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La Ley de Derecho al Voto de 1965 ha tenido un éxito extraordinario, al cerrar las enormes disparidades en las tasas de registro de votantes de diferentes grupos raciales y bloquear los planes de redistribución de distritos electorales diseñados para reducir el poder de las personas votantes no blancas. Desde su promulgación, prácticamente todos los presidentes —de ambos partidos políticos— han elogiado el éxito de esta ley por haberle puesto un freno a la discriminación contra el electorado no blanco. Pero la ley es tan solo un vestigio de lo que era. El Congreso debe actuar para restaurarla.
En la decisión del caso Shelby County v. Holder de 2013, la Corte Suprema destrozó la disposición más poderosa de la Ley de Derecho al Voto, una regla que obligaba a ciertas jurisdicciones a obtener la aprobación federal antes de implementar cambios en sus procesos de votación para asegurarse de que no fueran discriminatorios. A este proceso se lo conoce como el “requisito de aprobación previa”. En los años que le siguieron a esta decisión, la Corte también ha hecho más difícil ganar demandas judiciales contra la discriminación en las urnas. El resultado: se están aprobando nuevas leyes electorales restrictivas a nivel estatal a un ritmo histórico, y la participación de votantes no blancos en las elecciones está disminuyendo.
El 29 de febrero de 2024, un grupo de senadores volvieron a presentar la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis (John R. Lewis Voting Rights Advancement Act) luego de que se presentara otra vez en la Cámara de Representantes en septiembre de 2023.
Este proyecto de ley compensaría el daño provocado por la Corte Suprema y crearía una Ley de Derecho al Voto adecuada al siglo XXI. Restituiría el requisito de la aprobación previa en los estados que están discriminando por cuestiones de raza e impondría este requisito para ciertas prácticas que suelen ser discriminatorias. También reforzaría la Sección 2 de la ley, que permite entablar demandas judiciales para asegurarse de que el electorado no blanco tenga la oportunidad de contar con una representación justa.
La discriminación en las urnas persiste y está empeorando en muchos estados
La Corte Suprema justificó su decisión de debilitar considerablemente la Ley de Derecho al Voto al sugerir que la discriminación racial en las urnas era algo del pasado. Esto claramente era erróneo en ese momento y no ha hecho más que empeorar desde entonces.
A nivel estatal, las leyes electorales discriminatorias van en aumento.
A las 24 horas de haberse publicado el dictamen en el caso Shelby County, Texas anunció que implementaría una política que un tribunal había bloqueado previamente por ser discriminatoria. Luego, un tribunal federal determinó que la estricta ley de identificación de votantes propuesta era intencionalmente discriminatoria. A los dos meses, Carolina del Norte promulgó una serie de restricciones electorales que un tribunal federal señaló que afectaban específicamente al electorado negro “con una precisión casi quirúrgica”.
Esto fue tan solo el comienzo. Al menos 29 estados han aprobado 94 leyes electorales restrictivas desde la decisión de Shelby County, lo cual incluye al menos 29 leyes en estados que anteriormente estaban sujetos al requisito de la aprobación previa. Entre estas leyes, se encuentran varios proyectos de ley de supresión del voto con efectos profundos y numerosas disposiciones en lugares como Florida, Georgia y Texas.
En 2021, al menos 17 estados promulgaron 32 leyes restrictivas; en 2022, al menos 8 estados aprobaron 11 restricciones nuevas; y al 29 de mayo de este año, al menos 11 estados promulgaron 13 restricciones.
Estas leyes no afectan a todo el mundo por igual, ya que las leyes de supresión del voto consistentemente apuntan contra las formas en que votan las comunidades no blancas. En Georgia, la legislatura respaldó el uso masivo del voto por correo durante décadas, hasta las elecciones de 2020. Después de que, en 2020, se observó un fuerte aumento en el uso de la votación por correo por parte de las comunidades negras, la legislatura de Georgia hizo más difícil votar por correo. Texas siguió el mismo camino en 2021 y en las elecciones primarias de 2022 en este estado, las personas votantes latinas y asiáticas tuvieron cada uno un 50 por ciento más de probabilidades de que la boleta de voto por correo fuera rechazada que una persona blanca. Hemos visto tendencias parecidas también en Arizona y Florida.
La brecha racial en la participación en las elecciones está creciendo en todo el país y se agrandó casi el doble en condados que anteriormente estaban sujetos al requisito de la aprobación previa antes de la causa Shelby County.
Entre 2012 y 2022, la brecha en la participación en las elecciones entre votantes blancos y no blancos en los condados antes protegidos por la aprobación previa aumentó 9 puntos porcentuales. En condados con características demográficas similares que no estaban sujetos a la aprobación previa, la brecha en la participación entre votantes blancos y no blancos subió 5 puntos porcentuales. Nuestra investigación, que revela esta marcada diferencia después de la decisión en el caso Shelby County, toma en cuenta numerosos factores, por ejemplo, qué candidatos presidenciales se encontraban en la boleta y la educación y el nivel de ingresos de los votantes, entre otros.
La brecha en la participación electoral a nivel nacional se ha agrandado no solo para el electorado no blanco, sino también entre los distintos grupos raciales y étnicos. En todo el país, la brecha en la participación entre las personas votantes blancas y negras aumentó 8 puntos porcentuales de 2012 a 2022. La brecha en la participación entre votantes blancos y latinos subió 4 puntos porcentuales durante el mismo período. Y la brecha entre las personas votantes blancas y asiáticas ha permanecido por encima de los 10 puntos porcentuales desde al menos 1996 hasta al menos 2020.
La redistribución de distritos electorales con motivos racialmente discriminatorios se ha intensificado.
Las personas encargadas de trazar los mapas electorales de todo el país están minimizando el poder del voto de las minorías. Desde 2021, los tribunales de al menos seis estados previamente protegidos por la ley declararon que los mapas congresuales que trazaron eran discriminatorios.
Estos mapas se volverán a trazar para las elecciones de 2024, pero las elecciones de 2022 se llevaron a cabo con esos mapas injustos. Si la Ley de Derecho al Voto hubiese estado en pleno vigor, esos mapas probablemente se habrían bloqueado antes de las elecciones, y quizá eso habría afectado los resultados por el control de la Cámara de Representantes. Sorprendentemente, en los últimos meses, Alabama y Luisiana —que antes estaban sujetos al requisito de la aprobación previa— han desafiado una orden de la Corte Suprema que les exigía corregir los mapas manipulados racialmente discriminatorios.
Lo que queda de la Ley de Derecho al Voto no basta para luchar contra la discriminación en las urnas.
Las demandas judiciales posteriores por sí solas no bastan cuando la discriminación es generalizada. Lleva años resolver una demanda antes de que el electorado pueda ver los resultados y, a menudo, cuesta millones de dólares. Mientras la población votante espera la resolución del caso, las leyes y los mapas discriminatorios siguen en pie, y ningún dictamen judicial puede reclamar los votos perdidos. La correcta aplicación de un sistema de aprobación previa habría detenido muchos de estos mapas y leyes antes de que entraran en vigor.
Además, como resultado de las decisiones de la Corte Suprema que han restringido el ámbito de aplicación de la Ley de Derecho al Voto, las demandas presentadas conforme a la Sección 2 son más difíciles de ganar. A pesar de un fuerte aumento en el número de las leyes discriminatorias, las partes querellantes a favor del derecho al voto han ganado menos de una docena de casos desde 2010; y muchas de esas victorias tuvieron lugar antes de que la decisión de la Corte Suprema en la causa Brnovich v. DNC de 2021 reformulara la Sección 2 para inclinar el terreno decididamente a favor de los estados discriminatorios. Si bien la decisión en el caso Allen v. Milligan de 2023 fue un triunfo para el derecho al voto, simplemente confirmó el statu quo y no logró nada para corregir los daños del pasado.
Para conocer más detalles sobre la actual ola de discriminación en las urnas y cómo lo que queda de la Ley de Derecho al Voto no basta para prevenirla, se pueden leer las declaraciones del Brennan Center ante el Congreso del 27 de mayo de 2021, del 16 de agosto de 2021 y del 6 de octubre de 2021.
La Ley de John Lewis resolvería estos problemas
Solo el Congreso puede detener la discriminación en las urnas a nivel nacional y reparar los errores de la Corte Suprema. Este proyecto de ley está específicamente elaborado para enfrentar estos problemas de lleno.
El proyecto de ley restauraría la aprobación previa geográfica. Sabemos que el requisito de la aprobación previa funciona. La Corte Suprema lo reconoció en el caso Shelby County cuando señaló que el aumento en los porcentajes de participación del electorado no blanco “se debió, en gran parte, a la Ley de Derecho al Voto”. Nuestro nuevo estudio, que demuestra que la brecha en la participación en las elecciones se está agrandando mucho más en los condados antes protegidos por la aprobación previa, confirma los efectos de la eliminación de este requisito.
Cuando se debe cumplir con el requisito de la aprobación previa, los estados y jurisdicciones protegidos deben demostrar que la nueva política que proponen no dificultará el voto de las personas no blancas. Esto es fácil de probar para las leyes que no son discriminatorias, pero no lo es para las leyes que sí son discriminatorias. Incluso el fantasma de la aprobación previa es un poderoso factor disuasivo: las jurisdicciones protegidas por la aprobación previa tuvieron un porcentaje de aprobación del 99.86 % de sus cambios propuestos mientras el requisito estaba vigente, lo cual sugiere que raramente intentaron implementar políticas perjudiciales.
Además, el nuevo marco del proyecto de ley para determinar qué jurisdicciones están sujetas al requisito de aprobación previa cumple con la orden de la Corte Suprema en la causa Shelby County de que la ley debe responder a las condiciones actuales. El proyecto de ley solamente toma en cuenta la historia reciente y, para ello, evalúa sistemáticamente los últimos 25 años para ver qué jurisdicciones tienen patrones constantes de discriminación en las urnas. Dado que el período de evaluación avanza con el tiempo, los estados que mejoran sus políticas dejarán de estar sujetos a la aprobación previa, mientras que los estados cuyas políticas se descarrilan comenzarán a regirse por ella.
El proyecto de ley introduciría una aprobación previa basada en las prácticas. La aprobación previa basada en las prácticas requiere que queden sujetas a este requisito determinadas prácticas o políticas que son medios frecuentes de discriminación, como eliminar a votantes de minorías de un distrito a través de la manipulación de mapas electorales o reducir el acceso a materiales sobre las elecciones en otros idiomas que no sean en inglés. Al combinar esta con la aprobación previa geográfica, se crea una red de protección para las personas votantes no blancas de todo el país.
El proyecto de ley revitalizaría la capacidad de las partes litigantes de defender su derecho al voto en los tribunales. El requisito de la aprobación previa por sí solo no puede detectar cada ley discriminatoria nueva que se apruebe, ni cambiar las leyes existentes ni detener cambios extraoficiales. En estos casos, los litigios son una herramienta fundamental. La decisión en la causa Brnovich no respondió a la intención del Congreso y acomodó las cartas a favor de los estados que discriminan contra el electorado minoritario. La Ley de John Lewis repararía este daño, porque restauraría reglas imparciales a la hora de bloquear prácticas discriminatorias en los tribunales.
La Ley de John Lewis cuenta con el apoyo popular
Este proyecto de ley le gusta a los votantes. Casi el 70 por ciento del electorado lo aprueba, incluido el 60 por ciento de votantes independientes y la mitad de votantes republicanos. En los estados también se siente un mayor impulso: seis estados han aprobado leyes de derecho al voto estatales y otras cuatro leyes están avanzando en legislaturas estatales.
Asimismo, la Ley de Derecho al Voto ha gozado de un amplio apoyo de los dos partidos políticos en el Congreso y en la Casa Blanca. La ley original recibió el 80 por ciento de los votos afirmativos en el Senado (con un apoyo del partido demócrata de 47 a 17, y un apoyo del partido republicano de 30 a 2), mientras que en la Cámara de Representantes se aprobó con 333 votos afirmativos y 85 negativos, con márgenes similares según los partidos. En cuanto a las enmiendas de 1982, el apoyo en el Senado aumentó a un margen de 85 a 8, y en la Cámara de Representantes subió a un margen de 389 a 24. En su discurso de ratificación, el entonces presidente Ronald Reagan, elogió la ley y reconoció que ayudaba a “asegurarse de que el voto permanezca en manos de todas las personas estadounidenses”. El Senado aprobó su reautorización de 2006 con un voto positivo de 98 a 0, y la Cámara de Representantes también lo hizo con un margen de 390 a 33. El entonces presidente George W. Bush ofició una ceremonia de ratificación en el Jardín Sur de la Casa Blanca a la que asistieron numerosos grupos de defensa del derecho al voto.
Sin embargo, cuando ha sido necesario, nuestro país ha logrado importantes avances a favor de los derechos civiles y el derecho al voto, aprobadas con votaciones que seguían la línea de cada partido. La Decimoquinta Enmienda, que prohíbe a los estados crear barreras raciales a la hora de votar, se aprobó en el Congreso en 1869 sin un solo voto demócrata. En 1992, el entonces presidente George H. W. Bush vetó la Ley de Registro Nacional de Votantes, también conocida como la ley de registro electoral automático. Al año siguiente, el presidente Bill Clinton la ratificó con su firma, luego de que hubiera sido aprobada en el Congreso con una votación que siguió la línea de cada partido.
La promulgación de leyes federales históricas es siempre un largo proceso. La versión original de la Ley de Derecho al Voto fue producto de más de una década de activismo y se aprobó solo después de que varias medidas más débiles fracasaran en su intento. Adaptar la Ley de Derecho al Voto para que se adecúe al siglo XXI precisará de la misma perseverancia, pero nada comparado a lo que soportaron nuestros íconos del movimiento por los derechos civiles. El Congreso ahora debe garantizar que su legado perdure para las próximas generaciones.
Traducción de Ana Lis Salotti.
