Los latinos y la democracia

En 2022, el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo (GPAHE) llevó a cabo una encuesta sobre los efectos de la retórica política extremista, sus actividades y la proliferación de armas en los espacios públicos. Reveló que menos de la mitad de todas las personas encuestadas —tan solo el 41 por ciento— se sienten seguras en los sitios de votación. Este porcentaje fue aún menor entre las personas hispanas encuestadas (37 por ciento) y de raza negra (28 por ciento).

Cuando las agencias estatales manipulan o suprimen la investigación científica, afecta de manera desigual a los latinos y a los afroamericanos. 

Las personas no blancas ya tienen una probabilidad desproporcionada de estar expuestas a la contaminación del aire en el trabajo y en casa, de vivir cerca de fuentes de peligros ambientales, en zonas con mayor riesgo por el cambio climático y de carecer de cobertura médica adecuada y estabilidad laboral. 

Existen maneras de tener un gobierno más representativo, si se quiere lograr una mayor equidad en la política para las comunidades latinas, la población no blanca, las mujeres, la clase trabajadora y la juventud. La Comisión Federal de Elecciones está considerando actualizar reglas anticuadas sobre cómo se pueden usar los fondos de campaña para pagar salarios adecuados de manera que más candidatos puedan participar en una contienda electoral.

Los últimos datos publicados por el censo a junio de 2023 indican que la comunidad latina ahora representa el 40.2 por ciento de la población del estado de la estrella solitaria, por encima de la población blanca con un 39.8 por ciento. 

Las personas latinas tienen un índice de encarcelamiento en prisiones estatales de 2.5 veces más alto que el de las personas blancas. De hecho, el 50 por ciento de las causas federales por drogas son acciones legales en contra de personas clasificadas como hispanas, a pesar de representar tan solo el 17 por ciento de toda la población estadounidense. 

Los sistemas estatales de registro de votantes no siempre son accesibles para las personas con discapacidades o con poco dominio del inglés. También pueden ser difíciles de acceder para las personas de bajos recursos que viven en estados sin servicios online de registro de votantes, como Mississippi o Dakota del Sur.

Al 25 de enero de 2023, las legislaturas de al menos 32 estados anunciaron 150 proyectos de ley que restringen el acceso al voto, una cifra récord. Estas leyes, a menudo, afectan muchísimo más al electorado latino y de raza negra, con discapacidades o de bajos ingresos; cuatro categorías de votantes a los que a veces les cuesta más trabajo obtener una nueva forma de identificación con foto o viajar hasta un sitio de votación lejano. 

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, los latinos amplían su representación en el Congreso a más de un 10%.  Antes de las elecciones de noviembre de 2022, había 38 representantes latinos en la Cámara de Representantes, en su mayoría  demócratas, según el National Association of Latino Elected and Appointed Officials Educational Fund (NALEO). Tras dichos comicios, el número de representantes aumentó a por lo menos a 47, en la Cámara, con un total de 435 miembros. El Senado cuenta con seis senadores latinos --Bob Menéndez, Marco Rubio, Ted Cruz, Catherine Cortez Masto, Alex Padilla y Ben Ray Luján--.

Los latinos y los negros son encarcelados en niveles desproporcionados en todo el país. En 2019, el 56 por ciento de la población penitenciaria de Estados Unidos era negra o latina, a pesar de que estos grupos representan solo el 32 por ciento de la población total.

En 2020 los jóvenes blancos tuvieron la mayor participación electoral entre los jóvenes de 18 a 29 años con un 61 por ciento. No muy atrás estaban los jóvenes adultos latinos (48 por ciento), los jóvenes adultos asiáticos (47 por ciento) y los jóvenes adultos negros (43 por ciento).

La encarcelación masiva conlleva incentivos financieros perversos. Algunos gobiernos locales construyen o amplían sus cárceles para ofrecer espacio a personas detenidas por ICE o el Servicio de Alguaciles Federales, que, a su vez, pagan por esas camas un precio más alto de lo normal. Y algunos estudios demuestran que los arrestos de personas negras y latinas tienen más probabilidades de producir ingresos para la policía por confiscaciones que los arrestos de personas blancas.

No hay ningún juez ni ninguna jueza de la comunidad latina en 39 estados. Y en 20 estados, no hay ningún juez ni ninguna jueza en las cortes supremas estatales que se identifique como persona de color, incluso en 12 estados donde las personas de color componen al menos el 20 por ciento de su población total.

Los latinos sólo representan el 1.5 por ciento de todos los cargos electos locales y federales, a pesar de constituir el 18.5 por ciento de la población. 

En las elecciones de 2020, los votantes latinos superaron sus récords de participación anteriores: el 53.7 por ciento votó, mientras que la participación de los votantes en general también aumentó a pesar de la pandemia de Covid-19.

En 2020, el censo contó con precisión el total de las personas que vive en el país, pero no así el total de las comunidades no blancas. Un importante informe de control de calidad llevado a cabo por la Oficina del Censo demostró que la población latina quedó tres veces más excluida del conteo de 2020 que en el de 2010.

Myrna Pérez, mexicana-estadounidense que dirigió el programa de derecho al voto y de las elecciones del Brennan Center, es la primera latina que ejerce como jueza federal para el distrito sur de Nueva York -- en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito -- desde Sonia Sotomayor, actual magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Algunos fiscales federales acusan a los negros y latinos con más frecuencia que a los blancos por posesión o venta de una cantidad de droga suficiente para provocar un mínimo obligatorio, en una disparidad que es más alta “en los estados con mayores niveles de hostilidad racial”.

Los esfuerzos racistas para suprimir el poder político de los latinos continúan, aunque no son nada nuevo. Durante más de 60 años, por ejemplo, Arizona exigía a los votantes que pasaran una prueba de alfabetización en inglés para poder registrarse para votar, con el propósito de bloquear ‘el voto de los mexicanos ignorantes”, según los autores de la ley de 1909.