Esta columna se publicó originalmente en La Opinión.
Más allá de lo que ocurra con los cargos federales contra el expresidente Donald J. Trump por intentar anular las elecciones de 2020, se sigue sintiendo el asalto a nuestra democracia, muchas veces en perjuicio de la población latina y las comunidades no blancas en crecimiento.
Muchos políticos siguen intentando debilitar nuestros sistemas electorales e implementar políticas antivoto, lo cual ha motivado al Congreso a volver a presentar una legislación para establecer normas nacionales que protejan nuestras elecciones contra cualquier intento de sabotaje. Conocida como la Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act), esta ley también acabaría con la manipulación partidista de distritos electorales y ayudaría a frenar las grandes donaciones anónimas en la política.
Muchos de estos problemas perjudican la capacidad de las comunidades latinas y no blancas de aumentar su poder político a través del voto. La Ley de Libertad para Votar aborda específicamente obstáculos que enfrentan estas comunidades, tales como las largas filas para votar el día de las elecciones, porque obligaría a los estados a garantizar demoras de no más de 30 minutos. También prohibiría a los estados bloquear donaciones de agua o alimentos para las personas que esperan para votar.
Parece increíble que existan estas prácticas antivoto, pero en los últimos años muchos estados conservadores han aprobado este tipo de leyes restrictivas. Entre otras cosas, estas leyes también dificultan el registro de votantes, restringen la votación anticipada, cierran sitios de votación y limitan la ayuda a votantes, tales como la asistencia en español para votantes de habla hispana.
Además, la manipulación discriminatoria de los límites de distritos electorales a favor del partido político en el poder es un motivo importante por el cual las comunidades latinas tienen menos fuerza política en Texas, a pesar de haber superado a la población blanca como el grupo étnico y racial más grande del estado. Cuando la legislatura de Texas trazó los nuevos mapas legislativos y congresuales después del censo de 2020, aunque cueste creerlo, no les dio ninguna oportunidad electoral nueva a las comunidades latinas en las áreas metropolitanas donde crecen con la mayor rapidez. (Varios grupos latinos están disputando esta omisión en los tribunales).
Cabe destacar que, entre los cargos que un fiscal federal especial, Jack Smith, presentó contra el expresidente Trump, se encuentra la violación de una ley de derechos civiles que estipula que es delito amenazar o intimidar a cualquier persona durante el “libre ejercicio o goce” de cualquiera de sus derechos o privilegios garantizados por la Constitución o las leyes federales.
La ley de derechos civiles, Sección 241 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, fue utilizada históricamente para procesar penalmente al Ku Klux Klan por impedirles a las personas estadounidenses de raza negra ejercer su derecho al voto, y se ha aplicado también para penalizar intentos más amplios de revertir resultados electorales. Muchas de las demandas judiciales y alegaciones de fraude electoral que presentó el equipo de campaña de Trump después de las elecciones de 2020 se centraron en el intento de invalidar votos en ciudades y condados con grandes poblaciones latinas y de raza negra, como en Detroit y Filadelfia.
Los intentos cada vez más tenaces de privar del derecho al voto son un ataque contra nuestra democracia en un momento de profundos cambios demográficos en todo el país. Estos ataques deben combatirse mediante leyes nuevas y existentes que protejan nuestro derecho de votar con libertad e igualdad.
