Esta columna se publicó originalmente en La Opinión.
- La ley S.B.1 está dirigida a votantes latinos y de comunidades no blancas con una exactitud asombrosa.
- Está claro que el objetivo de esta ley es darles a quienes gobiernan en Texas la capacidad de retener el poder a pesar de que la composición del electorado ha cambiado.
Después de las elecciones de 2020, muchos estados aprobaron leyes que restringen el voto, pero la ley S.B.1 en Texas se destaca por el número de obstáculos que impuso.
La ley impone reglas nuevas para reducir la votación por correo. También amenaza a los trabajadores en los centros de votación con cargos criminales si tratan de impedir que observadores electorales partidistas acosen a los votantes. Y la ley específicamente procura que muchos votantes latinos y no blancos, además de aquellos con discapacidades, no puedan votar.
¿De qué manera? La ley convierte en un crimen el pago a personas que ayudan a los votantes, como las personas con discapacidades o con dominio limitado del inglés, a completar sus boletas de votación por correo. Como resultado, entidades comunitarias como La Unión del Pueblo Entero (LUPE), que fue fundada por César Chávez y Dolores Huerta, se han visto forzadas a dejar de prestar este servicio a los votantes hispanohablantes.
LUPE ahora es uno de los demandantes en un juicio en la corte federal de San Antonio que impugna las restricciones a la votación de la S.B.1 por trasgredir la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965, la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act) y la primera, decimocuarta y decimoquinta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
LUPE v. Texas consolida seis demandas y en ella participan un grupo diverso de residentes de Texas, entre ellos una congregación bautista y un juez de elecciones, a quienes representan abogados del Brennan Center for Justice, la Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), además de otros abogados.
En las próximas semanas, los demandantes presentarán pruebas que demuestran que la medida ha perjudicado a los votantes de Texas. Tan solo una de las disposiciones de la ley hizo que se rechazaran miles de boletas enviadas por correo, y solicitudes de boletas por correo, en las primeras elecciones tras su promulgación, lo que afectó a votantes no blancos desproporcionadamente.
La legislatura de Texas aprobó la S.B.1 en 2021 como parte de una ola sin precedente de leyes electorales restrictivas aprobadas por muchos estados tras las afirmaciones falsas de fraude electoral masivo —conocidas como la Gran Mentira—por el derrotado expresidente Donald Trump y sus partidarios.
Pero las investigaciones del supuesto fraude electoral en Texas por la oficina del secretario de estado tras las elecciones de 2020 concluyeron que Texas tuvo comicios “seguros y exentos de problemas”.
O sea, que las disposiciones de la S.B.1 no solo son ilegales, sino que tampoco tienen sentido.
La ley está dirigida a votantes latinos y de comunidades no blancas con una exactitud asombrosa. Por ejemplo, los residentes de Texas con dominio limitado del inglés que viven en condados que solo proporcionan materiales en ese idioma —en otras palabras, las personas más propensas a necesitar ayuda lingüística al votar—constituyen un grupo que es 94 por ciento latino o no blanco.
La población latina ha superado a la población blanca del estado y se ha convertido en el grupo étnico más numeroso de Texas. La participación de los votantes no blancos en general aumentó considerablemente en las elecciones de Texas en 2018 y 2020.
Está claro que el objetivo de la S.B.1 es darles a quienes gobiernan el estado la capacidad de retener el poder a pesar de que la composición del electorado ha cambiado. El juicio sobre la S.B. 1 será una prueba de como los tribunales federales responden a este evidente intento de negarles representación política a las comunidades en crecimiento como la de los latinos.
