Durante los últimos meses, las iniciativas partidistas para sabotear el proceso electoral tuvieron una serie de victorias públicas alarmantes. El Senado Estatal de Arizona concluyó su revisión partidista de las elecciones de 2020 en el condado de Maricopa, un intento claramente político de propagar desinformación y teorías conspirativas. La legislatura de Georgia aprobó una ley de forma partidista para quitarle su tradicional cargo de presidente de la Junta Electoral Estatal al secretario de estado electo —que se había resistido a acceder a los pedidos de anular los resultados de las elecciones de 2020— y reemplazarlo por otra persona escogida cuidadosamente. En Texas, el gobernador firmó una ley que impone nuevas penas sobre las autoridades y los trabajadores electorales locales, da más poder a los observadores electorales partidistas y limita el acceso a las urnas. La Secretaría de Estado de Texas también anunció una revisión electoral cuestionable al otro día de que lo recomendara el presidente Donald Trump. Y en estados como Misuri y Oklahoma, las legislaturas presentaron proyectos de ley aún más extremos que les habría permitido anular directamente el resultado legítimo de una elección. Si bien estos proyectos de ley no se aprobaron, el simple hecho de que se hayan presentado constituye un ataque alarmante contra nuestras normas democráticas.
Después de una sesión legislativa en la que muchos estados obstaculizaron aún más el acceso al voto, estas leyes y propuestas, que por lo general se presentaron sin bombos ni platillos y hacia el final de la sesión legislativa, podrían modificar las reglas sobre quiénes administran las elecciones, quiénes cuentan los votos y cómo lo hacen. Estos esfuerzos son mucho peores que los intentos de suprimir el voto, ya que permiten la subversión electoral directa. Y tienen un sabor autoritario inconfundible. En las palabras mordaces de Joseph Stalin: “Yo considero totalmente irrelevante quién vota en el partido o cómo; lo que es extraordinariamente relevante es quién va a contar los votos y cómo”.
Las leyes que permiten una interferencia partidista en la administración de las elecciones son parte de una campaña de “sabotaje” o “subversión electoral” más amplia, una iniciativa nacional que facilita los intentos partidistas de distorsionar los resultados de las elecciones. Incluye revisiones partidistas del total de votos para justificar la anulación de resultados y la aprobación, en cada vez más estados, de nuevas leyes para subvertir una elección justa y transparente. Incluye también ataques contra las autoridades electorales estatales y locales que se ven más presionadas para subvertir las reglas electorales justas o los resultados de las elecciones. Incluye el intento sin precedentes de muchos estados de limitar el acceso al voto.
Y, por último, incluye el movimiento del partido mayoritario en las legislaturas de muchos estados para afianzar su poder a través de la extrema manipulación de distritos electorales y otras tácticas discriminatorias: un esfuerzo que podría distorsionar nuestra democracia durante la próxima década, después de que los mapas electorales trazados con una influencia partidista tras el censo de 2010 ya hubieran afectado las elecciones de 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020.
Si bien los proyectos de ley de sabotaje partidista no se promulgaron como leyes al mismo ritmo que sí lo hicieron los proyectos de ley de supresión del voto, sí son un giro nuevo y peligroso de la misma agenda legislativa. Todos están basados en la Gran mentira de que ha habido un fraude electoral generalizado. Todos son parte de un proyecto partidista más amplio que sigue buscando impedir las elecciones democráticas y manipular los resultados de las elecciones, en especial suprimiendo o anulando el voto de las personas no blancas. Todos son antidemocráticos y tóxicos para una sociedad libre y justa. Y todos exigen la intervención urgente del Congreso para evitar la corrupción irreparable de nuestro sistema electoral.
Este informe cataloga brevemente la reciente legislación de sabotaje electoral y su estado actual, y explica por qué amenaza nuestro sistema democrático. En concreto, hay cuatro categorías de legislación que pretende sabotear el proceso electoral: (1) aquella que da al gobierno estatal el poder de cambiar o rechazar los resultados de una elección; (2) aquella que da a los funcionarios estatales partidistas el poder de controlar la administración de una elección y del conteo de votos; (3) aquella que busca restringir, controlar o penalizar la conducta de los funcionarios electorales locales; y (4) aquella que hace más difícil votar.
Luego, este informe presenta la solución legislativa más importante: la Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act, FTVA), una ley de reforma democrática y pro derecho al voto que combatiría casi todos los intentos de sabotear una elección. Esta ley incluye disposiciones para contrarrestar específicamente las amenazas de un sabotaje electoral. Pero sus disposiciones centrales sobre el derecho al voto también neutralizarían las leyes de sabotaje electoral. Al definir directrices nacionales claras y aplicables sobre temas como la votación temprana, el voto por correo y el conteo de los votos, la Ley de Libertad para Votar les quitaría a los actores partidistas la facilidad de suprimir o anular votos legítimos. También les quitaría cualquier excusa para avivar sus falsas alegaciones de fraude, cada vez que las comunidades marginalizadas tienen un acceso justo a la votación. Las juntas electorales partidistas, por ejemplo, no podrían alegar que los condados les permitieron votar por correo a personas que no debían si simplemente estuvieran cumpliendo con requisitos federales incuestionables. Lo mismo ocurriría con las directrices para el conteo de votos. El Congreso debe actuar ya mismo y con determinación para desbaratar este plan de sabotaje electoral antes de que cobre más impulso a nivel estatal.
Traducción de Ana Lis Salotti.
