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Durante más de un siglo, las Leyes de Cumplimiento (Enforcement Acts) han protegido los derechos civiles garantizados por las enmiendas 13, 14 y 15 contra la trasgresión por grupos extremistas como el Ku Klux Klan. El proyecto 2025, un polémico plan de política conservadora propone ir en contra de esa larga trayectoria y usar dichas leyes para penalizar a funcionarios electorales por ayudar a los votantes, entablar juicios con motivación política contra rivales partidistas y debilitar la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
El proyecto 2025 corrompería las leyes de los derechos civiles.
El problema más obvio que propone el Proyecto 2025 es que usaría una ley que tiene como propósito proteger los derechos civiles para encausar a personas que ayudan a otros a ejercer su derecho fundamental al voto.
El plan propone enjuiciar a funcionarios electorales conforme a la sección 241 del título 18 del Código de Estados Unidos (U.S. Code), promulgado por el Congreso como parte de la Ley de Cumplimiento de la Ley de 1870. Esta Ley fue la primera de una serie de normativas conocidas como las Leyes contra el Ku Klux Klan, cuyo propósito era proteger los derechos civiles recién reconocidos en las enmiendas constitucionales posteriores a la Guerra Civil.
La sección 241 penaliza las conspiraciones para “dañar, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona” del “libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio” bajo las leyes federales. Se usó históricamente para procesar a miembros del Klan que trataban de impedir que ciudadanos negros votaran.
Con el transcurso de los años se ha usado para encausar una gran variedad de conspiraciones para intimidar a los votantes, suprimir votos y alterar los resultados de las elecciones. De hecho, el expresidente, Donald Trump, enfrenta un cargo bajo la sección 241 en la corte federal de Washington, D.C., por su intento de anular las elecciones presidenciales de 2020.
En vez de usar la sección 241 como se pretendía para proteger a los estadounidenses de conspiraciones para socavar su derecho al voto, el Proyecto 2025 hace recomendaciones detalladas sobre las maneras en que el Departamento de Justicia debe usar la ley para procesar a las personas que protegen esos derechos. Por ejemplo, el plan sugiere enjuiciar al secretario de estado de Pensilvania por una práctica usada en las elecciones de 2020: ofrecer boletas provisionales a los votantes cuyas boletas, enviadas por correo, fueron rechazadas debido a errores menores en el sobre de votación.
Para comenzar, el Proyecto 2025 simplemente distorsiona la ley de Pensilvania sobre el uso de boletas provisionales. En Pensilvania, como en otros estados, se les puede emitir una boleta provisional a los votantes si se cree que reúnen los requisitos para votar, pero un trabajador electoral no puede confirmarlo inicialmente, por ejemplo, cuando un votante no tiene la identificación correcta o si se pone en duda si puede votar.
Lo que es más relevante para el Proyecto 2025, es que la ley de Pensilvania declara explícitamente que si un votante solicita una boleta para votar por correo o en ausencia, y el registro del distrito no indica que ha votado (esto es, debido a un error que lo descalifica en el sobre), “puede votar con una boleta provisional”.
El claro propósito de esta disposición es asegurar que solo se cuente una boleta por cada votante en las elecciones, y a la vez ofrecer una solución para evitar que se prive de su derecho a los votantes que reúnen los requisitos debido a errores sin mala fe, lo que es muy distinto al tipo de supresión e intimidación que se sanciona en la sección 241.
Sin embargo, el Proyecto 2025, indica falsamente que el proceso de Pensilvania es ilegal porque los estatutos del estado no mencionan específicamente errores acerca de los sobres en las boletas enviadas por correo. En primer lugar, esto distorsiona la esencia de la administración de las elecciones. Las legislaturas no detallan explícitamente las minucias de las prácticas y procedimientos electorales en los estatutos estatales, y los funcionarios electorales toman una serie de decisiones prácticas todo el tiempo sobre la operación de las elecciones conforme a las leyes estatales.
En segundo lugar, el argumento del Proyecto 2025 es particularmente insidioso porque implica que el gobierno federal debe usar leyes penales federales para vigilar el cumplimiento por funcionarios estatales de las leyes del estado.
No es apropiado de ninguna manera que el Departamento de Justicia — una agencia federal de la ley—determine si un funcionario estatal ha usado debidamente su autoridad conforme a las leyes estatales. Es incluso más inapropiado que un tribunal federal declare culpable a un funcionario estatal de elecciones de un delito federal por supuestamente aplicar mal las leyes estatales. Este resultado no solo iría en contra del sentido común y los principios básicos del federalismo, sino también de los precedentes recientes de la Corte Suprema.
Apenas el año pasado, el tribunal rechazó en Moore v. Harper los argumentos de que la Constitución de Estados Unidos invalida las limitaciones constitucionales estatales respecto a las leyes estatales en la reglamentación de las elecciones. Así, el Proyecto 2025 intenta lograr lo que Moore no logró: permitir que los funcionarios estatales decidan el significado de las leyes electorales estatales.
El Proyecto 2025 fomenta encausamientos con motivación política.
La propuesta del Proyecto 2025 de encausar a funcionarios electorales estatales se origina en las quejas sobre la derrota electoral de Donald Trump en 2020. Días antes y después de las elecciones de 2020, la campaña de Trump presentó demandas judiciales contra funcionarios estatales en todo el país por una variedad de afirmaciones falsas sobre procesos electorales rutinarios. Por más de que los tribunales rechazaron las demandas rotundamente, los negacionistas electorales siguen circulando teorías conspirativas sobre estos procesos y atacan a funcionarios estatales que los implementaron. Pero una queja política no es un caso penal apropiado.
Para comenzar, este tipo de ataque va en contra de los principios más básicos de nuestra democracia. El sistema penal depende de los agentes de la ley y fiscales para proteger la garantía constitucional de debido proceso legal en procedimientos penales. Por esta razón, las cortes prohíben expresamente que los fiscales procesen casos debido a “deseos de venganza” o usen su poder de aplicar la ley para castigar a alguien en base a una antipatía personal.
Los encausamientos con motivación política contra funcionarios electorales también van en contra de las propias leyes del Departamento de Justicia. El Manual de Justicia del departamento destaca específicamente que “la asociación, actividades o creencias políticas no se permiten como consideraciones al decidir si presentar o no cargos penales. Además, el manual recuerda a los fiscales federales que deben ejercer su autoridad al servicio de “la administración justa e imparcial de las leyes penales federales”.
Los Estándares de Conducta Ética para Empleados del Poder Ejecutivo del gobierno federal exigen, de manera similar, que todos los empleados “actúen imparcialmente y no traten de manera preferencial a ninguna entidad privada ni persona” y que “se esfuercen por evitar dar la impresión de incumplimiento de las leyes o los estándares éticos”.
A pesar de estas claras reglas y estándares, que prohíben que los fiscales presenten cargos con motivación política, el Proyecto 2025 sugiere que debería haber más procesos por “fraude en la inscripción de votantes” y lamenta la decisión del Departamento de Justicia de George W. Bush de renunciar a ese tipo de encausamiento. Pero el fiscal federal de Bush, Alberto Gonzales, renunció tras un escándalo, después de que se encontró evidencia de que el Departamento de Justicia había presionado a fiscales para que presenten cargos de “fraude en la inscripción de votantes” con motivación política contra organizaciones que realizaban campañas no partidistas de inscripción de votantes antes de las elecciones. El Proyecto 2025 propone retomar esa vergonzosa práctica.
El Proyecto 2025 debilitaría la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
El propósito real del Proyecto 2025 es debilitar y distorsionar la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. La división ha desempeñado un papel prominente en la aplicación de las leyes de derechos civiles desde que la creó la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1957. De hecho, abogados de esa división han participado en casos de gran significado histórico como las investigaciones de los asesinatos del Dr. Martin Luther King Jr. y Medgar Evers, la golpiza por la policía de Rodney King en Los Ángeles, y los asesinatos de tres trabajadores de derechos civiles en 1964 en Mississippi.
El Proyecto 2025 privaría a la división de su facultad de realizar tales encausamientos al eliminar el poder de velar por el cumplimiento de los derechos civiles de dicha división, creada específicamente para ese fin, y dárselo a la División Penal del Departamento de Justicia.
El plan no acaba allí. Propone por separado “reorganizar y reorientar” la División de Derechos Civiles para cuestionar políticas de diversidad, equidad e inclusión. Los autores del plan afirman que una “alianza nefasta de intereses particulares, radicales en el gobierno y la extrema izquierda” han “acosado” al sector público y privado con estas medidas de política y que el gobierno de Joe Biden ha usado a su División de Derechos Civiles para “consagrar la discriminación vía acción afirmativa en todos los aspectos de las operaciones [del poder ejecutivo] bajo la falsa apariencia de ‘equidad’”. Para subsanar estas “conspiraciones odiosas”, el Proyecto 2025 propone que la división “pase su primer año bajo el próximo poder ejecutivo usando todo el vigor de los recursos procesales federales para investigar y encausar a todos los gobiernos estatales y locales, instituciones de enseñanza superior, corporaciones y cualquier otro empleador privado” que participe en esta supuesta discriminación.
En breve, así como propone usar la sección 241 para encausar a quienes facilitan la votación, también sugiere usar toda la ley de derechos civiles y la agencia federal a cargo de aplicarlos, para eliminar programas que tienen como propósito darles oportunidades equitativas a las personas no blancas. Esta absoluta perversión de la misión de la división pondría en la mira los programas de diversidad, equidad e inclusión en todas partes, además de eliminar muchos de los logros alcanzados recientemente contra la discriminación racial en numerosos sectores.
En conclusión, las intenciones ocultas contra los votantes del Proyecto 2025 causarían daños devastadores a la democracia y el sistema electoral. Incluso si las cortes rechazan encausamientos con motivación política por carecer de fundamento, el daño sería considerable. Si los funcionarios electorales ven que se arrastra a sus colegas a la corte simplemente por ayudar a la gente a votar, no hay duda de que lo pensarían bien antes de hacerlo. Y si los organizadores ven que se arresta a sus colegas por inscribir a votantes, probablemente sería mucho más difícil reclutar a voluntarios en el futuro.
Toda persona, independientemente de su partido político, depende de los funcionarios electorales para dar prioridad a su derecho al voto y de las organizaciones no partidistas para ayudarlos a ejercerlo. Pero las personas que realizan esta labor vital ya han enfrentado ataques sin precedentes en años recientes, lo que contribuye a un número mayor de renuncias de funcionarios electorales y menor número de campañas de inscripción de votantes. Las propuestas del Proyecto 2025 intensificarían drásticamente estas tendencias y perjudicarían a todos los votantes.
Este artículo se actualizó para incluir detalles adicionales sobre la ley de Pensilvania sobre las boletas provisionales y enviadas por correo.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
