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Desde 2020, las autoridades electorales de todo el país han sido empujadas en medio de una campaña de los negacionistas electorales para socavar la confianza en la democracia estadounidense. Como chivos expiatorios por los resultados que no agradan a algunos políticos y votantes, las autoridades electorales han enfrentado cada vez más una fuerte retórica de violencia e intentos de criminalizar su trabajo que están motivados por la desinformación y las teorías conspirativas.
Afortunadamente, estas dedicadas autoridades públicas han resistido la mayoría de los ataques, y el movimiento de los negacionistas electorales se debilitó en los comicios de medio término, cuando en todos los rincones del país se votó en contra de muchos candidatos que propagaban sus teorías conspirativas infundadas.
Pero, ahora, las autoridades electorales enfrentan nuevos tipos de amenazas a raíz del Proyecto 2025, una agenda de políticas conservadoras que no solo propone retirar el apoyo fundamental que les da el gobierno federal para realizar su trabajo, sino que también amenaza con usar al Departamento de Justicia y otras agencias federales para seguir atacando y politizando la administración de las elecciones y revivir los ataques injustificados contra las autoridades electorales.
Las autoridades electorales han recibido un nivel de agresión sin precedentes en los últimos años.
Desde el fracasado intento de revertir las elecciones de 2020, las autoridades y trabajadores electorales de todo el país han sido objeto de un nivel de agresión sin precedentes simplemente por estar cumpliendo con su trabajo. La encuesta anual de 2024 que realiza el Brennan Center a autoridades electorales locales reveló que el 38 por ciento ha recibido amenazas, acosos o agresiones. Más de un tercio conoce a un colega que renunció en parte por motivos de seguridad, y el 62 por ciento está preocupado de que algunos políticos intenten interferir con su trabajo.
Las amenazas y la violencia están impulsadas por teorías conspirativas. Quizá el ejemplo más infame sea el de las trabajadoras electorales Ruby Freeman y Shaye Moss de Georgia, que recibieron cientos de amenazas de la noche a la mañana, después de que el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, las acusó falsamente de cometer fraude en las elecciones de 2020. Pero abundan otros ejemplos.
Con demasiada frecuencia, muchas personas en cargos de liderazgo a nivel local y estatal han contribuido a este clima hostil. Desde 2020, una docena de estados ha promulgado nuevas leyes penales que incluyen penas estrictas contra una amplia gama de actos, desde pequeños errores a esfuerzos legítimos por ayudar al electorado a ejercer sus derechos constituciones.
Uno de los ejemplos más tremendos es el proyecto de ley n.° 1 del Senado de Texas (S.B.1 por sus siglas en inglés), que convierte en delito el hecho de que un funcionario electoral "solicite la entrega" de boletas de voto por correo —aun cuando la persona votante tenga derecho a votar por correo— y tiene una pena de al menos seis meses de encarcelamiento y multas de hasta $10,000. Numerosas fiscalías y agencias policiales se han sumado a las hostilidades, amenazando con iniciar investigaciones y acciones legales, por lo general, sin las pruebas suficientes, pero que igual afectan drásticamente la vida de las autoridades electorales.
Todo esto ha contribuido a un nivel de desgaste sin precedentes entre las autoridades electorales, lo cual ha abierto la puerta para que negacionistas electorales como Steve Bannon intenten orquestar una intervención hostil para tomar el control de nuestras elecciones.
Hasta ahora, no ha ocurrido lo peor. En 2022, los negacionistas que se presentaron a las elecciones para ocupar cargos estatales prominentes en estados pendulares perdieron en todas las contiendas, a menudo, vencidos por los otros candidatos estatales de su mismo partido. La mayoría de las autoridades electorales locales que abandonaron sus puestos fue reemplazadas por personas que mostraban la misma dedicación por la defensa de los valores democráticos, e incluso algunas autoridades electorales que no confiaban en el sistema cambiaron de opinión cuando comenzaron a ejercer sus cargos. Aun así, el negacionismo electoral representa una amenaza constante y cambiante.
El Proyecto 2025 amenaza con recrudecer los ataques contra las autoridades electorales y arrojar todo el peso del gobierno federal a favor de estos esfuerzos antidemocráticos.
El Proyecto 2025 amenaza con revertir el avance realizado en los últimos cuatro años, porque busca quitarles recursos federales esenciales a las autoridades electorales y politizar al Departamento de Justicia para que este ataque a las autoridades electorales que toman decisiones con las que el gobierno no esté de acuerdo.
Las autoridades electorales locales han fortalecido sus importantes alianzas con algunas agencias federales en los últimos años para enfrentar amenazas emergentes y garantizar la seguridad de las elecciones.
Para citar un ejemplo específico, las autoridades electorales de todo el país y a lo largo de todo el espectro político han contado con la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA por sus siglas en inglés), que es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). Al tener muy poco o nada de apoyo informático por su cuenta y tener que enfrentar ciberamenazas contra la infraestructura electoral que se convierten en un problema serio y creciente, las autoridades electorales han recurrido a la pericia y los recursos de CISA para navegar las nuevas amenazas cambiantes de seguridad y difundir información precisa sobre las elecciones. La agencia también ha desempeñado un rol importante desde 2020 a la hora de ayudar a las oficinas electorales locales a mejorar su seguridad física.
El Proyecto 2025 aplastaría esta colaboración. Destruiría la CISA al eliminar la mayor parte de la asistencia que hoy presta en materia de seguridad y le impediría ejercer cualquier rol en el combate de las conspiraciones electorales —que pueden provocar amenazas físicas contra el personal electoral y su infraestructura—, incluso las provenientes de actores extranjeros hostiles. Y sometería las subvenciones de fondos federales a condiciones ilógicas, como exigirles a las localidades que compartan información privada sensible de las bases de datos de registro de votantes, lo cual desalentaría aún más la cooperación local y estatal con las agencias federales.
Sin embargo, el Proyecto 2025 no solo propone retirar el apoyo federal del que se benefician muchas jurisdicciones electorales. Si se lo aplicara en su totalidad, podría provocar una politización absoluta del poder federal para tomar represalias contra las autoridades electorales por decisiones que al gobierno federal no le agraden.
De hecho, el capítulo sobre el Departamento de Justicia sugiere explícitamente que la exsecretaria de estado de Pensilvania debe ser procesada judicialmente por haber emitido una directriz que protegía el acceso al voto por correo en el punto más crítico de la pandemia de covid-19. Si bien esta directriz tenía la intención de ayudar al electorado a ejercer sus derechos, los autores del Proyecto 2025 dicen que violó una ley federal de derechos civiles del siglo diecinueve (una ley que irónicamente fue elaborada en parte para proteger el derecho al voto).
En términos más generales, el Proyecto 2025 sugiere que quien ocupe la próxima presidencia debe ignorar la práctica histórica de no interferir en los aspectos clave de las operaciones del Departamento de Justicia, tales como las decisiones en torno a determinadas investigaciones y procesamientos judiciales. También exhorta a destrozar la administración pública federal y reclasificar a miles de empleados de carrera (lo cual probablemente incluya a muchos fiscales) como cargos políticos que se nombrarían a gusto de la administración.
El riesgo de politizar al Departamento de Justicia para atacar a las autoridades electorales es muy real. Un exfiscal del Departamento, Jeffrey Clark, desempeñó un rol prominente en el intento de revertir las elecciones de 2020, por ejemplo, cuando, respaldado por la Casa Blanca, intentó presionar al Departamento de Justicia para que avalara las alegaciones falsas de fraude generalizado. Otros funcionarios también sugirieron la idea de confiscar equipos de votación, además de la infame grabación del expresidente Trump en la que amenazaba al secretario de estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, con demandarlo.
Hoy en día, las amenazas relacionadas al sistema electoral continúan ocupando un sitio prominente en la campaña electoral de 2024. Trump ha dicho más de una vez que iba a demandar a Mark Zuckerberg por haber donado más de $400 millones de dólares para ayudar con la administración de las elecciones de 2020 (en vista de la falta de fondos que el Congreso se negó a resolver como correspondía). Kash Patel, exfuncionario de la administración de Trump y su actual asesor de campaña, también ha impulsado teorías conspirativas y ha prometido que una nueva administración de Trump encontrará y tomará represalias contra "conspiradores" que "ayudaron a Joe Biden a manipular las elecciones presidenciales". Ninguna de estas amenazas debería tomarse a la ligera.
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De cara a los desafíos sin precedentes que plantean el movimiento negacionista electoral y los intentos de interferencia extranjera, las autoridades electorales necesitan más apoyo que nunca para llevar a cabo el complejo trabajo técnico de administrar las elecciones. Sin embargo, el Proyecto 2025, si se implementara, les quitaría una ayuda federal crucial y recrudecería los ataques politizados que ya están sufriendo, con consecuencias potencialmente nefastas para nuestras elecciones.
Traducción de Ana Lis Salotti.
