Mientras los estados aprueban leyes que limitan el acceso a las urnas por infundadas “sospechas de falta de integridad de las elecciones”, también han ignorado por completo una de las amenazas más fatales que haya enfrentado nuestra democracia en las últimas décadas: el abuso y la intimidación que sufren las autoridades electorales. Estas amenazas se volvieron tan graves en las semanas anteriores y posteriores al día de las elecciones de 2020, que varias autoridades tuvieron que abandonar sus hogares temporalmente porque temían por su seguridad. Muchos debieron instalar sistemas de seguridad en sus casas y pagarlos de su propio bolsillo, y otros solicitaron vigilancia policial constante. Y las amenazas continúan hoy en día.
La difamación más problemática y trascendental de las autoridades electorales fue la iniciada por algunos líderes políticos del país. Muchos han señalado que el motivo detrás de esa difamación fue el intento del presidente Donald Trump de ilegitimar los resultados de las elecciones de 2020 cuando decía que habían sido “manipulados”, y cuando creó el movimiento “Stop the Steal” (Paren el robo). Pero el problema es mucho más profundo que lo que pudo haber creado un hombre.
En varios estados, algunos líderes políticos han censurado y remplazado a varios funcionarios que no se acobardaban y seguían diciendo la verdad sobre la seguridad de las elecciones y la precisión de los resultados. En algunas legislaturas se han presentado proyectos de ley que impondrían penas sobre autoridades y trabajadores electorales que tomen ciertas medidas como enviar proactivamente solicitudes de boletas de voto por correo a los votantes o, en ciertas situaciones, colocar publicidad sobre futuras elecciones en las plataformas de redes sociales como Twitter o Facebook. Y lo que es más problemático para el futuro de nuestra democracia, muchas legislaturas en todo el país han tomado medidas para quitarles a las autoridades electorales su facultad de administrar, contar y certificar las elecciones, para así consolidar en sus propias manos el poder de controlar procesos que deberían estar libres de toda interferencia política o partidista.
Todo esto representa un peligro mortal para la democracia estadounidense, que no puede sobrevivir sin funcionarios públicos que puedan administrar las elecciones con libertad y transparencia. Debemos asegurarnos de que estas autoridades puedan sentirse no solamente seguras, sino también apoyadas y valoradas por la tarea fundamental que desempeñan.
Durante los últimos meses, el Brennan Center for Justice, el Bipartisan Policy Center y el Centro Ash para la Gobernanza e Innovación Democrática de la Universidad de Harvard estudiaron esta pregunta, entrevistaron y organizaron diálogos con casi cuarenta funcionarios electorales y más de 30 especialistas en democracia, administración y tecnología electorales, ciberseguridad, desinformación, elecciones extranjeras, ciencias del comportamiento y procedimiento penal. Identificamos cuatro áreas problemáticas que amenazan la integridad de la administración de las elecciones en los Estados Unidos: las amenazas violentas contra los trabajadores electorales y sus familias; la desinformación sobre la administración de las elecciones; la interferencia política y partidista; y los obstáculos para preservar y contratar a personal capacitado y comprometido con la transparencia electoral.
A continuación en esta hoja informativa, resumimos algunos de los hallazgos y las recomendaciones más importantes.
