La desinformación digital y la supresión del voto

Resumen ejecutivo y recomendaciones

Las elecciones en los Estados Unidos están bajo una gran presión durante 2020. La crisis por la pandemia de Covid-19 ha creado nuevas dificultades para las autoridades electorales, que se han visto obligadas a realizar cambios de último momento en el proceso electoral, por lo general con recursos que ya estaban al límite. Los cambios realizados a causa de la pandemia se han vuelto un problema electoral en sí mismos porque algunos actores políticos dañinos usaron esos cambios para sembrar la confusión y beneficiar a su partido político. Han hecho circular mentiras para engañar a ciertos grupos y evitar que vayan a votar, y, gracias a las redes sociales, estas prácticas engañosas pueden llegar de inmediato a muchísimas personas. Los expertos advierten que las potencias extranjeras han aprendido de los esfuerzos de Rusia de intervenir en las elecciones de 2016 y este año intentarán influenciar a escondidas al electorado estadounidense.  

Las autoridades electorales estatales y locales desempeñan un papel fundamental a la hora de defender a las elecciones federales de estas amenazas y proteger a la ciudadanía estadounidense de la posibilidad de perder su derecho al voto debido a la desinformación. Las compañías de internet y el público en general también pueden tomar medidas para combatir estas prácticas engañosas, la intimidación al votante y otras formas digitales de supresión del voto. En todos los casos, la información precisa y correcta que proviene de fuentes oficiales de confianza es el mejor antídoto contra la desinformación electoral.

Resumen de las recomendaciones

Las autoridades electorales deberían:

1. Diseñar planes y procedimientos para transmitir información que corrija la desinformación. Elaborar planes por escrito para divulgar información correcta sin repetir falsedades. Establecer canales de comunicación con el público y actores fundamentales, como grupos comunitarios, candidatos y medios de comunicación.
2. Publicitar las fuentes oficiales de información correcta para cultivar la confianza del público. Diseminar información a través de fuentes confiables, como sitios web y correos electrónicos oficiales, publicidad y cuentas de redes sociales activas y verificadas por la plataforma.
3. Proteger a las fuentes oficiales de posibles hackeos y manipulaciones. Aumentar la seguridad de los sitios web y las cuentas oficiales en las redes sociales para que no se utilicen para engañar al electorado, implementando las mejores prácticas de ciberseguridad, tales como controles de acceso rigurosos, autentiticación multifactor y procedimientos de protección contra la suplantación de identidad (anti-phishing).
4. Monitorear todo esfuerzo de desinformación. Rastrear activamente cualquier falsedad que se publique sobre las elecciones, establecer canales donde el público pueda denunciar casos de desinformación digital, trabajar en conjunto con las compañías de internet y participar en redes de distribución de información.
5. Crear vínculos con la comunidad y los medios de comunicación. Entablar el diálogo con el público mucho antes de las elecciones, incluso en otros idiomas, para facilitar la comunicación antes de que ocurran los hechos. Crear vínculos con los medios de comunicación locales y étnicos.

Las compañías de internet deberían:

1. Brindar información sobre cómo votar con anticipación.
2. Mantener los canales abiertos para denunciar casos de desinformación.
3. Eliminar toda información falsa sobre las elecciones, pero conservar los datos.
4. Proteger las cuentas y los sitios web oficiales.
5. Divulgar información que corrija las falsedades a los usuarios afectados por la desinformación. 

El gobierno federal debería: 

1. Promulgar la Ley de Prevención de Prácticas Engañosas e Intimidación al Votante (Deceptive Practices and Voter Intimidation Prevention Act).
2. Divulgar datos sobre los casos de desinformación y ayudar a diseminar la información correcta.

Introducción

La pandemia de Covid-19 ha creado dificultades sin precedentes para la administración de las elecciones. Muchas autoridades estatales y locales han tenido que cambiar todos sus planes para superar los nuevos obstáculos que surgieron con la pandemia, tales como las órdenes de quedarse en casa, la mayor demanda de boletas de voto en ausencia y la posible escasez de trabajadores electorales que suelen ser mayores y tener más riesgo de enfermedades graves a causa del virus. Las elecciones que ya han tenido lugar en 2020 han visto cambios enormes, tales como el drástico aumento en el voto por correo o en la demanda de las boletas de voto en ausencia. Debido a la pandemia, algunas autoridades han realizado cambios de último momento en el proceso electoral. En algunos casos, cambiaron las reglas más de una vez incluso en las últimas horas antes del día de las elecciones, por ejemplo, cuando la justicia intervino para bloquear ciertos cambios.

Este entorno dinámico y hasta caótico tiene un enorme potencial para crear confusión en los votantes. La información clave sobre las elecciones, tales como cuándo y dónde votar y las reglas sobre el voto por correo, puede cambiar de repente. Y el electorado puede no conocer estos cambios a tiempo para votar o recibir información contradictoria y no saber en qué fuentes confiar. 

Estos factores dejan al votante más vulnerable ante posibles prácticas de divulgación de información falsa que los engañe y les haga creer no deberían votar. En los Estados Unidos, hay una larga historia de estas prácticas que evitan que ciertos votantes vayan a votar. Y en los últimos años, internet y las plataformas de redes sociales han aumentado la amenaza de la supresión del voto. Por ejemplo, un tuit engañoso puede ser leído por millones de personas en cuestión de minutos. Debido a las órdenes de quedarse en casa y las cuarentenas por la pandemia de Covid-19, los votantes dependen mucho más de la información que encuentran online. Incluso antes de la pandemia, varios expertos en seguridad nacional advirtieron repetidas veces sobre los planes de potencias extranjeras de atacar las elecciones estadounidenses.

Como consecuencia, el riesgo de que las personas sean privadas de su derecho al voto debido a la desinformación, es decir, a las mentiras que se divulgan con un objetivo político, es quizá durante 2020 el más alto de la historia.

Estados Unidos debe construir sistemas ya mismo para defender al electorado de la desinformación sobre los procedimientos electorales. El país no puede esperar que algo suceda. Las autoridades que administran las elecciones son conscientes de las amenazas y han estado trabajando para salvaguardar los sistemas y mantener al electorado informado. Sin embargo, muchas agencias necesitan más recursos y, por supuesto todos los gobiernos deben decidir adónde concentrar los recursos disponibles.

Este informe utiliza de base los esfuerzos que han realizado hasta el momento las autoridades electorales y las recomendaciones de los especialistas en seguridad y comunicación y recomienda los pasos cruciales que deben tomarse para proteger nuestras elecciones de las prácticas engañosas de supresión del voto y prepararnos para dar una respuesta rápida ante los ataques de desinformación.

Prácticas engañosas 

Hay miles de historias sobre intentos de engaño a ciertas personas para que no voten. Estas prácticas engañosas suelen implicar el uso de folletos, panfletos publicitarios y llamadas automáticas. Por ejemplo, durante el súpermartes de las elecciones primarias en Texas en marzo de 2020, se realizaron llamadas automáticas que les decían a las personas que vayan a votar “mañana”. De igual modo, en 2004 se distribuyeron folletos en el condado de Franklin, Ohio, que divulgaban la mentira de que los republicanos debían votar el martes y los demócratas, el miércoles debido al gran número de votantes registrados. Otra táctica parecida consiste en intimidar a los votantes con la mentira de que va a haber presencia policial, redadas de inmigrantes y vigilancia armada durante las elecciones.

Desde siempre, estas tácticas de supresión del voto suelen estar dirigidas hacia comunidades privadas de su derecho al voto, como las comunidades no blancas, las de bajos recursos y los inmigrantes. Por ejemplo, durante las elecciones especiales para el Senado nacional en Alabama en 2017, muchos residentes del condado de Jefferson, cuya ciudad más grande, Birmingham, tiene un predominio afroamericano, recibieron mensajes de texto con información falsa sobre cambios en dónde votar. Y el día de las elecciones de 2010, el jefe de campaña de Bob Ehrlich durante su candidatura a gobernador de Maryland mandó a realizar llamadas automáticas específicamente dirigidas a las viviendas afroamericanas, diciendo que el gobernador

Martin O’Malley ya había ganado e insinuando que sus partidarios podían quedarse en casa en lugar de salir a votar.

Estas prácticas electorales engañosas se suelen utilizar en los últimos días anteriores a las elecciones porque se supone que son más efectivas si se divulgan sin tiempo para que se refuten justo antes de que comience la votación. Por eso, no se sabe aún la magnitud y el alcance que tendrán las tácticas de supresión del voto para las elecciones de 2020, aunque la historia más reciente sugiere que la desinformación seguirá siendo un problema importante.

Nuevos peligros online

Si bien siempre ha habido trucos sucios durante las elecciones, las prácticas engañosas del siglo veintiuno se han vuelto más peligrosas que nunca. El constante crecimiento de internet y de las plataformas de redes sociales ha facilitado y abaratado los esfuerzos de alcanzar a una enorme cantidad de personas instantánea y anónimamente. Antes de la era de internet, las prácticas engañosas implicaban un enfoque geográfico específico, por ejemplo, mediante la colocación de folletos en los postes de teléfono en ciertos barrios. Pero ahora, se puede utilizar un sofisticado microenfoque para orientar estas prácticas con una precisión quirúrgica hacia grupos con ciertas características demográficas y se puede dirigir la desinformación con el objetivo de intervenir en alguna elección local específica o a nivel nacional.

En medio de la mayor polarización y la desconfianza en las instituciones de los últimos años, el concepto de “desinformación”, muy utilizado durante la Guerra Fría y que implica la divulgación intencional de información falsa, ha recobrado fuerza en la política de los Estados Unidos.

En las últimas elecciones del país, ciertos actores dañinos, tanto internacionales como nacionales, han intentado privar del derecho al voto a ciertas personas divulgando información falsa en las redes. Durante las elecciones presidenciales de 2016, algunos operativos de la Agencia de Investigación de Internet, una empresa rusa vinculada al presidente Vladimir Putin de Rusia, se hicieron pasar por ciudadanos estadounidenses y publicaron mensajes y publicidad en las redes sociales, con el objetivo de suprimir el voto. Utilizaron prácticas engañosas tales como alentar a las personas a votar por mensaje de texto, lo cual es una opción inválida en todo Estados Unidos. También enviaron mensajes a personas afroamericanas donde les recomendaban boicotear las elecciones o votar a otros candidatos. 

En 2018, muchas cuentas de redes sociales publicaron información falsa sobre las elecciones, incluso instrucciones sobre cómo votar por mensaje de texto y la mentira de que los votantes de un partido político determinado debían votar al día siguiente de las elecciones. Un candidato pagó una publicidad en Facebook que decía falsamente que las personas de Kansas debían presentar un documento que probara su ciudadanía para registrarse para votar. Otros mensajes incluían amenazas de que iba a haber personas armadas o que la policía iba a realizar arrestos en los sitios de votación. Algunos días antes de las elecciones de 2018, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tuvo que desmentir públicamente los rumores que se habían diseminado a través de folletos y redes sociales y anunciar que el Servicio no iba a realizar ninguna redada de inmigrantes en los sitios de votación.

La desinformación digital sobre las elecciones se ha diseminado en las redes durante las elecciones primarias presidenciales de 2020, porque muchos votantes están utilizando internet más que nunca para buscar información sobre las elecciones debido a las órdenes de salud pública de quedarse en casa en medio de la pandemia de Covid-19. Durante el súpermartes de 2020, hubo casos de desinformación en muchos estados, por ejemplo, un tuit dirigido a los partidarios del candidato a gobernador de Kentucky Matt Bevin decía: “A los partidarios de Bevin, ¡no se olviden de votar el miércoles 6 de noviembre!”. En agosto, el día de las elecciones primarias para el Congreso en Florida, algunos votantes recibieron por mensaje de texto un video de YouTube en el que se presentaba un anuncio falso de que uno de los candidatos se había bajado de la contienda electoral.

Estos actores dañinos también divulgan mentiras sobre la pandemia para evitar que las personas vayan a votar. Por ejemplo, durante el súpermartes de 2020, hubo mensajes en Twitter que decían: “Alerta a todos los mayores de 60 años, se han informado casos de #coronavirus en TODOS los sitios de votación para este #súpermartes”.

Otros países también han intentado influir en las elecciones de 2020, incluso mediante ataques diseñados para disuadir a las personas de votar al candidato o la candidata favorita. También han hecho circular historias de que las elecciones en los Estados Unidos son fraudulentas. A fines de 2019, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alertaron a las autoridades electorales de que Rusia podía intentar intervenir en las elecciones de 2020 desalentando a la participación electoral.

Recursos legales 

Las personas que intentan suprimir el voto divulgando información falsa pueden estar infringiendo varias leyes estatales y federales. Muchos estados prohíben distintas formas de intimidación al votante e interferencia con las elecciones e imponen penas o multas. Algunos estados han iniciado acciones penales contra operativos que divulgaron desinformación sobre las elecciones. Por ejemplo, el jefe de la campaña y el consultor político del candidato a gobernador de Maryland Bob Ehrlich en 2010, que estuvieron involucrados en las llamadas automáticas realizadas para suprimir el voto negro, fueron condenados por el delito de fraude y por no haber identificado la fuente de esas llamadas.

Estas leyes existentes son importantes, pero insuficientes. Mejor sería que las personas que diseminan desinformación sean castigadas y que la aplicación de la ley sirva para disuadir estas conductas a futuro. Sin embargo, el litigio y otras medidas similares tienen lugar después de las elecciones y, por lo tanto, después de que se haya privado del derecho al voto. Además, el alcance de las leyes existentes contra las prácticas engañosas difiere mucho, y su aplicación puede ser irregular. A continuación, este informe recomienda leyes federales que podrían prohibir expresamente las prácticas engañosas y estipular medidas correctivas y sanciones claras.

Más allá de que se promulguen las reformas legislativas recomendadas, hay medidas concretas que las autoridades electorales estales y locales, las compañías de internet, el Congreso y la ciudadanía pueden tomar hoy mismo para ayudar a proteger a los votantes de los efectos de las prácticas engañosas, la intimidación al votante y otras formas digitales de supresión del voto.

Recomendaciones para las autoridades electorales

Las autoridades electorales estatales y locales son los actores más importantes a la hora de combatir la desinformación utilizada para suprimir el voto. Deben posicionarse como las fuentes más confiables de información correcta para todos los votantes de sus comunidades. La respuesta más urgente cuando hay casos de desinformación para suprimir el voto consiste en difundir información correcta, tal como se menciona en la siguiente sección. Pero las autoridades electorales no pueden esperar que sucedan estas cosas. Este informe describe la preparación fundamental que deben realizar mucho antes de que ocurra la desinformación.

1. Diseñar planes y procedimientos para transmitir información que corrija la desinformación

La forma más importante de responder a la desinformación es corrigiéndola con la verdad, sin seguir repitiendo la mentira, una tarea que requiere formular planes de largo plazo y crear una infraestructura propicia. Si hay que formular un plan el día de las elecciones o incluso durante la votación temprana, ya es muy tarde. En cambio, las autoridades deben formular procedimientos por escrito que abarquen qué hacer y quién debe hacerlo cuando se descubran prácticas engañosas. El personal correspondiente debería recibir listas de verificación y capacitación que incluya simulaciones de incidentes o ejercicios teóricos de simulación.

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrece planes estandarizados de respuesta ante incidentes, capacitaciones y simulaciones de incidentes de desinformación para ayudar a las autoridades estatales y locales. El Centro Belfer para las Ciencias y los Asuntos Internacionales ha descrito las mejores prácticas para comunicarse con el público a la hora de combatir la desinformación.

Crear canales de comunicación con los actores clave

El objetivo de los planes de contingencia consiste en prepararse para corregir la información falsa de la forma más efectiva, con la verdad y sin seguir propagando las mentiras. Cuando las autoridades encuentran casos de desinformación sobre las elecciones, deberían divulgar proactivamente información correcta a todos los actores y canales correspondientes, entre ellos:

• sitios web oficiales sobre las elecciones, cuentas oficiales en las redes sociales y otros canales oficiales;
• personas que atienden las líneas telefónicas y las recepciones en las oficinas donde se llevan a cabo las elecciones;
• redes de distribución de información como la coalición de asistencia al votante Election Protection;
• medios de comunicación que atienden a las comunidades afectadas, incluso aquellas que utilizan otros idiomas que no sea el inglés;
• grupos comunitarios y líderes religiosos; y
• partidos políticos y candidatos de la contienda.

Las autoridades deberían abrir estos canales de comunicación mucho antes del día de las elecciones. Los vínculos se crean y se cultivan con el tiempo, no cuando ya hay una emergencia. Crear líneas de comunicación con anticipación les permite a las autoridades electorales incluir puntos de contacto en sus planes. Así, cuando se detecta algún caso de desinformación, simplemente tienen que dirigirse a la lista de contactos y compartir la información corregida con las personas y los grupos correspondientes. Además, una comunicación asidua les ayuda a los actores políticos a saber con quién deben comunicarse si tienen que denunciar algún incidente. Los grupos comunitarios, por ejemplo, pueden ser los primeros en descubrir casos de desinformación sobre las elecciones, y la información se podrá distribuir mejor si saben a qué autoridad electoral dirigirse para denunciarlos.

Las autoridades electorales deberían considerar nombrar a un solo empleado o empleada o a un pequeño equipo para liderar la recopilación de información, lo cual incluye procesar las denuncias que se realizan a una cuenta de correo electrónico oficial, a un número de teléfono oficial o a una cuenta oficial en las redes sociales. Esta misma persona o equipo también debería monitorear las redes sociales de un modo más amplio para detectar contenido falso o recibir denuncias directamente del personal o contratistas que están monitoreando el contenido digital. Por último, debería ser una sola persona la que esté encargada de divulgar información sobre los incidentes a las redes correspondientes y transmitirles a las comunidades afectadas la información corregida. Sin responsabilidades claras, puede haber casos e incidentes que pasen desapercibidos.

No repetir falsedades

Los mensajes que provengan de las autoridades electorales y que corrijan la desinformación no deben repetir falsedades. Los estudios demuestran que repetir mentiras para combatirlas puede ser contraproducente y aumentar las probabilidades de que la gente recuerde la información falsa. Si las autoridades consideran que es imprescindible incluir la desinformación original, deben estructurar su mensaje de tal forma que se presente la información correcta y fácil de entender primero, advertir que la desinformación es falsa antes de nombrarla y repetir los hechos. La gente recuerda mejor lo primero y lo último que le dicen y también la información repetida.

A modo de ejemplo, durante el súpermartes de las elecciones primarias presidenciales en Texas, se realizaron llamadas automáticas en las que se le decía a la gente que vaya a votar “mañana”. La cuenta oficial en Twitter de la Secretaría de Estado de Texas advirtió al público que estaba circulando información falsa y proporcionó los datos correctos sin repetir la falsedad.

2. Publicitar las fuentes oficiales de información correcta para cultivar la confianza del público

Las autoridades electorales deben esforzarse para crear resistencia a la desinformación mucho antes del día de las elecciones. Brindar información correcta proveniente de una fuente confiable es el modo más efectivo de protegernos de las formas engañosas de supresión del voto. Del mismo modo, las autoridades electorales deberían cultivar la confianza del público en determinadas fuentes de información antes de que ocurran los ataques de desinformación. Deben informar proactivamente al público sobre los datos clave, tales como las fechas para votar, y alentar al votante a buscar su sitio de votación y estado de registro mucho antes de las elecciones.

Las autoridades electorales estatales y locales deberían designar y publicitar a determinadas fuentes de información como las únicas fuentes acreditadas, como mínimo con un número de teléfono y un sitio web. Deberían proporcionar una cuenta de correo electrónico oficial y mantener cuentas en las redes sociales más utilizadas por las comunidades locales. Cuando utilicen las formas tradicionales de difusión de información, tales como folletos o publicidad por correo, deberían dirigir a los votantes a las fuentes digitales oficiales. 

En la medida de lo posible, las autoridades deberían asegurarse de que sus cuentas en las redes sociales estén designadas como oficiales por la plataforma correspondiente, por ejemplo, con la palabra “verificada” o con la “insignia azul de verificación” de Twitter. Los procedimientos y requisitos para obtener una cuenta verificada cambian según la plataforma de redes sociales. Algunas autoridades electorales locales han tenido problemas para conseguir la verificación por tener pocos seguidores. Las compañías de redes sociales deberían poder adaptarse a los gobiernos locales, pero, si no lo hacen, las autoridades estatales pueden intervenir. Por ejemplo, la secretaria de estado de Arizona Katie Hobbs ha trabajado con las compañías de redes sociales para conseguir la verificación de las cuentas de los gobiernos locales de algunos condados.

Las autoridades electorales no deberían dejar que sus cuentas de redes sociales parezcan inactivas, sino que deberían esforzarse activamente para ganar más seguidores, entre ellos, la prensa y los grupos comunitarios. Deberían tener los mismos íconos, logos y otras marcas en todas sus redes sociales, incluidos sus sitios web y sus cuentas de redes sociales, que deberían estar vinculados.

La iniciativa de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS) conocida como #TrustedInfo2020 (o InformaciónConfiable2020) promueve a las autoridades electorales como las fuentes más confiables de información electoral. Las autoridades deberían participar de esta iniciativa utilizando los hashtags para ayudar a dirigir al público a sus sitios web y cuentas de redes sociales oficiales.

Las autoridades también deberían encontrar formas de hacerles llegar la información correcta al público correspondiente. En California, por ejemplo, se recolectaron millones de direcciones de correo electrónico durante la inscripción de votantes y luego se les envió un email donde se los dirigía a la guía estatal oficial sobre las elecciones. En Illinois se realizaron publicidades en YouTube que dirigían al público a los sitios web de las elecciones de cada condado. Las autoridades deberían proporcionar información para las comunidades que hablan otros idiomas que no sean inglés y para las personas con discapacidades. Por último, también deberían revisar y actualizar sus materiales digitales para asegurarse de que no contengan errores.

3. Proteger a las fuentes oficiales de posibles hackeos y manipulaciones

La posibilidad de un ataque a las fuentes oficiales de información electoral, ya sea mediante el hackeo o la suplantación de identidad (spoofing), es quizá la amenaza más grave a la capacidad de las autoridades electorales de difundir información correcta y preservar la confianza del público. Por eso, las autoridades electorales deberían invertir en medidas de seguridad para proteger esas fuentes de información de posibles hackeos y manipulaciones.

Protección ante la suplantación de identidad

La suplantación de identidad, o spoofing, ocurre cuando algún actor dañino crea un sitio web idéntico, pero falso, con una dirección web parecida u oculta para hacerle creer al público que están en un sitio web oficial. En 2019, un impostor del gobierno envió un email falso a miles de direcciones de correo electrónico utilizando el dominio web “uspsdelivery-service.com” para hacerse pasar por un sitio web del Servicio Postal de los Estados Unidos. Las autoridades deberían realizar verificaciones regulares para monitorear cualquier intento de imitar sus sitios web y considerar el uso de servicios que ofrecen una verificación personalizada.

Las autoridades electorales deben usar un dominio .gov para sus sitios web en lugar de otras opciones como .com, que son más fáciles de imitar. Una encuesta realizada por la compañía de seguridad informática McAfee reveló que menos de 2 de cada 10 condados de estados pendulares utilizan un dominio .gov. Los dominios .gov ofrecen varias medidas de protección, como la verificación en dos pasos y el monitoreo de otras entidades federales como el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Servicios Generales y el Instituto Nacional de Normas y Tecnología. Además, las autoridades deberían encriptar sus sitios web con la tecnología SSL, que se indica a los usuarios con el prefijo “HTTPS” en la dirección web y, en la mayoría de los navegadores, con el dibujo de un candado. También deberían utilizar la optimización en buscadores para mejorar su posicionamiento en los resultados de las búsquedas online. Las autoridades deberían monitorear la web regularmente para detectar cualquier manipulación de los motores de búsqueda por parte de sitios web falsos y denunciar todo intento de suplantación de identidad a las compañías de buscadores de internet correspondientes.

Otra forma de hackeo es crear cuentas de redes sociales para hacerse pasar por funcionarios y autoridades electorales reales. Durante las elecciones de 2016, por ejemplo, algunos operativos de Rusia les hicieron creer a algunos usuarios de Twitter que su cuenta @TEN_GOP era la vocera del partido republicano en Tennessee. Las autoridades deberían monitorear la web con frecuencia para detectar estas cuentas falsas y denunciarlas a las compañías de redes sociales correspondientes.

Protección contra hackeos

Muchos actores dañinos pueden intentar hackear sitios web, cuentas de correo electrónico y cuentas de redes sociales para controlar los canales oficiales. Por ejemplo, en 2019, algunos hackers robaron la cuenta del presidente ejecutivo de Twitter Jack Dorsey y tuitearon mensajes racistas con su cuenta de Twitter. Durante la tarde del día de las elecciones primarias en el condado de Knox, Tennessee, algunos hackers hicieron caer el sitio web de la comisión electoral local durante una hora, lo cual interrumpió la publicación de los resultados preliminares. Y en julio de 2020, otros hackers robaron varias cuentas importantes de Twitter, entre ellas, las de algunos políticos, y publicaron mensajes donde les pedían a sus seguidores que les enviaran pagos en la criptomoneda bitcoin. En general, durante 2020 ha aumentado el riesgo de ciberataques, incluidos ataques de secuestro de datos, o ransomware, a la infraestructura electoral, porque hay cada vez más personas trabajando desde sus casas debido a la pandemia de Covid-19.

Las autoridades deberían implementar las mejores prácticas de ciberseguridad, tales como las enumeradas en las recomendaciones detalladas del Brennan Center para la infraestructura electoral y la capacitación del personal. Las autoridades deberían mantener controles rigurosos sobre quiénes pueden realizar cambios en los sitios web oficiales. Cuando un empleado se va de la institución, sus credenciales de acceso y permisos deben eliminarse de inmediato. Las credenciales de acceso para editar un sitio web deben tener contraseñas seguras que deben cambiarse con regularidad e incluir una autenticación multifactor, y se debe realizar un cierre de sesión automático después de un período de inactividad. También se deben instalar las actualizaciones de software de inmediato y considerar el uso de un firewall de aplicaciones web para proteger sus sitios de posibles ataques. 

Las autoridades electorales deberían catalogar sus cuentas de redes sociales, las suyas propias y las de cada uno de sus funcionarios, y crear una lista de todas las personas que tienen acceso a cada una de esas cuentas. Deberían proteger sus cuentas con contraseñas seguras y una autenticación multifactor y cambiar sus contraseñas con regularidad, en especial cuando se acercan las elecciones. También deberían considerar aplicar una política de redes sociales exhaustiva en la que se le pida al personal que sean cautelosos cuando publiquen información sobre las elecciones, aun en sus cuentas personales, para evitar la publicación de información incorrecta. El personal debería recibir capacitaciones frecuentes sobre cómo evitar ataques de suplantación de identidad. Nunca deberían utilizar sus cuentas de correo electrónico personales con propósitos oficiales.

Las autoridades deberían monitorear sus sitios web oficiales y cuentas de redes sociales al menos una vez por día para detectar cualquier intento de hackeo y prepararse para recuperar sitios o cuentas hackeadas. Deberían identificar los puntos de contacto en cada compañía de redes sociales para resolver problemas técnicos, por ejemplo, si les roban una cuenta. Algunas plataformas ofrecen una mayor protección para las cuentas oficiales.

Las autoridades electorales deberían realizar copias de seguridad de sus sitios web y de otros recursos que necesiten los votantes afectados por la desinformación, tales como las herramientas de búsqueda de sitios de votación o de verificación de registro de votantes. Deberían tener planes de contingencia que les indiquen cómo informar a los votantes si no funcionan las herramientas online. También es útil realizar pruebas en las herramientas online y en las bases de datos con anticipación para saber cuánto tráfico pueden soportar. El Centro de Análisis e Intercambio de Información sobre la Infraestructura Electoral (EI-ISAC), una organización sin fines de lucro a la que pertenecen las autoridades electorales, ofrece orientación sobre cómo proteger a los sitios web de los hackeos y un servicio que verifica los dominios de internet en busca de software desactualizado. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) ofrece evaluaciones de ciberseguridad que pueden ayudar a aumentar la seguridad de los sitios web oficiales y protegerlos de los ataques de suplantación de identidad que pueden poner en peligro las credenciales de acceso.

4. Monitorear todo esfuerzo de desinformación

Las autoridades deben monitorear activamente la web para detectar intentos de desinformación que podrían suprimir el voto en sus respectivas jurisdicciones. Ello implica hacer que el personal dedique tiempo para buscar casos de desinformación y crear canales donde se puedan denunciar incidentes. También deberían trabajar en conjunto con las compañías de redes sociales, informándoles de cualquier actividad que pueda infringir sus términos de uso, y participar en redes más amplias de distribución de información.

Implementar una operación de monitoreo constante

Las autoridades electorales de todos los estados, idealmente tanto a nivel local como estatal, deberían monitorear las redes sociales para detectar cualquier información falsa que circule sobre cómo votar. Deberían realizar este monitoreo con la ayuda de una asesoría legal. Estos esfuerzos de monitoreo deberían concentrarse, por supuesto, en cada jurisdicción correspondiente y también en las comunidades que suelen ser las más afectadas por la supresión del voto. Algunas de las cosas que deberían buscarse son, por ejemplo, todo lo relacionado con la logística de las elecciones, tales como las fechas y los sitios de votación y los detalles sobre cómo votar por correo. Los intentos de desinformación también suelen incluir los nombres de los candidatos y los partidos políticos en las elecciones locales.

Hay servicios que pueden ayudar con este esfuerzo de monitoreo. La MITRE Corporation, por ejemplo, ofrece una herramienta diseñada para analizar rápidamente las denuncias de desinformación y ayudar a las autoridades electorales a elevar esas denuncias ante quiénes corresponda según su jerarquía. Hay también servicios comerciales de monitoreo de redes sociales o de “escucha social”, algunos gratuitos, que pueden rastrear todas las menciones de las elecciones o de los procedimientos de votación en una jurisdicción determinada.

Crear canales para que las autoridades puedan recibir las denuncias de casos de desinformación

Las autoridades electorales deberían brindar y publicitar una línea clara de comunicación para que el electorado, la prensa, las compañías de internet y las autoridades de otras jurisdicciones puedan denuncias cualquier práctica engañosa. Como mínimo, debería haber una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Las cuentas oficiales de redes sociales también son útiles. Por ejemplo, la secretaria de estado de California lanzó la iniciativa VoteSure para concientizar sobre la información falsa y engañosa y ayudar al público a denunciar casos de desinformación en una cuenta de correo electrónica dispuesta para ese fin.

Denunciar contenido que infrinja las políticas de las redes sociales y verificar si se ha eliminado 

Las autoridades electorales deberían denunciar casos de desinformación a las compañías de internet correspondientes. Si bien los términos de uso cambian según la plataforma de redes sociales, la mayoría de las compañías estipulan alguna forma de prohibición de desinformación sobre las elecciones. Las autoridades electorales deberían establecer quiénes son los puntos de contacto en cada una de las principales plataformas de redes sociales mucho antes de las elecciones. Deberían poder denunciar casos de desinformación a esos puntos de contacto y no mediante una opción de “marcado” (o flagging), que suele ser un mecanismo inadecuado para resolver casos de desinformación electoral y no brinda ninguna forma de seguimiento de la respuesta de la plataforma. En Facebook, por ejemplo, los usuarios pueden denunciar contenido como “interferencia electoral”, pero esta acción solo activa un monitoreo de las tendencias generales y no se realiza ninguna verificación manual para eliminar el contenido. Las autoridades deberían buscar en internet publicaciones, contenido compartido o retuits que sean falsos y verificar que se hayan eliminado y, si la desinformación sigue activa, deberían realizar el seguimiento con sus puntos de contacto.

Participar en redes de distribución de información

Las autoridades deberían participar en redes de distribución de información con otras autoridades electorales, entidades gubernamentales federales, compañías de internet y grupos comunitarios. Por ejemplo, la coalición nacional no partidista Election Protection, que opera la línea telefónica de ayuda al votante 1-888-VE-Y-VOTA, brinda información al votante y se comunica con todas las autoridades electorales del país. Los miembros de esta coalición pueden alertar a las comunidades afectadas por la desinformación y difundir la información correcta.

Las entidades y autoridades que participan en el EI-ISAC tienen acceso a una plataforma donde pueden compartir información sobre las amenazas en tiempo real. En el DHS, la CISA tiene planeado implementar una central telefónica durante las elecciones que trasmita las denuncias de desinformación de las autoridades electorales a las compañías de internet y a la policía.

Cuando corresponda, las autoridades electorales deberían denunciar incidentes ante la policía local y federal.

5. Crear vínculos con la comunidad y los medios de comunicación

Las autoridades electorales deberían esforzarse por crear vínculos con el público para cultivar la confianza de las comunidades a las que atienden, y esos esfuerzos deberían incorporar a todos los principales idiomas que se hablan en esas comunidades. Tener un vínculo fuerte y asiduo con las comunidades facilitará la comunicación durante una emergencia.

Las autoridades electorales deberían considerar designar a un vocero o una vocera para que brinde información precisa sobre cómo votar, promueva la información publicada online y en las redes sociales y aparezca en los medios de comunicación locales. Esta persona designada también debería encargarse de cultivar una relación con los grupos comunitarios. Las autoridades pueden aumentar la confianza y la familiaridad con el público si tienen más seguidores en sus cuentas de redes sociales, un proceso que puede implicar esfuerzos de publicidad y entablar el diálogo con los líderes de la comunidad, la prensa local y otras personalidades locales conocidas. También deberían considerar emplear la ayuda de personas famosas, como personas influyentes en las redes sociales que tienen muchísimos seguidores, para ampliar la difusión de la información correcta.

La prensa local y étnica que atiende a las comunidades mayormente afectadas por la desinformación son colaboradores clave a la hora de divulgar la información correcta cuando ha habido prácticas engañosas. Las autoridades deberían cultivar una relación con estos medios de comunicación y sus periodistas para posicionarse como fuentes confiables de información. Estos periodistas deberían recibir una capacitación con anticipación sobre cómo evitar repetir las falsedades cuando informan sobre estos casos.

Recomendaciones para las compañías de internet

Muchas de las principales plataformas de redes sociales han prohibido la desinformación sobre la votación y eliminan toda publicación que detecten que contenga información incorrecta. Por ejemplo, Facebook prohíbe publicar información incorrecta sobre cuándo, dónde, cómo y quiénes pueden votar, al igual que cualquier amenaza de violencia relacionada con las elecciones o con el registro para votar. Otras redes sociales importantes como YouTube, Twitter y Pinterest tienen políticas parecidas, y Google prohíbe toda publicidad que contenga información falsa sobre las elecciones.

Sin embargo, no queda claro qué tan confiables son estas prohibiciones de desinformación. La aplicación de las reglas puede no ser uniforme y las compañías suelen cambiar sus políticas sin previo aviso. A continuación, se presentan las medidas fundamentales que deberían tomar todas las compañías de internet, incluidas las redes sociales, las compañías de venta de publicidad por internet y los buscadores, para combatir la desinformación sobre las elecciones.

1. Brindar información sobre cómo votar con anticipación

Las plataformas de redes sociales, los buscadores de internet y otros sitios web y sitios móviles deberían mostrar a los usuarios la información correcta sobre las elecciones, por ejemplo, cómo registrarse para votar y cómo votar, las fechas correspondientes y cómo comunicarse con las autoridades electorales correspondientes. Deberían mostrar esta información mucho antes de las elecciones, pero aumentar su visibilidad a medida que se acerquen las fechas límites para registrarse y votar. 

Las compañías de internet deberían dirigir a los usuarios hacia fuentes confiables de información, tales como los sitios oficiales de las elecciones o a la página de recursos de “Can I vote” de la NASS. Deberían promover las publicaciones que aparecen en las cuentas oficiales de las autoridades electorales. Los algoritmos deberían priorizar las publicaciones oficiales para hacerlas más prominentes en la sección de noticias, en los resultados de las búsquedas por internet y en las listas de las tendencias de los usuarios de redes sociales.

2. Mantener los canales abiertos para denunciar casos de desinformación

Las compañías deberían facilitarles la tarea de denunciar información falsa sobre las elecciones a los usuarios, las autoridades y los grupos comunitarios. Las plataformas de redes sociales deberían ofrecerles a los usuarios una opción clara y accesible para marcar las publicaciones que procuran suprimir el voto, y esas denuncias deberían estar sujetas a una evaluación inmediata realizada por el personal de la compañía que pueda determinar el contexto de las publicaciones y decidir si suponen un riesgo de supresión del voto. Un problema que existe con las evaluaciones de contenido realizadas por los algoritmos es que, por lo general, no pueden distinguir entre un mensaje que genera desinformación y otro que cita y desacredita una mentira. Por ejemplo, una publicación en la que un grupo que promueve la participación electoral advierte a la comunidad que circulan mentiras sobre que “hay que votar el miércoles” no debería tratarse de la misma forma que otra que intenta engañar a las personas para que no vayan a votar el día de las elecciones. Es más probable que una evaluación realizada por una persona tome en cuenta estos factores de contexto.

Las compañías de internet deberían entablar una relación constante con las autoridades electorales estatales para facilitar el intercambio de información en las dos direcciones.

3. Eliminar toda información falsa sobre las elecciones, pero conservar los datos

Las compañías de redes sociales deberían prohibir todo esfuerzo de desinformación que procure suprimir el voto y hacerlo con reglas claras y transparentes para los usuarios. Deberían eliminar toda información falsa de inmediato, pero también brindar una opción de apelación accesible como parte de su proceso de evaluación. Los usuarios cuyas publicaciones fueron eliminadas deberían poder comunicarse enseguida con algún empleado de la compañía para justificar por qué la eliminación de su publicación fue un error, si así lo fuera.

Las compañías también deberían revisar el contenido de sus plataformas para detectar a los infractores frecuentes e imponerles consecuencias más severas. YouTube, por ejemplo, prohíbe la supresión del voto y tiene una política para intensificar las consecuencias por haber infringido sus reglas comunitarias. Si a un usuario se le eliminan sus publicaciones tres veces en 90 días, YouTube elimina la cuenta de esa persona de manera permanente.

Aun cuando las compañías de redes sociales eliminen cuentas y publicaciones, deberían conservar los datos para que sus equipos de investigación puedan analizarlos y así identificar patrones en los intentos de supresión del voto para prevenirlos mejor en el futuro. Estos datos pueden brindar información valiosa, por ejemplo, sobre las campañas engañosas con influencia extranjera, como lo que ocurrió con la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Las compañías deberían retener esos datos de forma tal que sean accesibles para que los equipos de investigación puedan buscarlos siguiendo las políticas de privacidad de usuarios.

4. Proteger las cuentas y los sitios web oficiales

Las plataformas de redes sociales deberían brindar a las cuentas de las autoridades electorales una protección especial contra posibles hackeos y suplantación de identidad. Facebook, por ejemplo, ofrece una mayor protección para las cuentas oficiales a través de su servicio “Facebook Protect”. Las compañías de redes sociales deberían ofrecer una cuenta verificada para todas las cuentas oficiales, al igual que la “insignia azul” de Twitter, a través de un proceso que se adapte a la realidad de las entidades electorales locales. Por ejemplo, es menos probable que las autoridades electorales locales tengan millones de seguidores; por lo tanto, una cantidad alta de seguidores no debería ser uno de los prerrequisitos para obtener una cuenta verificada. En cambio, las plataformas de redes sociales deberían permitirles a las autoridades estatales que puedan certificar las cuentas que pertenecen a las autoridades locales.

Las compañías de buscadores de internet deberían vigilar proactivamente sus plataformas para detectar los casos en los que se dirige al usuario hacia un sitio web falso.

5. Divulgar información que corrija las falsedades a los usuarios afectados por la desinformación

Cuando las compañías de redes sociales detectan información falsa sobre las elecciones en sus plataformas, deberían identificar qué usuarios recibieron esa desinformación y enviarles un mensaje que incluya la información correcta y las instrucciones sobre cómo contactarse con las autoridades electorales. En 2017, Facebook afirmó que sería “difícil” notificarles a los usuarios que vieron las publicidades políticas engañosas que colocó una empresa rusa vinculada al presidente ruso Putin. Pero desde entonces, la industria tuvo dos años para resolver estas dificultades técnicas. De hecho, en 2020 Facebook sí se contactó con los usuarios que interactuaron con información falsa sobre el coronavirus, lo cual demuestra que esta práctica es posible. Las compañías de redes sociales no deberían brindar un servicio que transmite desinformación al electorado sin poder asegurarse de ofrecer a sus usuarios las medidas correctivas correspondientes.

Recomendaciones para el gobierno federal

Congreso

El Congreso debería aclarar y fortalecer las prohibiciones sobre la desinformación utilizada para suprimir el voto. Para eso, puede aprobar la Ley de Prevención de Prácticas Engañosas e Intimidación al Votante (Deceptive Practices and Voter Intimidation Prevention Act). Si bien la legislación federal ya prohíbe los esfuerzos intencionales de privar a las personas de su derecho al voto, las leyes existentes no son lo suficientemente específicas ni rigurosas como para desalentar el incumplimiento. Además, tampoco obligan a las autoridades federales a investigar las prácticas engañosas ni brindarle al votante la información corregida.

La Ley de Prevención de Prácticas Engañosas e Intimidación al Votante prohibiría claramente cualquier intento de evitar que las personas vayan a votar o se registren para votar, incluso el intento de brindar información falsa o engañosa. Impondría una pena a los infractores y le permitiría a la ciudadanía iniciar un juicio para detener estos engaños al votante. También obligaría a la fiscalía general de los Estados Unidos a corregir afirmativamente la información falsa si las autoridades oficiales no lo hacen. Estas mejoras les darían a las instituciones policiales federales y al público más herramientas para evitar que cualquier actor dañino ataque el derecho al voto. La Cámara de Representantes aprobó una versión de esta ley en 2019 como parte de la ley H.R. 1, también conocida como Ley Para la Gente (For the People Act), un proyecto de ley ómnibus de reforma democrática.

Entidades federales

Algunas entidades federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI intercambian información con los gobiernos locales sobre las amenazas de desinformación. El Departamento de Justicia, cuya Sección Electoral hace cumplir las leyes federales sobre las prácticas electorales, debería participar en ese intercambio de información y, como en las últimas elecciones, enjuiciar a toda persona y entidad que viole la ley y divulgue información falsa sobre las elecciones. Por lo general, las entidades federales que detecten casos de desinformación que pueda privar a las personas de su derecho al voto deberían seguir los siguientes pasos:

• alertar a las autoridades electorales, los medios de comunicación y los grupos comunitarios locales;
• tomar medidas para asegurarse de que se divulgue la información correcta de forma que llegue a las personas afectadas por la desinformación; y
• derivar el caso a la entidad correspondiente para que investigue las prácticas engañosas e inicie acciones judiciales después de las elecciones.

Conclusión

No hay dudas de que la desinformación generada para suprimir el voto continuará siendo una amenaza en las elecciones de 2020 y en los años sucesivos. Las autoridades electorales estatales y locales son nuestra defensa más importante. Deben planificar y prepararse ahora mismo protegiendo su capacidad de comunicar información que corrija las falsedades y defendiendo su infraestructura de posibles ataques. Las compañías de internet también deben garantizar que sus servicios sean lo más seguros posible y evitar que se conviertan en herramientas fáciles de engaño para el electorado. Las autoridades estatales y locales necesitan la ayuda federal para proteger el acceso a las urnas del engaño digital.

Al mismo tiempo, todos los usuarios de internet deben contribuir su parte para ayudar a combatir la desinformación digital sobre las elecciones. Todo usuario que vea un mensaje que parezca sospecho o extraño, o que repita a la perfección una narrativa política partidista, debería investigar un poco antes de compartirlo. Es importante considerar la fuente de donde proviene para detectar la agenda política del autor y qué otro contenido ha compartido, tales como sátiras o chistes. Los titulares y tuits son cortos y pueden ser engañosos; por eso, es necesario seguir leyendo, buscar datos específicos y verificar las fechas para saber si la noticia es precisa y actual. Por último, una de las herramientas más importantes para verificar la desinformación es lo que se denomina “lectura lateral”, que es cuando un lector deja el mensaje de lado y busca la misma información en otras partes o busca otras fuentes que ya hubieran determinado si es o no un engaño.

Los usuarios que ven en internet algo sospecho, increíble o escandaloso sobre las elecciones deberían recurrir a las autoridades electorales estatales y locales para encontrar una respuesta de autoridad. La NASS brinda la información de contacto de todos los funcionarios electorales en su página de recursos “Can I Vote”. Si la información es falsa, las autoridades querrán saberlo. El público también puede compartir las alertas sobre desinformación en sus comunidades con una llamada a la coalición Election Protection al número 1-888-VE-Y-VOTA. Los voluntarios de Election Protection registran incidentes, buscan patrones y ayudan a transmitir la información a las compañías de internet y a las autoridades. Los usuarios de las redes sociales pueden ayudar a diseminar la información correcta una vez que la hayan confirmado compartiéndola con sus propias redes sin repetir la falsedad.

En medio de una pandemia, con interferencias extranjeras y trucos sucios partidistas por parte de operativos políticos nacionales, y con herramientas digitales que ofrecen la posibilidad de transmitir mensajes instantáneamente, la amenaza de la desinformación es más grande que nunca. Pero con una mayor consciencia sobre la amenaza y con más tiempo para prepararse, el gobierno, las compañías de internet y el público en general pueden trabajar juntos para proteger el derecho a votar de todos y todas.

Traducción de Ana Lis Salotti.