Y volvió a pasar. El mundo fue testigo de cómo otro hombre negro en Estados Unidos, esta vez Tyre Nichols en Memphis, Tennessee, fue golpeado brutalmente y asesinado por un grupo de policías.
La brutalidad del ataque, con golpes para causar dolor, fue inmisericorde y grotesco. Nos recordó la vergonzosa historia de los linchamientos en este país y otras formas de violencia racial, pero también nos sirvió como recordatorio de que la estructura de seguridad estatal en este país se basa en una cultura que hereda violencia institucional. En otras palabras, lo que vimos no solo fue el caso de unos malos individuos que buscan castigar y causar daños físicos en otro ser humano, sino cómo el estado se corrompe tan fácilmente por el monopolio del uso de la fuerza física con la excusa de la seguridad pública y el amparo de la ley.
Los videos que se vieron el 27 de enero nos enfrentaron con el aparentemente interminable problema de las agencias de ley en Estados Unidos. A pesar de que las autoridades pusieron en vigor varias reformas a la política sobre comportamiento y prácticas policiales en años recientes, incluso sobre el uso de la fuerza, las tácticas de la policía todavía usan el modelo militar de manera predeterminada con demasiada frecuencia.
Esta cultura a menudo causa la confrontación entre los oficiales y las comunidades a las que se supone deben servir. Es una cultura que se basa en un amplio rango de tácticas agresivas, que incluyen perfiles raciales, la amenaza o uso real de la fuerza, la saturación policial de determinados barrios, la búsqueda masiva de individuos y vehículos, puertas abiertas a patadas en redadas y el control de multitudes con violencia y coerción, todo para demostrar públicamente poder y fuerza. Sin los controles adecuados, también es una cultura en la que desafortunadamente pueden confundirse los límites entre el uso de la fuerza con legitimidad de la que no lo es. Se abren más puertas a la violencia estatal ilegal en nombre de “combatir el crimen”.
El departamento de policía de Memphis fue acusado previamente de uso excesivo de la fuerza. No nos sorprende que el poder gravitacional de la cultura prevalente se impusiera sobre reformas bien intencionadas, como la de 2020 que requería que los policías usen estrategias de mitigación de violencia y que intervengan si ven que otros practican el uso excesivo de la fuerza. Claramente, el uso excesivo de la fuerza siempre se esconderá detrás de la puerta institucional de la policía si no se hace algo más para eliminarla.
¿Es posible cambiar una cultura institucional muy arraigada para que se adapte a los valores constitucionales y a los derechos humanos? Sí, pero para ello se necesita una trasformación ideológica respecto a la policía en este país.
Un paso es poner en vigor la legislación federal integral como la Ley George Floyd de Justicia en Actos Policiales (George Floyd Justice in Policing Act), la cual no solo establecería estándares nacionales para el uso de la fuerza, sino que también promulgaría medidas para ayudar a mejorar la responsabilidad de la policía en todo el país. Tales medidas incluyen crear un registro nacional para rastrear la mala conducta policial y cambiar el código criminal federal a fin de facilitar que los fiscales enjuicien a policías en caso de mala conducta, lo que requiere reducir los requisitos para probar culpabilidad.
Otro paso es seguir alentando a los gobiernos estatales y locales a reformar la asignación de agentes de la ley y cómo protegen la seguridad pública. Esto incluye disminuir el rango de discreción policial y las obligaciones respecto a infracciones de tránsito, ya sea eliminando prioridades o asignando las funciones asociadas a infracciones de tránsito a otras agencias u oficiales no armados que no afectan la seguridad pública.
Otra táctica que es cada vez más popular es el aumentar el número de agentes que no son de la policía para que respondan a las quejas de la comunidad que no incluyen violencia, como las actividades relacionadas cona la pobreza o con personas con problemas mentales. Estos agentes no policiales incluyen a expertos o especialistas clínicos, como paramédicos, terapeutas o trabajadores sociales con experiencia en salud conductual, falta de vivienda o violencia doméstica.
Sin embargo, estas reformas por sí solas no van a trasformar la cultura policial dominante en Estados Unidos. Será difícil cambiar a las 18,000 agencias policiales para asegurar que la práctica de la discreción policial sea más deliberada, trasparente y responsable, y sacar de los reglamentos la lógica de racismo y violencia injustificada en las operaciones. Requerirá un largo esfuerzo en múltiples frentes, desde inversión en servicios no relacionados a la justicia en comunidades descuidadas desde hace mucho tiempo, hasta una nueva visión de cómo los departamentos deben reclutar, entrenar e incentivar a los policías.
Finalmente, la responsabilidad por la mala conducta policial debe estar al centro de este cambio. Se debe construir estructuras que faciliten acciones rápidas y rotundas contra policías que incumplen su juramento y abusan de su poder.
Solo así la policía verdaderamente prestará el servicio que logre sus propósitos.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
