Esta columna se publicó originalmente en La Opinión.
Ha llegado la hora de que el expresidente Donald J. Trump rinda cuentas. Con la acusación formal este mes en Georgia, ahora enfrenta un total de cuatro juicios, dos de ellos por cargos federales y estatales debidos a sus presuntos intentos de invalidar los resultados de las elecciones de 2020, rechazar el voto de millones de personas y permanecer en el poder a la mala.
La Gran Mentira de que hubo un fraude masivo en las elecciones que le negó a Trump su reelección será evaluada y juzgada ante la justicia, pero el daño que ocasionó ya es evidente y sigue perjudicando la integridad de nuestro sistema electoral.
Este daño se pone de manifiesto en las nuevas leyes que muchos estados han aprobado para hacer más difícil votar y para facilitar la interferencia partidista en la administración de las elecciones, todo supuestamente para prevenir un delito electoral que nunca se demostró que hubiera existido.
También se evidencia en el acoso y la intimidación que han sufrido los administradores y los trabajadores electorales. Muchas de estas personas han dicho que no volverán a sus puestos de trabajo para las próximas elecciones presidenciales debido a estas amenazas.
Y aquellas personas que siguen negando los resultados de las elecciones de 2020 continúan amenazando la seguridad de los equipos electorales y sus datos.
Entre los cargos que se presentan en la acusación de Georgia contra Trump y otras 18 personas que conspiraron junto a él, cabe destacar una alegación particularmente audaz: algunos aliados de Trump contrataron a otras personas para que accedieran al software de las máquinas de votación y a sus datos y los copiaran en el condado de Coffee, Georgia.
Los que violaron estos sistemas de votación ya habían sido contratados para evaluar los sistemas de votación en Míchigan y Nevada. Luego, publicaron los datos en un sitio web donde, mediante una contraseña, cualquier persona en todo el país que negara los resultados de las elecciones podía descargarlos.
Este tipo de violaciones a la seguridad puede dañar accidentalmente los sistemas o, lo que es peor, corromper los equipos al introducir software malicioso o realizar otras acciones que podrían no detectarse. De todos modos, los ataques a la seguridad de las elecciones son ahora un riesgo real que los estados deben prever.
Ha habido en todo el país por lo menos 17 intentos de acceder ilegalmente a los equipos de votación desde las elecciones de 2020, la mayoría relacionados con aliados de Trump u otras personas que creen en teorías conspirativas sobre las elecciones. Si bien estas violaciones a la seguridad no han proporcionado ninguna prueba de fraude, las personas que niegan los resultados de las elecciones igualmente han utilizado los datos para inventarse una supuesta verdad en sus falsas alegaciones de que se robaron las elecciones.
Georgia y otros estados han respondido ante estas violaciones de seguridad dando de baja a los equipos afectados. Colorado y Michigan presentaron cargos en contra de las personas que realizaron los ataques.
Sin embargo, el gobierno, en todos sus niveles, ahora debe invertir en salvaguardas más estrictas en los sistemas electorales para evitar futuras violaciones a la seguridad e intentos de acceso no autorizado.
Nuestras instituciones democráticas han soportado un ataque sin precedentes en los últimos años, pero no han salido totalmente ilesas. Mientras nos preparamos para las elecciones de 2024, hay mucho por hacer para alentar a los votantes, en especial al electorado latino cada vez más grande, a que vuelvan a votar masivamente y que lo hagan con la confianza de que su voto cuenta.
