Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
- Estados Unidos sigue teniendo las cifras de encarcelación más altas del mundo, y su sistema de justicia penal es costoso e ineficiente.
- Las más de 400,000 personas que salen en libertad cada año, a menudo, enfrentan importantes obstáculos para integrarse a sus comunidades y tener una vida productiva debido a sus condenas penales.
Todo el pueblo estadounidense merece vivir en una comunidad segura. El sistema de justicia penal puede lograr este cometido y, al mismo tiempo, defender políticas más justas y humanas. Después de las elecciones de 2020, el Brennan Center for Justice publicó una agenda afirmativa y bipartidista para avanzar hacia estos fines.
Durante los últimos cuatro años, el gobierno ha puesto en práctica muchas de sus propuestas, como los esfuerzos por promover una intervención policial basada en los datos y capaz de rendir cuentas, financiar estrategias de seguridad pública lideradas por la comunidad y aprobar leyes para mejorar el control de las prisiones y cárceles federales.
Pero hay más por hacer. Estados Unidos sigue teniendo las cifras de encarcelación más altas del mundo, y su sistema de justicia penal es costoso e ineficiente: casi el 40 por ciento de las personas en prisión están encarceladas sin ninguna justificación convincente en materia de seguridad pública.
Las más de 400,000 personas que salen en libertad cada año, a menudo, enfrentan importantes obstáculos para integrarse a sus comunidades y tener una vida productiva debido a sus condenas penales.
Los estados y las localidades siguen tratando de buscar formas de romper el ciclo de la delincuencia y garantizar una seguridad pública duradera; desde la pandemia, las autoridades policiales y judiciales de todo el país han estado resolviendo menos delitos.
Esta agenda presenta medidas esenciales y específicas por las que la administración Trump y el Congreso deberían abogar durante los próximos cuatro años para prevenir la delincuencia, reducir la encarcelación, mejorar el control, ahorrar fondos públicos y fomentar una reinserción exitosa de las personas previamente encarceladas.
Las recomendaciones incluyen formas de mejorar el sistema de justicia penal a nivel federal, donde el presidente y el Congreso pueden ejercer la influencia más directa, así como también medidas de financiación para elaborar políticas a nivel local, estatal, tribal y territorial.
Algunas propuestas necesitan de la aprobación de leyes, mientras que otras pueden implementarse a través de medidas ejecutivas. Muchas ya se han puesto en práctica a menor escala en los últimos años y han producido resultados prometedores que ameritan su expansión.
Durante su primer mandato, el presidente Trump firmó la innovadora Ley del Primer Paso (First Step Act) de 2018, que contenía una serie de reformas penales. Entre otras cosas, ofrecía soluciones para resolver sentencias injustas y segundas oportunidades para personas encarceladas. Ahora, el presidente y el Congreso pueden expandir este legado y hacer que el sistema de justicia penal funcione mejor para toda la nación.
Traducción de Ana Lis Salotti.
