Esta columna se publicó originalmente en La Opinión
Numerosas legislaturas estatales en todo el país han estado muy ocupadas presentando legislación que dificultaría el voto. Al 25 de enero de este año, las legislaturas de al menos 32 estados anunciaron o presentaron 150 proyectos de ley que restringen el acceso al voto, una cifra récord.
Si esta legislación electoral se aprueba, según dónde vivamos, podemos encontrarnos con que, para el próximo ciclo de elecciones, se nos haga más difícil votar por correo o que tengamos que presentar una nueva forma de identificación que demuestre nuestra condición de ciudadanía para votar en persona.
Por otro lado, hay estados que están presentando más proyectos de ley que expandirían el acceso al voto, en lugar de restringirlo. Pero la ola creciente de proyectos restrictivos podría impedir la votación y desalentar la participación de la ciudadanía en las elecciones, y está motivada por una falsedad: que grandes cantidades de votantes cometen fraude electoral.
Estas leyes, a menudo, afectan muchísimo más al electorado latino y de raza negra, con discapacidades o de bajos ingresos; cuatro categorías de votantes que a veces les cuesta más trabajo obtener una nueva forma de identificación con foto o viajar hasta un sitio de votación lejano.
Sin duda, nuestro país tiene una larga historia de discriminación contra votantes, incluso en estados con importantes poblaciones latinas. Arizona solía exigirles a sus votantes que aprobaran una prueba de lectura y escritura en inglés para registrarse para votar. Texas alguna vez implementó elecciones primarias solo para personas blancas, de modo que el electorado latino y de raza negra no podía participar en las contiendas que solían ser las más trascendentales.
En los últimos años, ha habido estudios que demuestran las diferentes formas en que ciertas reglas estatales sobre la votación pueden dificultar muchísimo más la votación para el electorado no blanco. Por ejemplo, las esperas el día de las elecciones son más largas en los vecindarios con más minorías raciales y étnicas. Y las poblaciones de color son las más afectadas por los cierres de sitios de votación y el rechazo de boletas de voto por correo.
En la actualidad, se están realizando esfuerzos por suprimir el voto en un momento en el que las comunidades latinas están impulsando el crecimiento de la población del país y deberían poder aumentar su representación política. Por lo tanto, cuando Texas aprueba una ley que les hace más difícil a las personas con poco dominio del idioma inglés obtener ayuda en su propio idioma para votar, como ocurrió en 2021, está amenazando el poder político latino.
Varias organizaciones como el Brennan Center for Justice están disputando algunas de estas leyes en los tribunales. Y no todo son malas noticias. Las legislaturas de por lo menos 34 estados han anunciado o presentado, como mínimo, 274 proyectos de ley que expandirían el acceso al voto y se le haría más fácil a toda persona elegible registrarse, votar o permanecer en las listas de votación, o padrones electorales, en comparación con la legislación estatal vigente hasta el momento.
Sin embargo, continúa la tendencia de colocarle obstáculos a la votación, y la ciudadanía debería hacer oír su voz, en especial durante las primeras etapas de deliberación de estos proyectos de ley. Como mínimo, el público puede hacerles saber a las autoridades electas en sus propias legislaturas estatales su opinión sobre los proyectos de ley que afectan directamente sus derechos al voto.
