizar otras mejoras en sus sistemas electorales.
Weiser: La Ley de Libertad para Votar también es innovadora al contrarrestar nuevas tácticas de subversión electoral y demás intentos de frustrar el proceso electoral para sabotear resultados electorales justos.
Si bien la legislación de supresión de votos es una forma de subversión electoral, hemos observado nuevos y más descarados intentos de subvertir los resultados electorales en el condado. Entre ellos ha habido intentos de fortalecer a los partidarios para que literalmente anulen los resultados electorales, intentos para que los estados entreguen la maquinaria de las elecciones o el proceso de recuento de votos a legisladores y otros actores partidistas, y querer atacar e intimidar a los funcionarios electorales. La Ley aborda directamente estas amenazas a la integridad de nuestro sistema electoral de la manera más sólida que hemos visto..
El proyecto de ley también pondría fin al gasto descomunal no declarado en las elecciones, que ha crecido drásticamente en la última década desde la famosa sentencia Citizens United de la Corte Suprema.
¿Qué obstáculos impiden que este proyecto se convierta en ley?
Weiner: El principal es que, según las normas actuales del Senado, se necesitan 60 votos para sacar adelante la legislación frente a las tácticas obstructivas. Algo que la gente no suele entender es que la práctica conocida como el “filibuster” no es algo que se tenga o no se tenga. En realidad ha cambiado cientos de veces en su historia y son muchas las formas en que podría alterarse nuevamente para preservar lo que algunas personas ven como sus beneficios deliberantes.
Weiser: La reforma de la democracia debe ocurrir, y el camino a seguir requerirá cierto ajuste de las tácticas de obstrucción parlamentaria para que la ley avance sin que 10 republicanos la tengan que apoyar. Como ha dicho el senador Manchin, “la inacción no es una opción”. El Senado no puede permitir que se interpongan reglas de procedimiento secretas entre el país y la legislación que necesitamos para prevenir esta crisis.
¿Qué puede hacer la gente para ayudar a que este proyecto de ley llegue a la meta final?
Weiner: Uno de los desafíos constantes en relación con todo esto es que, en ocasiones, los líderes electos asumen que estos temas no les interesan a los votantes, así que no se les ha dado la importancia debida. Entonces, lo primero que pueden hacer es comunicarles a sus líderes electos que sí les importa. Da igual que vivan en un estado rojo, azul o morado. Todas las reformas de este proyecto de ley tienen un amplio apoyo bipartidista. Estas políticas merecen los votos de todos los miembros del Congreso.
Weiser: También tenemos una oportunidad sin precedentes, no solo para evitar que la crisis empeore, sino para cambiar las cosas y poner al pueblo estadounidense —y no los intereses especiales o facciones políticas— en el centro de nuestra democracia.
Traducción de Anwar A. Martínez.
