Esta columna de opinión se publicó originalmente en La Opinión
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Desde el año 2000, la cantidad de personas latinas que ocupan un cargo electo casi se ha duplicado. En las elecciones de 2022, un número récord de candidatos de origen latino ganaron un escaño en el Congreso. Las elecciones de medio término también colocaron a la mayor cantidad de personas latinas en cargos ejecutivos estatales, y la primera gobernadora latina demócrata de la nación ganó su reelección.
A pesar de estos avances históricos, menos del 2 por ciento de los funcionarios públicos electos es de origen latino, una comunidad que constituye casi el 20 por ciento de toda la población estadounidense. Y una de las razones, cada vez más frecuente, es el miedo.
Cada vez más personas tienen miedo de presentarse a elecciones. Esto es miedo, no de perder, sino de poner su propia seguridad y la de sus seres queridos realmente en peligro.
Hay muchas personas que expresan numerosas preocupaciones antes de presentarse a elecciones, tales como la financiación de su posible campaña y la intensa agenda que tendrían. Pero también han visto los titulares, que solamente parecen ir en aumento durante las últimas semanas.
El 3 de enero, diecinueve capitolios estatales fueron evacuados debido a amenazas de bomba. Se han incrementado las llamadas falsas al 911 que provocan el despliegue de agentes policiales en la vivienda de otra persona, incidentes conocidos con el nombre de swatting. Las autoridades arrestaron hace poco a un hombre que amenazó con matar al representante Eric Swalwell y a sus hijos pequeños.
Por todo esto, me alegra ser parte del Consejo Consultivo de un nuevo informe elaborado por el Brennan Center for Justice que documenta la forma en que esta violencia política va más allá de lo que pasó el 6 enero y lo que ocurre en Capitol Hill, y la forma en que afecta la salud de nuestra democracia.
Las investigaciones demuestran que el 43 por ciento de legisladores estatales y el 18 por ciento de los funcionarios públicos locales han recibido amenazas de agresión durante el último par de años. Las ramificaciones son graves: casi el 40 por ciento de los funcionarios públicos locales afirma que esta agresión disminuye su deseo de volver a presentarse a elecciones.
Esta crisis es especialmente alarmante para los grupos que ya tienen una escasísima representación en el gobierno.
Casi la mitad de las personas que en la actualidad ocupan un escaño en el Congreso fueron antes legisladores estatales; estos cargos son un canal de acceso a la política fundamental para las personas que recién comienzan.
Si nuestros líderes de la comunidad tienen miedo a iniciar sus carreras políticas en las contiendas locales y estatales, nuestra representación nacional también sufrirá.
La comunidad latina constituye el segundo bloque electoral más grande de toda la población votante estadounidense. Nuestros líderes políticos deben reflejar a las comunidades que atienden. Como presidenta y CEO de Latino Victory Fund, recluto y apoyo a personas candidatas para incluir la voz y los valores de las comunidades latinas en todos los niveles de gobierno.
La igualdad de oportunidad no importa solo por cuestiones de inclusión. Cualquier tipo de agresión que no se resuelve daña a todo el electorado, porque las políticas que provienen de legislaturas más representativas atienden mejor a todo el mundo.
Sin importar nuestra afiliación política o procedencia, todas las personas votantes nos beneficiamos cuando nos aseguramos de que los líderes del futuro no se desanimen de servir en la administración pública por miedo a su seguridad personal y que los líderes del presente no tengan miedo a expresar sus opiniones. Necesitamos de las personas más capaces e inteligentes para cumplir con la promesa de nuestra democracia.
Existen soluciones. Las autoridades del gobierno, los líderes empresariales y comunitarios y el público en general deben denunciar toda instancia de amenaza y acoso que detecten.
La condena bipartidista de todo comportamiento agresivo ayudaría enormemente a garantizar que los funcionarios públicos puedan pasar más tiempo hablando de las políticas que favorecen y menos tiempo preocupándose por proteger a sus seres queridos de posibles actos de violencia.
Las compañías de redes sociales también pueden aportar su contribución actualizando sus políticas para reducir la gravedad de las agresiones que surgen en las redes.
Todo el mundo se beneficiará de un proceso democrático que esté libre de intimidación. La violencia política no muestra ningún signo de reducirse por sí sola. Debemos actuar para garantizar una democracia representativa, segura y accesible para toda la población.
Sindy Benavides es Presidenta y CEO de Latino Victory Fund
Traducción de Ana Lis Salotti.
